Gabriela Sarahí: cuando tu medio hermano te esteriliza a la fuerza

En noviembre de 2024, Gabriela Sarahí fue sacada a la fuerza de su hogar y desaparecida 20 días por su medio hermano. En contra de la voluntad de la joven y del resto de la familia, regresó sin útero

Fecha de publicación: 24/Abril/2025 | Autor: Francisco Javier Munguía

Gabriela Sarahí tiene 18 años y vive con discapacidad intelectual. Hace cinco meses, en noviembre del año pasado, desapareció de su casa por 20 días; se la llevó uno de sus siete medios hermanos. Al regresar, el resto de su familia se percató que había sido esterilizada sin su consentimiento. Tiene en su cuerpo la marca de una histerectomía: un procedimiento irreversible para retirarle el útero, lo que elimina definitivamente su capacidad de ser madre.

Para lograr esto, se contó con la negligencia (y apoyo) de autoridades médicas y ministeriales, según relata otro de sus medios hermanos. Con esto frenaron de tajo la posibilidad de la joven para decidir sobre su propio cuerpo y destino.

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021 elaborada por Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)? 48.7 por ciento de las mujeres con discapacidad han sido violentadas sexualmente a lo largo de su vida. Por otra parte, 9.7 por ciento de las mujeres entre los 15 y 49 años fueron presionadas durante el parto a aceptar la colocación de dispositivos anticonceptivos o ser operadas en ese sentido. Además, 4.3 por ciento fueron expresamente forzadas a esterilización.

Detrás de cada cifra hay una historia. Ésta es la de Gabriela Sarahí.

La orfandad de madre y su estancia en “Casa de las Niñas”

Gabriela Sarahí es la menor de 10 hijos concebidos por un hombre en dos matrimonios. Cuenta con siete medios hermanos y dos hermanos. La joven, nacida en 2006, vive con discapacidad intelectual, condición reconocida mediante un certificado médico del Centro de Salud 235 “18 de marzo”, operado por la Secretaría de Salud del Gobierno de Michoacán.

Ella, junto a su familia, radica en el municipio de Tepalcatepec, en la entidad ya mencionada. En noviembre de 2024 su vida cambió. Uno de sus medios hermanos, a quien llamaremos “Carlos”, aunque no es su nombre real, nos cuenta a detalle en entrevista cómo fue que se llegó a esta violación a los derechos de su hermana.

La madre de Gabriela Sarahí, descrita por nuestro entrevistado como una mujer amorosa y reconocida como principal cuidadora de la joven, falleció en 2013 a causa de cáncer. Entonces, su padre “quien vive con discapacidad motriz y auditiva por su edad” optó por enviarla a la “Ciudad de las Niñas”, una institución con sede en Apatzingán, Michoacán, administrada por religiosas y que tiene por fin la atención de infancias huérfanas. Para ese momento Gabriela tenía siete años.

Como otros organismos del tipo, existe una edad límite para permanecer en la institución, pero, en atención a su discapacidad, le permitieron estar más tiempo, ya no como residente, sino como ayudante. Para 2022 (cuando ya tenía 16) las religiosas solicitaron a la familia su salida. De acuerdo con Carlos, durante esos años no hubo abandono. Por el contrario, la visitaban con frecuencia, salía a casa en los periodos vacacionales y en general existió seguimiento durante esos años.

En las salidas temporales, fue otro medio hermano, a quien llamaremos “Javier” para mantener su identidad real en el anonimato, el que se hizo responsable de Gabriela en compañía de su esposa, quienes actuaron como tutores. Al salir de forma definitiva de la Ciudad de las Niñas naturalmente adoptaron el mismo rol.

En principio “y por cerca de dos años” fue la esposa de Javier y una red de apoyo de la pareja quienes se hicieron cargo de Gabriela, hasta que decidieron que su padre o alguno de sus dos hermanos directos debían hacerse cargo de ella. La entregaron a su núcleo sanguíneo, no sin antes determinar de forma autoritaria, sin consenso y en contra de la voluntad de Gabriela, esterilizarla para que no sea madre.

“Se la quiso entregar a mi papá junto con sus dos hermanos que tiene, pero creyeron que tenían que esterilizarla, porque (según ellos) no estaba en condiciones de tener hijos o criarlos”, dijo el denunciante.

Primer intento por someter a Gabriela a intervención quirúrgica

En 2024, ya siendo mayor de edad y bajo el argumento de incapacidad para desarrollar una maternidad convencional en materia económica y social, Javier llevó a la joven al Hospital Rural Buenavista del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicado en el municipio vecino de Buenavista. En esta clínica pública le fue negado a Javier el servicio pues reconocieron los derechos de Gabriela.

De acuerdo con un audio compartido con Yo También del momento de la valoración médica, Javier intentó justificar su petición de esterilización en la discapacidad de la joven, las probabilidades de dar a luz a un bebé con la misma condición, los riesgos a la salud que implicaría un embarazo y aspectos económicos.

“Porque además de ser gachos son tacaños, y quisieron hacer el procedimiento en una clínica pública, pero Gabriela se negaba y se negaba y la doctora también se negó a realizar el procedimiento”, dijo Carlos.

En todo momento Javier procuró que el diálogo fuera entre él y la médica encargada de la intervención, sin embargo, la mujer adscrita a la unidad se percató de la consciencia de Gabriela sobre su entorno, lo que ocurría y su capacidad para hablar del tema, por lo que de inmediato se dirigió exclusivamente a ella, evadiendo intermediarios.

“Hay que platicar con ella porque sí entiende y razona”, dijo la médica.

Tras esto le hizo directamente las preguntas:

“¿Te quieres operar?”

• R. “No”

“¿Quieres tener hijos?”

• R. “Sí”

Otra vez hizo los mismos cuestionamientos, pero de una forma distinta, y las respuestas fueron exactamente las mismas.

A partir de ese momento lo que el personal de salud hizo fue platicar con Gabriela para dejarle claro que, al ser mayor de edad, solo ella podía decidir sobre su cuerpo y vida sexual-reproductiva. La invitaron a analizar bien el panorama, le hablaron sobre cómo llevar una vida sexual responsable, con métodos anticonceptivos que no solo evitaran un embarazo, sino que previnieran enfermedades.

En esa clínica se le ofreció a Gabriela colocarle un dispositivo intrauterino (DIU), que es un método de anticoncepción temporal, pero se requería de la responsabilidad de un tercero para el procedimiento. Javier, quien estaba presente, se negó a firmar el consentimiento. La consulta terminó tras una breve revisión ginecológica de rutina, donde Javier remarcó que iba en representación de su padre, que él ya había autorizado la esterilización y que por su edad no podría hacerse cargo de un eventual nieto.

“Ella sí entiende, su discapacidad sí le permite saber del tema (…) Yo sé que su papá ya es una persona mayor, pero la vida es de ella, ella puede decidir tener o no tener un hijo”, respondió la doctora.

El “secuestro” de Gabriela para esterilizarla

Tiempo después, ya con Gabriela viviendo en casa de su hermano, fue sacada del hogar a la fuerza por Javier en compañía de un policía municipal para llevarla a una clínica privada (a la fecha la familia sigue sin saber exactamente a cuál) y ahí, con un documento firmado por su padre a partir de engaños, la sometieron a un proceso de esterilización permanente. Recordemos que el padre también es una persona con discapacidad que fue coaccionada y presionada para firmar. La desaparición de Gabriela se produjo en noviembre de 2024 y duró más de 20 días.

La familia ni siquiera conoce el tipo de intervención que se le hizo, pero nuestro entrevistado compartió una imagen ilustrativa del tipo de cicatriz con la que vive hoy Gabriela y tras que esta redacción consultó a un médico, determinó que fue una histerectomía, es decir, la extracción del útero, algo irreversible.

Agentes ministeriales ignoran el caso

Carlos busca la reparación del daño y la sanción a las autoridades correspondientes ahora, pero desde que se percató de la extracción forzada de Gabriela, acudió junto con el resto de hermanos y medios hermanos inconformes a la Agencia del Ministerio Público de Tepalcatepec, en la avenida Francisco I. Madero, donde no recibieron atención. El argumento: al ser mayor de edad, Gabriela debía por cuenta propia acudir a denunciar su secuestro.

El denunciante y acompañantes remarcaron que uno de sus familiares la había sacado a la fuerza del hogar, acompañado de fuerza pública, para esterilizarla. También explicaron que se trataba de una mujer con discapacidad, a lo que la respuesta fue la misma: “Que ella denuncie”.

Advirtieron que el actuar sobre el caso de Gabriela era vital para evitar el procedimiento (que podía ocurrir en cualquier momento desde la desaparición), pero la autoridad se escudó en que, en tanto no se supiera con exactitud su ubicación, no podrían actuar. Se les recomendó a los familiares esperar a que regresara y que ya esterilizada acudiera por propio pie a denunciar.

“Si ya la esterilizaron, la traen aquí y que ella haga su denuncia”, dijo el encargado del MP.

Por último, añadió que ante cualquier sospecha de estancia en otro municipio debían ir a esa entidad a denunciar: “Tienen que levantar la denuncia allá”, concluyó la autoridad.

Denunciante y hermanos piden protección

El motivo por el que Carlos pidió el anonimato y razón por la que omitimos el nombre real del medio hermano ejecutor de esta presunta vulneración a los derechos de Gabriela es porque, de acuerdo con el propio entrevistado, Javier cuenta con respaldo de las propias autoridades municipales.

Además, Carlos asegura que Javier cuenta con la asesoría y eventual defensa de un abogado “muy influyente” a nivel nacional, mismo que lo asesoró y proporcionó la documentación necesaria para celebrar la esterilización, por lo que el resto de la familia teme represalias.

“Se siente protegido por un abogado muy influyente a nivel nacional, cuya identidad omito por ahora. Esta protección legal que siente es la principal razón por la que actúa con impunidad. Por ello, necesitamos el acompañamiento de instituciones o secretarías federales”, comentó el denunciante.

“Podríamos correr peligro o estar en una situación vulnerable si no tuviéramos respaldo de alguna autoridad. Queremos que tengan conocimiento (los lectores en general) para que eso sea un motivo de disuasión para que no nos puedan hacer algo o amedrentar”, concluyó.

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