Organizaciones piden a la Corte reunión para analizar consulta a pcd

Fecha de publicación: 09/Octubre/2025 | Autor: Redacción Yo También

Este jueves, al menos 720 organizaciones de la sociedad civil, activistas, defensores de derechos humanos y personas con discapacidad firmaron una carta dirigida a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con la que buscan una reunión para dialogar sobre el futuro de la consulta a personas con discapacidad como parte de lo procesos de elaboración de leyes y políticas públicas.

El 11 de septiembre en Yo También dimos cuenta de la primera sesión pública del pleno tras su nueva conformación producto de la reforma al Poder Judicial. Resultó histórico que el primer asunto discutido fuera sobre discapacidad: la inconstitucionalidad de tres leyes en materia de salud mental promulgadas por el Congreso del Estado de Chihuahua por falta de consulta al sector.

Con el criterio de la Corte anterior, el caso —impulsado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)— habría sido invalidado en automático; sin embargo, en esta ocasión se discutió el fondo, es decir, las y los ministros analizaron los alcances de esta herramienta.

Aunque venían en conjunto en un mismo proyecto, una de las primeras diferencias fue la resolución de excluir una ley por ser de carácter administrativo. Por su parte, la ministra Loretta Ortiz se pronunció a favor de las personas con discapacidad y dijo que en una sociedad incluyente TODAS las leyes y políticas les impactan, sea cual sea su fin. Por el contrario, la ministra Lenia Batres votó en contra, pues dijo que la figura de inconstitucionalidad derribó en el pasado normas que —aunque con omisiones y errores en su proceso legislativo— resultaban progresistas en materia de derechos humanos. La discusión abrió un nuevo panorama: Analizar caso por caso.

Sobre esto —y para advertir los riesgos— el primero de octubre Katia D’Artigues hizo un análisis titulado: “Ministras, ministros: tenemos que hablar”.

No obstante, esta semana la ministra Batres presentó un proyecto con el que de forma oficial la Corte aprobó (con ocho votos) abandonar el antiguo criterio y determinó que la falta de consulta “no es causa suficiente para su invalidez”. Además, que las personas con discapacidad son las que deben decidir qué es lo que les afecta y que no. Esto en detrimento del artículo 4.3 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y de la propia Constitución.

Al respecto, organizaciones de la sociedad civil —a las que Yo También se suma como firmante— se pronunciaron en la carta señalando que la tarea de determinar si una ley resulta benéfica (o no) no puede caer en una población que históricamente ha sido vulnerada y que, por tanto, está en una situación de desventaja y carece de las herramientas para su defensa.

El colectivo recuerda en su misiva que la consulta se trata de una obligación internacional adquirida por México.

“La consulta no es un requisito formal: es un mecanismo que permite que la voz de quienes enfrentan mayores obstáculos llegue a las decisiones de Estado. Por ello, consideramos que la Suprema Corte debería apoyar e incentivar que tales consultas se realicen, y que, al menos, examine en cada caso si se llevaron a cabo, tomando este elemento como un factor indispensable para decidir sobre la constitucionalidad de una norma”, se lee.

Ante ello, el colectivo solicita a las y los ministros una reunión accesible y con ajustes razonables con representantes, expertos y activistas para discutir la propuesta. Confiamos en que la Corte atenderá el llamado de dialogo con organizaciones de y para personas con discapacidad.