Por Ilse Rebeca Gutiérrez Ramírez*

Los internamientos involuntarios en instituciones psiquiátricas, el sometimiento a prácticas clínicas sin autorización de la persona usuaria, la psiquiatrización de las infancias desde los espacios educativos públicos, así como la patologización de las personas usuarias de sustancias psicoactivas, entre otras violaciones graves, serían legales bajo la perspectiva de una iniciativa de ley que está por dictaminarse en comisiones el próximo miércoles en el Senado de la República. 

Desde el mes de noviembre del año 2019, la senadora Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, del grupo parlamentario del Partido de Trabajo, presentó esta iniciativa de Proyecto de Ley, para impulsar la propuesta de Ley General de Salud Mental. 

La propuesta de ley no sólo se sitúa desde un modelo médico–asistencialista, situación que sería suficiente para declararla inadmisible a la luz de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, además violenta explícitamente los derechos humanos utilizando como argumento una visión falseada de los mismos para justificar prácticas que vulneran la dignidad y la vida de la población.

Existen opciones viables si lo que se busca es generar mecanismos para proteger y salvaguardar el bienestar integral de las y los habitantes; sin embargo, por sí misma, una iniciativa de Ley General de Salud Mental es ineficiente e inconsistente. En su lugar son necesarias otras reformas o derogaciones por ejemplo de Leyes Estatales de Salud Mental, como la de la Ciudad de México, en donde se sigue estigmatizando a personas usuarias de drogas, y avalando tratamientos sin consentimiento informado. En México, aún se avalan las psicocirugías y terapias electroconvulsivas (con anestesia)1, este tipo de prácticas tendrían que ser abolidas. Otro cambio más pertinente, en materia de Salud Mental, sería reformar la misma Ley General de Salud y proponer una armonización al marco legal. 

Necesitamos aterrizar prácticas bajo un modelo de salud mental comunitaria que consiste en atender directamente a la población con un trato respetuoso además de retomar saberes tradicionales y herramientas en beneficio de la autonomía y la vida en comunidad, un ejemplo de esto son los grupos de apoyo mutuo y la educación.  

En la iniciativa no se tomaron en cuenta las necesidades de las personas con discapacidad psicosocial, locas, neurodivergentes, usuarias de servicios de salud mental, y/o con experiencias psiquiátricas; anulando la capacidad de toma de decisión sobre sí, así como el derecho a vivir autónomamente en comunidad. En el desarrollo de la propuesta de ley, no se realizó consulta alguna a la sociedad civil ni a quienes directamente nos afecta la iniciativa del Partido del Trabajo, quienes dejaron de lado tajantemente el “nada de nosotras y nosotros sin nosotras ni nosotros”, que es el lema de la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad.

Pese a que representantes del Partido del Trabajo afirmaron en diversas ocasiones que la iniciativa es una propuesta de “avanzada”, parece que ignoraron en su redacción acuerdos internacionales de derechos humanos como la Convención citada. Cada frase de la iniciativa expresa contradicciones entre modelos sobre discapacidad que, aterrizados en la práctica, afirmo con seguridad que abrirán las puertas a actos de tortura, violencia y vulneración de derechos en diversos contextos, que, de inicio ya existen.

La iniciativa de Ley resulta burda e incongruente en el contexto contemporáneo, debido a que intenta establecer parámetros que definan nuestras vidas sin tomarnos en cuenta, resultando irónico que al mismo tiempo celebremos el Orgullo Loco en México (movimiento que reivindica a la locura y sus diversas manifestaciones, promoviendo la vida en libertad y autonomía).

Con indignación, alzamos la voz una vez más como las personas principalmente afectadas con esta iniciativa y nos afirmamos desde la necesidad de plantear un modelo de salud mental comunitaria desde el respeto a los derechos humanos, sin estigma.

Hacemos un llamado general a cuestionar prácticas coercitivas, violatorias y de tortura que afirman engañosamente estar a favor de salvaguardar los derechos humanos.

Nada de nosotras ni nosotros sin nosotras ni nosotros.

*Experta por experiencia en salud mental, activista por los derechos de personas con discapacidad integrante de SinColectivo y Orgullo Loco México.


1 Comisión Nacional de Derechos Humanos
Informe de seguimiento ISP-10/2018 del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura sobre los Hospitales Psiquiátricos que dependen del Gobierno Federal, Ciudad de México y Estados de la República Mexicana. (2019)


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