Fotografía: La silla rota

Por Katia D’Artigues 

Uno de los programas estrellas del gobierno a cargo de la secretaría de Bienestar -dar transferencias directas a personas en situación de vulnerabilidad, ya sea personas mayores o niños y niñas con discapacidad- tiene una auditoría por “beneficiarios inexistentes” de parte de otra secretaría de Estado, la de la Función Pública, reveló el portal La Silla Rota

Sólo en materia del Programa Pensión para el Bienestar de personas con discapacidad permanente (PPBPDP) estas inconsistencias ascienden a mil 500 millones de pesos en el 2019. 

La nota del reportero Marcos Muedano da cuenta de la auditoría 24/2019 en la cual la Secretaría de la Función Pública (SFP), encabezada por Irma Eréndira Sandoval revela que se detectaron más de 230 mil beneficiarios sin registro del “Programa de pensión para el Bienestar de las personas con discapacidad permanente”. 

En el documento conseguido por ese medio se puede leer que: “Existen 2,207 beneficiarios no proporcionados a mayo 2019, con un monto de $3,077,850. Existen 24 mil 881 beneficiarios no proporcionados de la emisión ordinaria julio-agosto 2019, con un monto de $63,446,550. En emisión extraordinaria del bimestre julio agosto 2019, se proporcionó un padrón de 24,881 beneficiarios, con un monto de $63,446,550, que se duplica con la emisión ordinaria de agosto 2019”. 

Las irregularidades detectadas por la SFP incluyen hasta el mes de septiembre de 2019, cuando el dato del pago “no proporcionó el Padrón de Beneficiarios por Delegación Estatal, tal y como lo había proporcionado con anterioridad, periodo del mes de enero al mes de agosto de 2019”.

La cédula de seguimiento del Órgano Interno de control en la Secretaría de Bienestar, en su área de Auditoría Interna también menciona que se identificaron que se entregaron 74 millones de pesos a 29 mil 240 personas que reciben más de un apoyo por parte del gobierno federal o bien lo obtuvieron de manera anticipada, cuando con la declaración de la pandemia en marzo, que el Presidente instruyó que se otorgaran estas pensiones de manera adelantada y no antes.

Según el mismo documento de la SFP, se llamó a la Secretaría de Bienestar a presentar los expedientes de los beneficiarios mismos que deberían incluir: acta de nacimiento original, identificación oficial de la persona con discapacidad permanente, documento que acredite la discapacidad emitido por alguna institución pública del sector salud federal, estatal o municipal, comprobante de domicilio con máximo seis meses de antigüedad o constancia de residencia de una autoridad local, así como la solicitud de incorporación al programa. 

Algunas de estas consideraciones, sin embargo, a raíz de la publicación de las reglas de operación que se publicaron hasta febrero de este año en el Diario Oficial de la Federación, ya no son necesarias. Es que contrario a lo que se pedía antes, en febrero se publicó: “Quedará exceptuado de presentar el certificado si la discapacidad es notoria o evidente con la sola apreciación de los sentidos”. 

Ayer busqué una reacción oficial a la nota de parte de la secretaría de Bienestar. Sin embargo, 

al cierre de esta edición no habían respondido aunque nuestro proceso ya estaba en “trámite”. La secretaría encabezada ahora por Javier May volvió ayer a cambiar de titular de dirección de Comunicación Social; se fue Cihuatl Zúñiga y llegaría Fernando Vázquez, que era el encargado de la misma área del Instituto de Salud para el Bienestar. 

Un programa poco transparente desde su inicio

Esta nota es una ‘raya más al tigre’ de una serie de inconsistencias y dudas sobre este programa que se implementó al inicio del sexenio, con un censo poco claro de la propia secretaría de Bienestar levantado por los “servidores de la Nación”. 

Ya en julio de 2019, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) publicó una evaluación de más de 80 páginas que señala, entre otras cosas, poca claridad en cuanto a los objetivos y resultados, falta de capacitación en temas de discapacidad a los servidores de la nación que determinan a quienes sí se les da la pensión y a quiénes no, así como la falta de comunicación entre las instancias federales y regionales. 

El análisis de CONEVAL también señala que no hay datos básicos en ese padrón como son edad, condición social, sexo, tipo de discapacidad ni a qué etnia o minoría pertenecen (dado que las personas de pueblos y comunidades indigenas con discapacidad de cualquier edad se les da de manera preferencial). 

En una nota que publicamos en Yo También hace algunos meses basada en este reporte, se dejaba claro que las personas con discapacidad que deberían recibir este programa, según la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2018, sería de 2 millones 164 mil 668 personas, pero sólo hay dinero para un millón en el mejor de los casos, cifra que no se ha alcanzado. Sólo un 38% de los posibles beneficiarios han recibido el apoyo gubernamental. 

En el 2019 se dio presupuesto para alcanzar a 817 mil 7 personas, pero al cierre fueron sólo 815 mil 923 los beneficiarios. 

CONEVAL fue más allá: el Padrón Único de Beneficiarios tampoco está actualizado: a mayo de 2020 la base de datos contenía datos de sólo 636 mil 361 personas únicamente con nombre, apellido y monto recibido. Para este año cuenta con 14,197 mdp aprobados (67% más que el año anterior) y está por discutirse en la Cámara de diputados cuánto será para el 2021. Aún así no se prevé alcanzar tampoco el millón de beneficiarios.

Desde finales de 2018, en los últimos meses del sexenio de Enrique Peña Nieto, se aprobó una reforma a la Ley General para la Inclusión de las personas con discapacidad que ordena hacer al Estado un Registro Nacional de Población con discapacidad y la implementación de una Norma Oficial Mexicana en materia de Certificación de la Discapacidad que debió haber entrado en vigor en julio de 2019.

Una ley y obligación en vigor, que, sin embargo, nadie en el gobierno le hace caso ni han dado pasos para implementarla.


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