La gestión integral de riesgos y las personas con discapacidad

Este 19 de septiembre se conmemoró el Día Nacional de la Protección Civil establecido por los sismos de 1985. Desde entonces ha evolucionado hasta convertirse en la Gestión Integral de Riesgos de Desastres, una práctica diferente que nació en Centroamérica a raíz del impacto del huracán Mitch, cuyo cambio radica principalmente en el conocimiento de los riesgos y las causas de fondo que los generan.

Desde 2004 se realizan actividades, como los simulacros, para fortalecer la cultura de la prevención y la autoprotección, pero, a la fecha, no han sido inclusivas. ¿Cuántas veces hemos participado en simulacros donde las personas con discapacidad (pcd) no participan porque “no es necesario”, “es riesgoso”, “se pierde tiempo valioso”, “se pone en riesgo a otras personas” … o simplemente porque da flojera?

¿Por lo menos les preguntan si quieren participar? Porque esa también es una opción válida, que la persona con discapacidad no quiera participar considerando que es un mayor riesgo, dependiendo de su condición física o de salud, contando entonces como “estadística” en los reportes del simulacro.

En México, el Censo 2020 del INEGI, muestra que la prevalencia de la discapacidad es del 6.2 por ciento, es decir, casi 7.8 millones de personas y el 10.9 por ciento equivale a población con limitación. Esto nos da casi 21 millones de personas con discapacidad y limitación, el 16.5 por ciento de la población.

Aquí la importancia de considerar la participación de las personas con discapacidad en la gestión integral del riesgo de desastres.

México ha tenido avances en los últimos años, tanto a nivel local como nacional. Se cuenta con leyes, reglamentos y normas, la Ley General de Protección Civil totalmente actualizada, se realizan cursos, la CNDH publicó la Guía para considerar a las PcD en protocolos de protección civil, y la Coordinación Nacional de Protección Civil realiza periódicamente cursos y eventos inclusivos.

Sin embargo, tenemos muchos retos, el principal es la implementación y el cumplimiento de la normatividad y los Tratados, considerar un presupuesto y un gasto focalizado en materia de gestión integral de riesgos de desastres. Y, algo muy importante, realizar campañas de concientización en materia de discapacidad.

Tradicionalmente las pcd han sido relegadas en materia de prevención de riesgos de desastres, los que enfrentan en las peores condiciones, como vimos durante los últimos años con el Covid-19, enfermedad que llegó a Latinoamérica en una situación económica y social compleja para las personas con discapacidad, donde más 50 por ciento se están “quedando atrás”. México no es la excepción, ya que sabemos, por datos de Coneval en 2016, que el 50 por ciento de la población con discapacidad, se encuentra en pobreza, el 10 por ciento vive en pobreza extrema.

En materia de gestión de riesgos, la vulnerabilidad real de las personas con discapacidad depende de sus condiciones socioeconómicas, su empoderamiento cívico y social y su acceso a recursos de mitigación y socorro. Las pcd se ven afectadas de manera desproporcionada en situaciones de desastre, emergencia y conflicto debido a que las medidas de evacuación, respuesta (incluidos los refugios, los campamentos y la distribución de alimentos) y recuperación les resultan inaccesibles.

México ha ratificado todos los instrumentos internacionales en materia de discapacidad. Entre ellos están la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el Marco de SENDAI y los ODS, que son marcos complementarios que se refuerzan mutuamente, la Prevención del Riesgo de Desastre (RD) es una premisa imprescindible para alcanzar los Objetivos de la Agenda 2030 (ODS), su fin esencial, poner fin a la pobreza y el hambre en todo el mundo de 2015 a 2030, pasa ineludiblemente por evitar y minimizar el riesgo de desastre o catástrofe. Los 17 ODS guardan estrecha relación con el Marco de Sendai y sus 7 Metas para la Reducción del Riesgo de Desastres de 2015-2030.

A nivel regional, la Convencion Interamericana contra todas las formas de discriminación hacia las personas con discapacidad (CIADDIS) y el Programa de Acción del Decenio (PAD), incluyen acciones específicas en la materia e indicadores de medición.

Los instrumentos internacionales y regionales que abordan el tema de los derechos de las personas con discapacidad constituyen herramientas valiosas para promover el reconocimiento, respeto y acceso efectivo al goce y ejercicio de sus derechos.

Todos estos instrumentos tienen como fin reducir los riesgos, que afectan de manera desproporcionada a los grupos en situación de vulnerabilidad, de manera particular a las personas con discapacidad.

La Gestión Integral de Riesgo de Desastre (GIRD) debe ser inclusiva, es la forma en que podemos prevenir los riesgos, estar preparados para la emergencia, y actuar durante y después de la emergencia.

Se divide en tres grandes momentos o procesos, igual que cualquier preparación de protección civil: Antes, Durante y Después. La diferencia al hablar de una gestión inclusiva está en considerar a las pcd en cada uno de ellos.

• Antes: Conocer los potenciales daños que existan en sus lugares de trabajo o vivienda; sus necesidades personales de equipamiento y movilidad, sus ayudas técnicas, y que cuenten con los elementos necesarios que les permitan, dentro de sus posibilidades, enfrentar cortes de luz o agua, protegerse del fuego o fenómenos naturales. Deben incorporarse las variables discapacidad y accesibilidad en todo el proceso, incluida la información en todos los medios, modos y formas accesibles.

• Durante: Es una fase crítica de la gestión inclusiva del riesgo, cuando está ocurriendo la emergencia o el desastre, es la clave para la activación del plan; si tenemos un plan de emergencia, es muy probable que el impacto de los daños producidos sea mucho menor. En esta etapa la accesibilidad es básica para evitar un riesgo mayor. Definir rutas de evacuación accesibles, accesibilidad universal en traslados, albergues y refugios.

• Después: La fase final de la gestión inclusiva de riesgos es conocida como reconstrucción. Es el momento de pensar en adecuar espacios y edificios públicos, viviendas, servicios, considerando la accesibilidad.

Prevenir los riesgos, estar preparados para la emergencia y actuar durante y después de ella, de forma inclusiva; es decir, incorporar en todo momento la variable discapacidad. Es necesario crear la gestión inclusiva del riesgo en cada etapa; ubicar a las personas con discapacidad, conocer las necesidades y requerimientos, nos permitirá realizar un plan de emergencia inclusivo; contar con accesibilidad universal durante la activación del plan permitirá que ninguna persona con discapacidad quede aislada y corra mayor riesgo; si durante la reconstrucción incorporamos las necesidades de una pcd en aspectos urbanísticos y arquitectónicos, minimizamos un riesgo posterior.

Incluir las variables discapacidad y accesibilidad en todo el proceso de gestión de riesgo se garantiza que cualquier pcd no pierda la vida o, al menos, tenga la probabilidad de sobrevivir, pero no que sea simplemente olvidada como suele ocurrir en la mayoría de los planes de emergencia de desastres. También es importante considerar a las personas cuidadoras.

¿Qué nos falta? 

Generación de datos sobre pcd, si no sabemos quiénes son, dónde están y qué requieren, no podemos apoyar de manera idónea; realizar un programa completo de accesibilidad universal; conformar redes de apoyo comunitario; proveerles de una vivienda digna (con el Covid hemos evidenciado también la necesidad de las viviendas).

Trabajar con un enfoque interseccional y transversal en materia de discapacidad, planear, prepararse, prevenir, incluir a las personas con discapacidad en los PIPC de manera activa, realizar planes personales de evacuación, considerar la cooperación regional e internacional.

Si no hay participación significativa de las personas con discapacidad, donde sus aportes sean tomados en cuenta, no tenemos una Gestión Inclusiva de Desastres y Discapacidad (GIRDD). Una gestión de riesgos de desastres inclusiva no deja a nadie atrás.

Debemos hacer mejor las cosas, cada vez que alguien sufre por este tema, significa que no estamos haciendo lo que debemos.

Por Alicia Loza García Formentí*

*Alicia Loza García Formentí es arquitecta de profesión con formación en accesibilidad, discapacidad y derechos humanos. Ha sido Subdirectora de Protección Civil y Control Inmobiliario de la CNDH y Directora General Adjunta de Coordinación de Políticas Públicas y Directora de Asuntos Internacionales de la Conadis.