Simular foros de consulta: violencia estructural contra personas con discapacidad
Organizadores de un foro sobre violencias contras las niñas, adolescentes y mujeres con discapacidad evadieron la participación de las mismas y ni siquiera respondieron a sus preguntas.
31 de julio de 2023
Redacción Yo También
A invitación de distintas dependencias que organizaron el foro «Prevención de las violencias contra las mujeres, adolescentes y niñas con discapacidad” el viernes asistimos como integrantes de organizaciones de personas con discapacidad (pcd). La convocatoria fue extensiva para personas servidoras públicas, académicas y de la sociedad civil, docentes, investigadores, estudiantes y grupos en general.
Sin embargo, hubo distintos aspectos que no fueron tomados en cuenta por los organizadores: la Secretaría del Bienestar, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, las Secretarías de Asistencia Social y de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, ambas del Gobierno del Estado de Jalisco.
El principio “nada de nosotras sin nosotras” que hemos abanderado por años las mujeres con discapacidad y aliadas quedó en el olvido en el foro y en el panel no se contó con la participación como ponentes de las mujeres y adolescentes con discapacidad, colectivas, organizaciones o especialistas en el tema, pero ello no fue lo más relevante.
Lo más grave fue constatar la clara simulación en todo el evento.
Aunque las ponentes no dejaron de usar palabras como modelo social de la discapacidad, transversalidad de género e interseccionalidad y se multicitaron las cifras de la ENDIREH 2021 respecto a la prevalencia de violencia en mujeres con discapacidad del 72.6 por ciento, nunca recurrieron a otros estudios en la materia que se han realizado desde organismos internacionales de derechos humanos, sociedad civil y academia ni se comentaron los grandes desafíos y las barreras existentes para el acceso a la justicia de las mujeres con discapacidad que viven violencia.
Las ponencias se centraron en conceptos básicos, pero ninguna mencionó o definió lo que la ONU ya ha señalado como violencia a las mujeres y las niñas con discapacidad, carecieron de fundamento y de datos actualizados por lo que la problemática de mujeres y niñas no fue abordada ni acotada a la realidad de nuestro país.
Si bien una ponente habló de la implementación de la Estrategia Nacional de Protección Integral para las Mujeres, Niñas, Niños, Adolescentes y Adultos Mayores que viven Violencias Basadas en el Género, no mencionaron acciones específicas interseccionales para el apoyo en caso de que alguna de estas mujeres viva con alguna discapacidad.
Se señaló a las mujeres con discapacidad solo en el título del foro, pero en el discurso no quedó claro si dichas acciones estaban contemplando ajustes razonables o a los procedimientos, por ejemplo, cuando se habló de la existencia de una línea de atención telefónica de apoyo no se mencionó una alternativa en Lengua de Señas Mexicana para las niñas, mujeres y adolescentes sordas.
La única ponencia que se refirió de manera somera a las mujeres con discapacidad fue la del DIF Jalisco.
La transversalidad y la intersección se volvieron también palabras de adorno en un discurso que por momentos se atrevía a decir que la discapacidad “se padece”, volviendo a tratar a esta como una enfermedad que debe curarse o repararse al mencionar como una de las soluciones la entrega de ayudas técnicas como aparatos auditivos o sillas de ruedas para que las mujeres pudieran acercarse a denunciar, evidenciando que siguen viendo a la discapacidad bajo el enfoque médico y rehabilitador y no bajo el modelo de derechos humanos.
La invisibilidad de las mujeres y las niñas con discapacidad en el foro fue tal, que ni siquiera se transmitió por alguna red social y al preguntar dónde se transmitió el evento, nunca nos dieron respuesta.
Las asistentes de organizaciones de la sociedad civil y académicas insistimos e hicimos varias preguntas que en su mayoría no fueron respondidas. Solo dos fueron retomadas con desdén y total desconocimiento, respecto a la pregunta ¿especifique cuáles son las acciones que se han llevado a cabo para dar acceso a la justicia a las mujeres con discapacidad víctimas de violencia? La respuesta fue ¿es una pregunta filosófica? y no supieron señalar ninguna acción concreta.
A la segunda pregunta, ¿los refugios son accesibles para las mujeres con discapacidad? Se respondió con toda la ignorancia e irresponsabilidad al referir que «todos los refugios son completamente accesibles».
Organizar al vapor y sin conocimiento
Ante la lista de preguntas que evidenciaban la falta de accesibilidad, ajustes razonables y a los procedimientos las instituciones organizadoras decidieron dar por terminado el foro.
Lo anterior denota la falta de conocimiento de las autoridades sobre el tema y demuestra la falta de acercamiento a las mujeres con discapacidad, colectivas y organizaciones que ya trabajan en la materia.
Es importante que las autoridades incluyan la discapacidad dentro de sus foros, pero no solo como un título sino desde el enfoque de la discapacidad y la interseccionalidad, sobre todo porque la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en la reforma publicada el pasado 8 de mayo, impulsada por varias organizaciones de personas con discapacidad y activistas, incorpora la perspectiva de la discapacidad, la interseccionalidad y el enfoque diferenciado.
En este sentido, el Sistema Nacional de Servicios de Atención para las Mujeres en Situación de Violencia está obligado a tener un enfoque interseccional, al igual que los Centros de Justicia para Mujeres, los refugios y las casas de emergencia. No se trata de discursos “correctos” sino de acciones reales y efectivas.
Decenas de preguntas sin respuesta: una oportunidad fallida
Es una pena que el foro citado no haya dado respuesta a temas centrales como:
¿Cuántos casos han atendido de mujeres con discapacidad?
¿De los feminicidios reportados cuántos son de mujeres, adolescentes y niñas con discapacidad?
¿Cuántas mujeres viven con una discapacidad a causa de la violencia machista?
¿Cuáles son los apoyos a la comunicación y ajustes a los procedimientos en el sistema de atención que se da a las mujeres con discapacidad?
¿Cuánta de la información, campañas y acciones de sensibilización en materia de violencia de género está en formatos accesibles?
¿Qué medidas realizan para atender a las mujeres con discapacidad que no pueden denunciar?
¿La estrategia integral está contemplando la salud física y mental con los ajustes razonables para cada tipo de discapacidad? ¿Se considera a las personas cuidadoras?
¿Qué acciones se están tomando para crear entornos y espacios públicos seguros para todas las mujeres, adolescentes y las niñas con discapacidad?
¿Por qué si los refugios son accesibles siguen negando el acceso a mujeres con discapacidad víctimas de violencia, sobre todo aquellas con alguna discapacidad psicosocial o intelectual?
La presencia de CONAVIM era muy importante sobre todo porque deseábamos saber cómo los subsidios y fondos incluyen a las mujeres y las niñas con discapacidad, por ejemplo:
¿De qué manera los subsidios para la construcción, equipamiento y operación de los Centros de Justicia para Mujeres incorporan los principios de accesibilidad y ajustes razonables?
¿Cuántas entidades incluyen en alguna meta de FOBAM a las adolescentes con discapacidad?
¿El PAIMEF cómo incorpora el enfoque de discapacidad en sus reglas de operación?
¿Los Lineamientos para la obtención y aplicación de recursos destinados a las acciones de coadyuvancia para las declaratorias de alerta de violencia de género contra las mujeres en estados y municipios cómo incorpora la interseccionalidad y el enfoque diferenciado para que las mujeres con discapacidad no se queden atrás?
¿Quién se está encargando de vigilar que las acciones en favor de las niñas, mujeres y adolescentes con discapacidad tengan el enfoque interseccional ahora que el CONADIS ha desaparecido?
Todas estas preguntas quedaron en el silencio, la indiferencia y el olvido. Estos hechos demuestran que las niñas, las adolescentes y las mujeres con discapacidad no son población prioritaria para el gobierno federal y para el estado de Jalisco.
Quedó claro que ninguna acción concreta se ha realizado para incidir en el ejercicio del derecho a una vida libre de violencia de las niñas y las adolescentes con discapacidad. Nosotras mujeres con discapacidad y aliadas contamos con otros datos que demuestran y dan testimonio de las violencias y barreras al acceso a la justicia que viven las mujeres y las niñas con discapacidad.
*Yereli Rolander, directora ejecutiva del Centro Interdisciplinario, Derechos, Infancia y Parentalidad A.C., y aliada e hija de mujer con discapacidad. Marialú Castro, mujer con discapacidad motriz y fibromialgia, activista, consultora y directora general de FINDEDIS.
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