Carta al Mecanismo de Personas con Discapacidad en la CNDH

Estimado Mecanismo Independiente de Monitoreo Nacional de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad:

Les escribo porque, en los últimos años, se les extraña. Ya no se percibe su trabajo.

Lo comentó hace unos días en un tuit dedicado a su silencio en relación con las fallas de organización del único foro de consulta enfocado en discapacidad del Plan Nacional de Desarrollo (PND), que se llevó a cabo en Zacatecas el pasado jueves 16 de enero, y sobre el que escribimos en Fallas, omisiones y partidismo: así fue el único foro sobre discapacidad del Plan Nacional de Desarrollo.

Y es que no solo fueron las fallas documentadas en este encuentro, sino en el resto de los 52 foros que conformaron la elaboración del PND y su propuesta a consulta.

¿No les parece que también deberían pedir que el Plan, una vez terminado, se someta a consulta de personas con discapacidad (pcd) y no solo de personas indígenas y afromexicanas? Ambos grupos —por obligaciones internacionales— deben ser consultados según la misma Convención que da origen al propio Mecanismo.

Sobre los foros: ¿todos fueron accesibles para las pcd? ¿Se transmitieron a distancia con intérprete en Lengua de Señas Mexicana? ¿Es una buena práctica que solo haya habido un único foro sobre discapacidad y que personal del propio Mecanismo no haya asistido ni siquiera a ese?

Me sorprendió que, de pronto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), sin que correspondiera a alguna efeméride, haya publicado el mismo 16 de enero un pronunciamiento sobre su trabajo en el tema de discapacidad y del Mecanismo de Monitoreo. Me da gusto, porque eso me da más oportunidad de preguntarles cosas.

Yo lo vi en Twitter o X, donde, por cierto, lo publicaron sin texto alternativo para personas con discapacidad visual: el texto está en imagen y no puede ser leído por lectores de pantalla. Mala señal para comenzar. Una pensaría que, al menos, eso no se les pasaría, pero sucede seguido cuando publican infografías (no solo de temas relacionados con la discapacidad, claro). Al no contar con textos alternativos, excluyen de su comunicación a personas con discapacidad.

El pronunciamiento —hecho junto con otro sobre migración en el marco de la llegada de Donald Trump al poder— es sorprendente y da paso a muchas más preguntas que las que tenía originalmente. Básicamente es una, pero con muchas variantes:

¿Dónde han estado cuándo?

• ¿Dónde han estado cuando, en los últimos años, todas las políticas públicas sobre discapacidad han sido más bien de corte asistencialista y no basadas en derechos?
• ¿Dónde han estado o qué defensa han hecho en particular del Artículo 33 de la Convención, que habla sobre la obligación de los Estados de tener “uno o más organismos gubernamentales encargados de las cuestiones relativas a la aplicación de la presente Convención”?
• ¿Dónde han estado cuando fue evidente la falta de nombramiento de titular en Conadis sin un sustituto gubernamental? ¿Qué han dicho sobre la propuesta gubernamental de desaparecerla o “simplificarla”, como dice el actual gobierno?

La respuesta, de mi parte, a todas estas preguntas es que no han hecho nada, o muy poco, en todo caso. Muy poco para un Mecanismo que tiene presupuesto desde 2015 y que para 2024 tuvo 11 millones de pesos (y en 2025 ejercerá otros 11 millones).

¿Cómo ejercen estos 11 millones, por cierto?

Texto alternativo: Cuadro con el presupuesto del Mecanismo de Monitoreo CNDH de 2019 a 2025:

• 2019: 16,376,330 pesos.
• 2020: 17,044,988 pesos.
• 2021: 13,822,349 pesos.
• 2022: 14,371,890 pesos.
• 2023: 15,318,191 pesos.
• 2024: 11,272,964 pesos.
• 2025: 11,930,786 pesos.

El pronunciamiento me da más información de lo que dicen que han hecho sobre lo que quiero preguntarles.

• Según el documento, el año pasado impactaron “a casi 11 mil personas” vía actividades presenciales en 10 estados: Ciudad de México, Durango, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Morelos, San Luis Potosí, Tlaxcala y Veracruz. Y añaden que, —también de manera virtual—, han tenido 70 reuniones de trabajo.

Han ido a la baja. Los años pasados reportaron más. Llegaron a tener más de 300. Son mayoría los eventos virtuales, y así excluyen al pueblo más pobre, indígena y que vive en zonas rurales sin acceso a internet.

También comparten que han hecho dos !sí, dos¡ recomendaciones (las 26/2024 y 184/2024) en temas de violación a la salud de personas con discapacidad dirigidas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). ¿Sólo de salud? ¿Y los demás derechos?

Presumen que tienen su micrositio actualizado, por lo que “ahora este ofrece información detallada sobre el estado de los derechos de las personas que viven con esta condición”.

No sé qué entienden por “información detallada”. No veo nada, por ejemplo, de algo importantísimo que pasó en 2024: las elecciones. ¿Se garantizó el derecho al voto informado de las personas con discapacidad? No. Por mencionar un ejemplo, ningún partido elaboró material en formatos accesibles. Tampoco el INE lo pidió. ¿Algún comentario siquiera?

Veo en su sección de Biblioteca que el último informe fue en diciembre de 2021: “Informe Especial sobre violencia y los derechos sexuales y reproductivos de las niñas, adolescentes y mujeres con discapacidad en México”. ¿Cuáles son los nuevos informes? ¿Me los pueden referir? Igual no los vi.

Si les faltan temas, con confianza sugiero: yo diría que urge uno sobre respuesta a emergencias y buenas prácticas para evitar lo que sucedió con el huracán Otis. El tema de la capacidad jurídica es importantísimo porque el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares entra en vigor en 2027.

Otras ideas: rumbo a la digitalización de muchos trámites y la reciente creación de una agencia en la materia, sería fantástico un pronunciamiento sobre la obligación del Estado, privados y concesionarios de garantizar la accesibilidad a la información digital. En Europa, este junio de 2025, todas las páginas deberán ser accesibles.

Otro tema sería la participación política de las pcd. ¿Qué pasa con las denuncias de que hubo personas candidatas que usaron las acciones afirmativas fingiendo que vivían con discapacidad y algunos hasta fueron denunciados?

El derecho a la consulta es otro. ¿Alguna propuesta de cómo reglamentarlo según los lineamientos de la Suprema Corte?

¿Qué tal los libros de texto accesibles para personas con discapacidad que, por cierto, tardaron en repartirse y solo son en Braille y macrotipo? La página de Conaliteg los pone para descarga, pero solo en imagen (cuando hay PDF accesibles y además está el Tratado de Marrakech), haciendo imposible su uso para pcd visual.

Su pronunciamiento sigue. Dicen que interpusieron el año pasado cuatro acciones de inconstitucionalidad. ¡Cuatro! Han ido a la baja. En 2020 fueron 18; en 2021, nueve, por ejemplo. ¿Qué pasó con aquella época en la que la CNDH asesoraba a otras comisiones de derechos humanos para que presentaran las suyas? ¿No les parece que es una mala cifra tras presumir que el 3 de mayo de 2024 hicieron un Sexto Encuentro de Mecanismos de Monitoreo de la CDPD? ¿Qué resultados palpables y medibles tuvieron luego de ese encuentro? ¿A poco ha cambiado tanto la cultura como para que en 2024 fueran solo cuatro acciones de inconstitucionalidad?

Dicen que fomentan conciencia sobre la protección de los derechos de pcd y mecanismos para garantizarlos entre personas servidoras públicas de los tres niveles de gobierno. Qué bueno, eso urge. ¿A cuántas personas han capacitado y a través de qué procedimientos? Sería bueno saber la cifra más allá de la enunciación. ¿Cómo han ido creciendo?

Que han brindado orientaciones y asesorías jurídicas de manera personal, telefónica y electrónica a personas con discapacidad. ¿Cuántas? ¿Cómo? ¿Por qué no derivaron en recomendaciones?

En serio, Mecanismo y CNDH, ¿dónde están? ¿Por qué no se les escucha en la promoción de los derechos no solo de 8.8 millones de pcd ¡como dicen en su comunicado!, sino de más de 20 millones de personas si se contempla a aquellas con limitaciones? Así llegamos al 16.5 por ciento de la población, mucho más cercano al 15 por ciento que la ONU calcula que vive en cada país.

“Defendemos al pueblo”, terminan, con signos de exclamación como escuchamos en sus muchos promocionales institucionales. Con todo respeto, yo diría que más que defender, hasta ahora ofenden al pueblo.

Espero que respondan a mis preguntas. Quiero saber y rectificar si es que a mí —y a otras personas que pensamos lo mismo— se nos ha pasado reconocer su trabajo. Un trabajo que, más que nunca, es necesario.

Gracias, Katia D’Artigues

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