Salud auditiva: desigualdad por decreto

Las decisiones de política pública, legislativa y reglamentaria en materia de salud que se han adoptado a lo largo de este siglo XXI muestran que los resultados producen mayor desigualdad y discriminan. Veamos el caso de la salud auditiva. 

¿Por qué la salud auditiva? 1. Porque el mundo gira en torno al lenguaje oral; 2. porque la Organización Mundial de la Salud estima que 5 por ciento de la población mundial tiene pérdidas de audición discapacitantes, que en la mitad de los casos pudieron prevenirse con medidas de salud pública y que el costo mundial por dichas pérdidas de audición asciende a 750 mil millones de dólares; y 3. porque un elevado porcentaje de la población con discapacidad se asocia con situaciones de pobreza y rezago educativo (Coneval). 

Tamiz auditivo

La Ley General de Salud establece que el cuidado materno-infantil incluye el tamiz auditivo “al prematuro”. ¿Por qué sólo al prematuro? No existe justificación para restringir el derecho a la salud de la primera infancia, pues la discapacidad auditiva puede estar presente aunque haya sido un embarazo sin complicaciones y a término. Sin tamiz auditivo universal, la atención oportuna de la infancia con discapacidad pierde tiempo valioso, lo cual contraviene la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que ordena la pronta detección e intervención (art. 25 y 26). 

La odisea que pasan familias -principalmente en situación de pobreza- para que se detecte sordera en su bebé, es para película de terror. Una vez que tienen el diagnóstico, continúa el largo y angustioso peregrinar, porque están contra el tiempo: la adquisición del lenguaje oral ocurre a una etapa temprana de la vida. Sin audición el desarrollo del lenguaje puede afectarse significativamente (Castorena et al.), pudiendo ocasionar una privación lingüística por no exponer a la niña(o) a la lengua oral, lo cual repercute en su habilidad de comunicarse, en su desarrollo educacional y en su inserción a la sociedad (Ramírez-Barba et al.). 

Desigualdad por decreto

Cuando una bebé es diagnosticada con sordera bilateral profunda, puede alcanzar la audición a través de un implante coclear, cuando es candidata después de seguir un protocolo. Si tiene recursos económicos, desde los 6 meses se le colocarán 2 implantes, uno en cada oído. Pero si no los tiene y está afiliada al IMSS que dirige Zoé Robledo, la institución se negará a proporcionárselos por el Reglamento de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social expedido durante el sexenio del presidente Vicente Fox, que excluye los implantes cocleares de su atención.

En el mundo al revés, a esa bebé le conviene carecer de seguridad social, porque de esa manera podría aspirar a un implante coclear en hospitales públicos. Muchas familias se ven obligadas a renunciar a su seguridad social con tal de que su hija pueda recibir el implante, porque los hospitales generales y los Institutos Nacionales rechazan a quienes tienen seguridad social. 

Además, el camino tampoco es fácil, pues en 2022 desapareció el Programa Médico Siglo XXI que contemplaba implantes para la niñez. Asumamos que a pesar de su desaparición la Secretaría de Salud a cargo de Jorge Alcocer no puede actuar regresivamente y cubrirá los implantes a quienes no cuenten con seguridad social, lo que nos lleva a la pregunta ¿por qué esta desigualdad en servicios de salud proporcionados por el mismo gobierno? ¿Puede el IMSS excusarse en un reglamento para anular el derecho a la salud de la niñez con discapacidad auditiva? ¡No!

Pero más allá de las cuestiones jurídicas, una política pública que considere los costos-beneficios de mediano y largo plazo, tendría como prioridad establecer el tamiz auditivo universal, la colocación de implantes cocleares a quienes sean candidatas a recibirlo y contar con terapias suficientes para desarrollar el lenguaje oral sin olvidar la importancia de adquirir también la Lengua de Señas Mexicana.

* La autora es investigadora de la Universidad Panamericana claraluzalvarez.org @claraluzalvarez. Esta columna fue originalmente publicada en el diario Reforma y Yo También la comparte con autorización de su autora.

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