Por Agustín de Pavia

Ya hay una propuesta de reforma al Poder Judicial de la Federación, para modificar el funcionamiento del organismo presentada el pasado 12 de febrero por el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar. Esto es lo bueno y lo no tanto en materia de discapacidad.

Lo bueno: Precedentes con discapacidad

1)    Un caso que resuelva la Suprema Corte obliga a todos los jueces a seguir los lineamientos para otros casos y no tener que esperar a acumular cinco sucesos similares.

2)    Los organismos constitucionales autónomos de los estados podrán promover controversias constitucionales, además que podrán demandar que las autoridades cumplan su obligación de expedir leyes y reglamentos.

Lo malo: Un Poder Judicial sin perspectiva de discapacidad 

1)    La Reforma al Poder Judicial, la única vez que menciona discapacidad, es respecto a la posibilidad del juez de decidir en juzgado trabajar cuando tiene un familiar con discapacidad.

2)    Es decir, equipara la discapacidad a una situación o carga de responsabilidad familiar; mientras que la Reforma sí incorpora perspectiva de género en todas las actividades y dentro de los concursos de los puestos del poder judicial.

Lo feo: Discapacidad sin jurisprudencia ni defensor público

1)    La Suprema Corte ya resolvió varios y suficientes casos sobre discapacidad y sobre el modelo social frente a ella. Estos precedentes, aun cuando ya pueden ser jurisprudencia, la Corte no  ha establecido un criterio obligatorio que deban cumplir los jueces.

2)    La Ley Federal de Defensoría Pública se reforma par que puedan promover amparos en materia familiar, pero no así la reforma para ver amparos en materia de discapacidad.

La Ley ya prevé amparos en materia indígena y el Instituto de la Defensoría Pública Federal, en un acuerdo desde 2019, promueve amparos en materia de discapacidad. ¿Acaso esta iniciativa de amparos en materia de discapacidad fracasó y por eso no está en la propuesta de Reforma Poder Judicial Federal?  

El presidente de la República Andrés Manuel López Obrador se comprometió a firmar el documento y presentarlo a título propio ante el Congreso de la Unión, para que se apruebe lo antes posible. Una vez que la Cámara de Diputados y Senadores aprueben estas reformas, es necesario que 16 congresos locales lo aprueben por que es una reforma Constitucional.


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