Por Katia D’Artigues

Hace un año, cuando el presidente grabó spots por su Primer Informe de Gobierno, hubo uno que decía que ya se entregaban 1 millón de pensiones a personas con discapacidad. No era cierto entonces; no lo es un año después.

Sí es, sin embargo, el único programa prioritario para este sector de la población y se refleja en el presupuesto para el año que entra. Eso sí, ni para 2021 se piensa alcanzar la meta y sólo llegarían a 933,466 beneficiarios con un aumento de 35 pesos mensuales (algo así como un poco más de tres kilos de tortilla al mes) y todo en medio de severas dudas en la implementación del programa que ha planteado Coneval. 

Todo lo demás que se necesita para incluir en serio a por lo menos 8 millones de personas y sus familias va a la baja o se tienen menos datos: educación, salud, transporte público accesible (que haría posible que ejerzan su derecho a la salud, a la educación) y también el presupuesto a tres de las instituciones que podrían levantar la voz para que esto sea una realidad:

1) Conadis, que ya no tiene ni sede, organismo encargado de trazar políticas para la inclusión en México, jamás ha tenido una persona titular nombrada en todo el sexenio. En los hechos es un organismo zombie y ya una dirección bajo el cargo de la subsecretaria Ariadna Montiel, a quien el propio AMLO le “encargó” el tema de la discapacidad. Tiene una reducción de 33.5 a 32.9 millones de pesos.

2) Conapred, que también tiene un papel importante en la defensa de los derechos de las pcd que son, por cierto, de los grupos que más quejas presentan por discriminación. También sigue sin titular tras la renuncia de Mónica Maccise en junio. Aunque el presidente ya anunció a tres candidatas indígenas, no ha nombrado a ninguna.  Tiene 25 millones de pesos menos que el año pasado.

3) Finalmente la muy cuestionada CNDH de Rosario Piedra. El presupuesto que tenía para el Mecanismo de Seguimiento de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad tiene un recorte de 23%. Este mecanismo debería –pero no lo ha sido- ser la punta de lanza en la defensa de que los derechos de las pcd deben verse en todos lados, en todas las áreas, como la Convención lo marca.

Lamento decir que siguen las malas noticias. Como que Hacienda mandó en ceros un Fondo que fue creado en el 2011: el FOTRADIS, Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las personas con discapacidad. Es una buena idea que ha tenido problemas de ejecución.  Desde agosto del año pasado, Yo También se unió a un grupo de organizaciones que buscamos el buen uso del dinero de este programa que se reparte a los estados para que inviertan en el tema: Movilidad sin Límite. 

Ojalá los y las diputadas reconsideren volver a poner este fondo.

Otra situación preocupante es que, si bien no hubo un fuerte recorte a los muy pocos programas etiquetados encargados a pensar y llevar a cabo la educación de personas con discapacidad, no hubo un aumento cuando es un tema que necesitaría más fondos para no dejar atrás a los estudiantes con discapacidad porque necesitan muchos más apoyos para hacer realidad su derecho a la educación.

Una encuesta que realizó la organización Familias Extraordinarias lo documenta: las personas con discapacidad que estudian están teniendo muchos más problemas para acceder a este derecho que sus pares sin discapacidad. Casi 5 de cada 10 escuelas no hacen ningún ajuste razonable para que el o la alumna pueda tomar clases; 7 de cada 10 busca algún apoyo para su hijo y el resto dice que no pero, ¿no será por falta de presupuesto familiar también? Muchos necesitan supervisión y apoyo en todo momento y la mayoría de los padres no pueden dárselos.

Lo grita también nuestro Dato de Discapacidad de esta semana, que nos dio Itzel Hermida, de Educación Especial Hoy: de 15 mil alumnos registrados en CAM sólo han regresado 5 mil, una tercera parte. ¿El resto, dónde está?

Es cierto que el tema de la educación a distancia de pcd es un tema no resuelto en el mundo, pero vemos a organizaciones que como Mosaico Down están creando alternativas –pero claro, pagadas- a distancia para alumnos con discapacidad intelectual, uno de los grupos más excluidos de la educación. Esta semana leía en España de la figura que Plena Inclusión propone: un maestro itinerante para pcd que necesitan apoyo, para que vaya a sus casas.

Urge pensar en soluciones. También hacer presión a diputados y diputadas para que se visibilice que si no se invierte en lo necesario para incluir a personas con discapacidad es una mala apuesta a futuro para todo el país. No sólo son de los más pobres del país, son de los más excluídos. Por el bien de todos, primero las personas con discapacidad, yo diría.


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