Por Emiliano González Islas

Las mujeres con discapacidad enfrentan dos tipos de opresión en su vida cotidiana: por un lado, el capacitismo que busca estandarizar los cuerpos sin reconocer la diversidad humana, y por otro, la opresión por motivos de género. Así lo expresó Mariana Díaz Figueroa, abogada especialista en Derechos Humanos, durante una conferencia virtual acerca de las acciones necesarias para que las mujeres con discapacidad sean incluidas en los programas de acceso a una vida libre de violencia en México, organizada por Human Rights Watch (HRW).

¿En qué consisten estas acciones? En su informe “Es mejor hacerte invisible. Violencia familiar contra pcd en México”, HRW denunció que “la ley nacional para proteger a las mujeres contra la violencia, una norma clave, no incluye una referencia específica a las mujeres con discapacidad”. Tampoco se mencionan la accesibilidad o los ajustes necesarios para que accedan a la justicia y a medidas de protección en iguales condiciones que las demás personas.

Un ejemplo son los refugios para mujeres que viven violencia: en el país hay entre 52 y 70 espacios de este tipo, pero 80 por ciento de ellos son inaccesibles desde el punto de vista físico, dice el informe de HRW con datos del Instituto Nacional de las Mujeres y la Secretaría de Salud. Por esta razón, el organismo hizo un llamado al gobierno de México, a fin de garantizar que las mujeres con discapacidad también puedan acceder a los refugios cuando lo requieran. Para ello se deben tomar en cuenta no solo sus necesidades físicas, sino también las de comunicación, sensoriales, intelectuales y psicosociales.

Actualmente, el gobierno está revisando las políticas clave relacionadas con la violencia familiar y de género, lo cual es una oportunidad importante para incluir a las pcd, dice Human Rights Watch. No obstante, lo que se vive es más bien “un momento de desmantelamiento de las políticas públicas para apoyar a las mujeres y a las pcd. Si bien las pensiones por discapacidad pueden ser útiles, no pueden sustituir a las políticas públicas”, alertó Isabel Erreguerena, Coordinadora de Políticas Públicas de EQUIS: Justicia para las Mujeres, durante la conferencia virtual.

Por su parte, Ximena Casas, investigadora de Derechos de la Mujer para las Américas en HRW, sentenció que “el Estado debe hacerse cargo de todos los factores para impedir la violencia de particulares contra las mujeres. La falta de focalización en mujeres con discapacidad constituye una violación a ese deber”.

Solo el tiempo dirá si la oportunidad se aprovecha o se pierde.

Mucho camino que recorrer

Recientemente, la abogada Díaz Figueroa escribió una columna de opinión en Yo También (la puedes consultar aquí), en la que denunció que “las autoridades y el sistema dirigido a combatir la violencia contra las mujeres no están preparados para atender a las mujeres con discapacidad, pues la información que se difunde no es accesible y los mecanismos de denuncia tampoco lo son”.

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