2 de agosto 2019

Maestra Taide Buenfil Garza*
Directora General de CONFE

Dibujo de la cara de Taide Buenfil

Desde los 70, cada gobierno ha cambiado la manera de tratar a las personas con discapacidad. Hoy regresamos al asistencialismo, se perdieron instituciones ganadas y es hora de que la sociedad civil salga a defender el enfoque en derechos humanos que supimos conseguir

La sociedad civil mexicana tiene un nuevo reto: trabajar, fortalecerse y madurar de manera paralela al gobierno, y ya sin la unión que lo caracterizó los últimos 50 años.

En la época de la conquista, las necesidades de la población eran atendidas por la Iglesia de manera asistencialista. Algunos ejemplos fueron el Hospicio Cabañas de Guadalajara (1752-1824), que contaba con talleres de fabricación de textiles para vestir internos y auxiliar a los pobres, o el Nacional Monte de Piedad (1775) como institución de crédito afiliada al clero.

Luego, el presidente Benito Juárez (1858-1872) incluyó en las casas de beneficencia la enseñanza de oficios gracias a las Leyes de Reforma, iniciando la centralización de los servicios de socorro y su control por parte del Estado. Incluso en 1861 comenzó la Escuela Normal para Maestros Especializados, en 1866 se inauguró la Escuela de Sordomudos, y luego en 1870, la Escuela para Ciegos.

Así fue como se estableció, hace más de un siglo, la atención a personas con discapacidad, hasta que en 1950 se creó el Centro Nacional de Rehabilitación. En 1977, esta institución pasó al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) para que brindara asistencia social.

Es decir que la sociedad civil nació primero con la Iglesia y luego con el Estado, una sociedad civil sin grandes responsabilidades sobre las necesidades sociales de México.

Mientras esto ocurría, en 1960, las organizaciones de personas con discapacidad de algunos países europeos formulaban un nuevo concepto de discapacidad: “la relación existente entre las limitaciones de estas personas y el diseño y la estructura de su entorno”, incluyendo la actitud de la población en general, logrando influenciar a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para asumir un papel activo y llegar, en 1981, a la Declaración del Año Internacional de las Personas con Discapacidad.

En México, durante los años 70, las personas con discapacidad y sus familias buscaban desarrollo y comenzaron a constituirse las primeras organizaciones de y para personas con discapacidad. Una década más tarde, y después de los Juegos Olímpicos de Seúl (1988), se incluyeron en la misma sede a los Juegos Paralímpicos. Y aquí comienza a destacarse la importancia de los deportistas paralímpicos mexicanos, quienes regresaron con 24 medallas (8 de oro) contra solo 4 del equipo olímpico. Este suceso permitió que el Estado volteara a apoyar desde este flanco también al tema de la discapacidad.

Cabe destacar que el Plan Nacional de Desarrollo (1983-1988) de la presidencia de Miguel de la Madrid incluyó por primera vez el compromiso de realizar acciones encaminadas a impulsar la protección social de las personas con discapacidad.

Con lo anterior, las organizaciones de la sociedad civil de y para personas con discapacidad empieza a lograr injerencia en la política mexicana, y a principio de los años 90, se constituye el Consejo Nacional Ciudadano de Personas con Discapacidad, AC con la finalidad de promover acciones institucionales, leyes y reformas a nivel Federal y Estatal, que permitieron que se instituyera el Programa Nacional para el Bienestar y la Incorporación al Desarrollo de las Personas con Discapacidad (CONVIVE) responsabilidad del DIF durante la presidencia de Ernesto Zedillo (1994-2000).

La fuerza de las organizaciones sociales en crecimiento promovió y logró que en el 2000, el presidente Vicente Fox implementara, al más alto nivel, la Oficina de Representación para la Promoción e Integración de las Personas con Discapacidad (ORPIS). Un año más tarde se conformó el Consejo Nacional Consultivo para la Integración de las Personas con Discapacidad (CODIS).

Hasta este momento, hasta esta acción, hay una actividad proactiva de las organizaciones de y para personas con discapacidad, colaborando de la mano con el gobierno para lograr grandes cambios.

Uno de los más relevantes, y a nivel internacional, fue la ratificación en 2007 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Fue el punto cumbre de la evolución del enfoque del gobierno hacia las pcd: de asistencialista a médico, luego social y por último con un foco en derechos humanos.

Estos cambios se mantuvieron en los siguientes dos sexenios. Aún con Fox se promulgó la Ley General para la Inclusión y Desarrollo de las Personas con Discapacidad (2005) y un año más tarde, el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad que dependían de la Secretaría de Salud, logrando la publicación del Programa Nacional para el Desarrollo de las Personas con Discapacidad (2009-2012). En 2013, el gobierno de Enrique Peña Nieto movió al Consejo bajo la injerencia de la Secretaría de Desarrollo Social.

Ahora, con la nueva administración, el Consejo depende de la nueva Secretaría de Bienestar.

¿Cómo podemos resumir entonces las acciones de gobierno en materia de discapacidad? En que todas han sido modificadas o cortadas de raíz cada sexenio, con la búsqueda de nuevas alternativas que generan acciones inciertas y limitadas, y donde el funcionamiento y la responsabilidad del Estado es omisa.

Las organizaciones de y para personas con discapacidad desde la década de los 70 han ido de la mano del gobierno.

Pero ahora, el nuevo sexenio nos compromete como sociedad y promueve un nuevo juego, una nueva forma de participación. Porque se regresa al enfoque asistencialista tras el incierto futuro del Consejo Nacional para la Inclusión y el Desarrollo de las Personas con Discapacidad (CONADIS) que, por Ley, coordina y promueve las políticas públicas en la materia y con un enfoque en derechos humanos, de la mano de la sociedad civil organizada con su Asamblea Consultiva.

Con lo anterior, serán las organizaciones de la sociedad civil quienes deberán encontrar nuevas formas y alianzas para impulsar y lograr la inclusión y el desarrollo de los ciudadanos con discapacidad, respetando la dignidad y comprometidos ante el reto de los derechos humanos.

*La maestra Taide Buenfil Garza es directora general de la Confederación Mexicana de Organizaciones en favor de la Persona con Discapacidad Intelectual (CONFE).