Por David Boone de la Garza* 

Antes de que la nueva normalidad “se normalice” es necesario reflexionar sobre las medidas que se han adoptado y las cosas que se están haciendo para construirla. Porque hay que construirla. No vamos a despertar un día de estos en una ciudad del país “Utopía” llamada “la nueva normalidad”.

Si bien la epidemia nos tomó a todos desprevenidos, los más sorprendidos fueron los gobiernos. No es para menos. Son los principales responsables, primero, de que las personas no se contagien; después, de que se contagien las menos posibles y se curen las más. Luego, evidentemente de que no se mueran y, finalmente, de que la emergencia se supere pronto y que el retorno a nuestra, ahora añorada, vida cotidiana sea lo menos costoso y más rápido posible. Lo de las lecciones y la evolución ya será un lujo.

El caso de México ha sido peculiar. Ya sea por el optimismo inicial de Hugo López-Gatell, por la envidiable fe del presidente López Obrador en las estampitas, por la demora en la aparición de “los primeros casos” o ahora por el acelerado aumento en el número de fallecidos, en esta pandemia México ha destacado a nivel mundial. Pero dejemos eso de lado y ocupémonos seriamente de la realidad, la cual ha comenzado a complicarse para los mexicanos.

Veamos. En México el derecho a la protección de la salud está garantizado por todos lados. Sólo como ejemplo, en la Constitución se reconoce que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. En la Ley General de Salud se asegura que todas las personas que se encuentren en el país que no cuenten con seguridad social tienen derecho a recibir de forma gratuita la prestación de servicios públicos de salud, medicamentos y demás insumos asociados que la salud. Esta misma Ley define “salud” como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente como la ausencia de afecciones o enfermedades.

Por si eso fuera poco, en el derecho internacional también está establecido el derecho de todas las personas al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido ampliamente protectora de este derecho. Y, por si hubiera lugar a dudas, también la Corte Interamericana de Derechos Humanos recientemente emitió una Declaratoria, así como una serie de infografías, en donde explica con peras y manzanas los derechos específicos que tienen todas las personas, especialmente los grupos de atención prioritaria -y que incluyen a personas con discapacidad-, para proteger su salud durante la epidemia y las obligaciones de los gobiernos para hacerlo.

Pero esto es en el papel. En la realidad, en México enfrentamos dos problemas graves. 

El primero es que se cuenta con un sistema de salud que, aunque es (casi) universal, o sea, que se supone que todas las personas pueden recibir atención médica, los servicios que se ofrecen, desde siempre, han sido deficientes. El sistema vive colapsado. Ya sea por falta de hospitales, de personal, medicamentos o de voluntad, desde antes del coronavirus, con frecuencia los mexicanos tienen que buscar otras alternativas distintas a aquellas en las que, se supone, deberían encontrar atención a sus problemas o demandas de salud, como recurrir a servicios privados de baja calidad o que los dejan endeudados. Muestra de ello es que, se esté de acuerdo o no con esa medida, acaba de desaparecer el Seguro Popular para crear en su lugar el Instituto de Salud para el Bienestar, cuyo arranque de operaciones fue afectado por el COVID-19.

El segundo inconveniente, a diferencia del primero, ya no fue por omisión, sino por reacción. Todo apunta a que la forma en que se ha manejado la crisis sanitaria en el país dista mucho, sino de la estrategia ideal (obvio no existe), sí de la necesaria. 

¿Ejemplos? Muchos: brotes mal manejados en hospitales públicos como el de Monclova en Coahuila. Contradicciones entre autoridades con respecto a algunas medidas, como el uso o no del cubrebocas; confusión sobre las verdaderas causas de fallecimientos en distintos lugares, como si se trató de neumonía atípica o coronavirus. El hecho de que los principales responsables por parte del Gobierno, de un día para otro digan que para saber el número real de casos habría que multiplicar las cifras oficiales por ocho. Las críticas y discrepancias sobre la guía elaborada para la asignación de recursos de medicina crítica, para determinar la prioridad en la que serían atendidos los pacientes. La reciente noticia, resultado de un reportaje, de que en los hospitales psiquiátricos del sector salud no se tiene el más mínimo control de la enfermedad y varias personas ya han muerto a causa de ello. Las decenas de protestas por parte de personal médico que labora en instituciones públicas por la falta de equipo de protección, insumos, pruebas y capacitación, y el grave hecho de que muchas de las personas fallecidas sean, precisamente, trabajadores de la salud. 

Todo esto conduce a una conclusión: las medidas adoptadas para enfrentar al coronavirus en México son ineficaces e insuficientes. 

El ser se ha impuesto al deber ser. Vivimos en un país con una sociedad vulnerada, esperanzada en la promesa constitucional de un régimen de derechos humanos que no termina de cuajar en la realidad. Aunque el respeto de la dignidad ocupa el centro de los discursos políticos, no es una señal alentadora. Aún cuando se decretó el fin de la Jornada Nacional de Sana Distancia (lo cual no tiene sentido si se toma en cuenta que, lejos de aplanarse, la curva se está levantando), el gobierno federal, a cargo de la dirección de la estrategia, debe ser objetivo y autocrítico, dar un golpe de timón y ponerse en el camino correcto o, al menos, cambiar de rumbo hacia uno más seguro. De lo contrario, “la nueva normalidad” puede ser peor que la que ya teníamos.

*David Boone de la Garza es abogado y consultor especializado en derechos humanos y profesor universitario.


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