INE y CENEVAL: complicidades contra los derechos laborales de pcd

Otra vez yo, hablando en primera persona y en gerundio para que hagan corajes los puristas del lenguaje. Pero es que no encuentro otra forma de expresar lo que reciente y desafortunadamente acabo de vivir.

Tenía la esperanza de que después de una crónica tan especial y divertida como la que escribí la última vez que estuve por aquí, la siguiente ocasión sería parecida. Quería encontrar proyectos interesantes, accesibles e incluyentes. Pero en el trayecto se me atravesó la convocatoria del Concurso Público para el Ingreso al Servicio Profesional Electoral Nacional del INE (en la que decidí participar) así que… objetivo fallido. A continuación, mediante un ejercicio descriptivo y contextual  les cuento por qué.

Llevo un año buscando alguna buena oportunidad de empleo. Así que, cuando encontré la convocatoria del INE, en mi magnificente ingenuidad pensé que un examen de oposición podía ser el remedio que pusiera fin a los males de todas esas razones por las que aún no me han contratado. De modo que me inscribí, me postulé a la vacante de mi interés y una vez tuve el folio de participación escribí – con más de un mes de antelación – al correo indicado en los lineamientos para solicitar ajustes razonables para la aplicación de mi examen.

Debo decir que intenté cubrir todos los flancos. Solicité se aplicaran medidas de accesibilidad, especifiqué  la importancia del uso de un lector de pantalla como apoyo técnico. Como sabía que el examen era elaborado por CENEVAL y tristemente ya conozco los procedimientos de desigualdad con los que realizan exámenes a personas con discapacidad, también solicité que se hicieran revisiones a los contenidos gráficos y visuales del examen, para que dado el caso, si éste se aplicaba con el apoyo visual de una persona, dicho apoyo se me brindara de forma correcta.

Después de un considerable intercambio de correos y una que otra llamada que no vale la pena citar aquí, se me notificó la imposibilidad de que presentara el examen de conocimientos utilizando un lector de pantalla. ¿El argumento? La posible vulneración del infalible “navegador seguro” de CENEVAL. Es decir, si hacemos lo que en Derecho se conoce como “ponderación”, prevalece la seguridad de un software sobre mi derecho a la accesibilidad, a la autonomía, a la igualdad de oportunidades y a una participación en igualdad de condiciones.

La alternativa fue realizar ajustes razonables. Lo que en mi caso implicaba que una persona de apoyo me leyera el examen, cuestión que yo tenía perfectamente contemplada y a la que accedí, esperando se hiciera en las mejores condiciones.

El 29 de octubre, a diferencia de todos los postulantes que presentaron el examen en la modalidad desde casa, yo acudí a las instalaciones del INE para recibir la asistencia de una persona de apoyo designada por el propio instituto. La asistente fue muy amable. Me leyó las preguntas y seleccionó las respuestas que yo indiqué. No obstante, para la realización de un examen como este, se precisaba tan solo un poco más que solo leer. Concretamente, entre los contenidos de la prueba había un área de habilidades matemáticas, estadística, álgebra. Desafortunadamente, la persona de apoyo no recibió la capacitación adecuada para describir gráficas, explicar diagramas, leer algunos símbolos matemáticos, entre muchas otras dificultades. Para que se comprenda mejor a lo que me refiero, hagamos un ejercicio de imaginación. Imagina que eres el sustentante y que no puedes acceder a la información de tu examen más que por la lectura que una persona haga. Imagina que dicha persona dice cosas como: 5 a la 3, llavecita 4 palito 2, o al revés”. ¿Se entendió algo?

Para ser más clara, en un caso determinado, puede que una persona no conozca el nombre del símbolo que está visualizando, pero asocia la imagen con la función. Los ciegos necesitamos asociar el nombre del símbolo con su función, y sobre todo cuando a la hora de describirlo lo hacen de una manera tan poco diáfana.

Por supuesto, tal experiencia cuando eres el sustentante no es divertida.

Que quede constancia de que yo no estoy culpando a la asistente, a ella seguramente solo le dijeron: “requerimos su apoyo y le toca leerle el examen a la cieguita latosa esa”.

Al final del examen intenté que la situación quedara asentada de alguna forma. Pero me negaron la posibilidad de expresarla verbalmente, de dictarla a manera de queja a la persona de apoyo y todas las alternativas que sugerí. La solución fue que presentara una solicitud de revisión, fundamentada en los lineamientos de la convocatoria. La cual por cierto fue procedente hasta que se publicaron los resultados del examen, pero, irónicamente (¿o no?) ¡no procede por aspectos logísticos de la aplicación del examen!

Con toda esta palabrería y la narración de mi atropellada historia escrita desde el cansancio, la frustración y la decepción, quiero llegar al permanente punto de retorno del que no salimos las personas con discapacidad que estamos en búsqueda de un empleo. Las instituciones gubernamentales mexicanas no solo están lejos de aplicar artículos como el 27 de la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad, sino que también son renuentes a ello. Accesibilidad, ajustes razonables, apoyos técnicos, son aspectos que aún desconocen y sobre los que se requiere urgente capacitación.

Situaciones como ésta son la clara muestra de que, para incluir a las personas con discapacidad, hace falta mucho más que cursos de sensibilización, obsoletos planes de inclusión y discursos políticamente correctos. Es necesario que desde dentro de las instituciones se replantee la implementación de acciones afirmativas, las cuales por cierto tienen confundidos a varios, porque éstas no solo se deben promover por cuestiones de género, tal y como estipulan los lineamientos de la convocatoria del INE.

Aunado a lo anterior, hay una pregunta retórica que no deja de dar vueltas en mi mente: ¿Quién es CENEVAL y por qué tanto el INE como otras instituciones son omisas ante sus prácticas claramente discriminatorias? No soy la primera pcd visual en contestar un examen de esta AC, sin embargo, pese a que pasan los años, nadie les exige evaluaciones accesibles. Aun y con todos los avances tecnológicos que ya existen, no se ha movido un solo dedo para que personas ciegas podamos responder sus exámenes de forma independiente. Y peor aún, tampoco se otorgan los ajustes razonables de manera adecuada. Porque el decir que “aceptan” que las instituciones convocantes designen a alguien para que nos lea, no es un ajuste razonable. Resulta incluso hasta perjudicial, por razones de conflicto de intereses. Pedirles a las mamás o papás de universitarios que presentan su EGEL que vayan a leerles el examen a sus hijos, no es un ajuste razonable. Asignar a secretarias o personal de distintas dependencias de las instituciones para que solo lean, no es ajuste razonable.

Ya sé, ya sé. Los ajustes razonables “no deben suponer una carga desproporcionada…”, pero si no se pugna por hacer las evaluaciones con medios accesibles, una persona con capacitación pedagógica para interpretar una simple gráfica o bien, una persona que conoce lo que lee y hace llegar los datos escritos correctamente es por lo menos lo que se nos debería proporcionar.

Lo más indignante es que pese al supuesto avance en materia de derechos humanos, las instituciones siguen optando por hablar de la discapacidad desde una otredad subjetiva y salvadora. Se promueven talleres y programas para la “defensa de los derechos de grupos de atención prioritaria”, y mientras más interseccional suene la cosa, mejor, para que impacte más el discurso, para que se apruebe más recurso.

De modo que el “taller para la promoción y defensa de los derechos políticos y electorales de mujeres con discapacidad indígenas migrantes en situación de pobreza” termina siendo solo un recurso más para la aparente consecución de sus informes rimbombantes. Porque a la hora de la práctica, existe una evidente incapacidad institucional de impulsar el ejercicio más básico de los derechos.Me gustaría decir que esta fue una experiencia aislada, pero desafortunadamente es la regla.

Si quieren en otra ocasión les cuento sobre la bolsa de trabajo de la SCJN, de un derecho de petición que derivó en una supuesta circular para que algún juez de Sonora me “integrara en su equipo”, de otros compañeros que han ganado convocatorias pero que no existen los medios para su adecuada inclusión y desempeño en el cargo, etc., etc., etcétera por la eternidad.

Por Amairany G. Básaca*

*Amairany G. Básaca es abogada, egresada de la Maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos de la Universidad Panamericana. Tallerista en materia de derechos humanos, así como de interseccionalidad género/discapacidad. Apasionada de la democratización del conocimiento y la accesibilidad.