Lecciones de una sociedad civil unida y la caída de la #LeyBañuelos

Por Katia D’Artigues 

El 20 de julio se prendieron en máxima preocupación las alertas de muchas organizaciones de personas con discapacidad: se anunciaba que el Senado discutiría y aprobaría en un periodo extraordinario -tan solo 9 días después- una Ley General de Salud Mental presentada por la senadora Geovanna Bañuelos.

¿Una ley general específica para personas con discapacidad psicosocial, que aplicaría para todo el país sin consulta a personas con discapacidad y sus organizaciones? Increíblemente, sí. Peor aún: era una iniciativa regresiva, violatoria de derechos humanos, que legalizaba la internación forzada en hospitales psiquiátricos, tratamientos forzosos como mecanismo de atención (que equivale a tortura) y que además tenía un lenguaje discriminatorio lleno de estigmas. El primer dictamen que intentaron pasar no tenía ni contemplada la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. 

Escribí una columna sobre la #LeyBañuelos aquí para más información. 

La campaña de #SaludMentalConDerechos

Yo estaba medio en vacaciones de duelo por la muerte de mi padre, un break necesario tras dos meses de videodiarios accesibles y una de las razones por las que este newsletter no salió con noticias del día a día durante dos semanas. 

Debo confesar que me enteré algo tarde de todo, cuando ya muchas organizaciones estaban a tope tratando de parar que se discutiera y aprobara la ley… otra vez.

Y digo otra vez porque ya había pasado hace 3 años, en 2017, con una iniciativa muy similar que pretendía lo mismo: crear una Ley General de Salud Mental, con un enfoque violatorio de derechos humanos. 

En ese momento la presentó la diputada panista Leticia Amparano. Para argumentar en contra de la postura de aquella iniciativa, nos reunimos un grupo de organizaciones y activistas en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México para tomar acciones al respecto. Desde entonces se creó un chat muy activo sobre Salud Mental (donde yo en particular he aprendido mucho).

De ese chat salió de nuevo la alerta: organizaciones especializadas en el tema como Documenta, Disability Rights International, Human Rights Watch, muchos integrantes de Sin Colectivo (un grupo que se llama a sí mismo expertos por experiencia de vivencias psiquiátricas), capítulos de Voz Pro Salud Mental https://www.vozprosaludmental.org.mx/ y muchos otros activistas comenzaron a publicar sobre el tema y a buscar reuniones con senadores y senadoras de distintos partidos. 

La primera en alertar del tema fue Documenta, hasta donde sé, porque incluso ya se habían reunido con asesores de la senadora Bañuelos antes de que fuera anunciada la inclusión de la iniciativa de ley en el periodo extraordinario. Carlos Ríos, integrante de Human Rights Watch, propuso que quien quisiera luchar contra la iniciativa se moviera a otro chat que acabó llamándose #LeyBañuelos.

Cinco días de frenéticas reuniones

El viernes 24, cerca del mediodía se organizó una reunión virtual que fue clave y donde estuvieron Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en el Senado y presidente de la Junta de Coordinación Política, junto con otros senadores. Sabíamos que la decisión de sacarla o no del periodo extraordinario dependía en gran parte de Morena, pero también de que convenciéramos a los legisladores de los demás partidos que esa ley era errónea por muchas razones.

Uno de nuestros más importantes aliados dentro de la Cámara fue Emilio Álvarez Icaza, quien como conocedor de derechos humanos y padre de un joven con discapacidad, sabía perfecto que la ley estaba mal aspectada, por decirlo bonito. Él, desde el inicio, ‘metió el cuerpo’ completo, apoyó y logró que se hicieran ésta y otras reuniones.

En el primer foro en línea, tras escuchar a las diferentes personas y organizaciones, Monreal nombró como interlocutor a Miguel Angel Navarro, presidente de la Comisión de Salud. No prometió nada, pero sí escuchar y hacerlo sin simulación a una pregunta directa, directísima, de Diana Sheinbaum, fundadora de Documenta. 

El sábado 25 hubo otra reunión virtual con la senadora panista Alejandra Reynoso, quien fue la interlocutora con el grupo parlamentario del PAN. Ella entendió los argumentos y prometió que lo hablaría con su grupo. El PAN fue el primer partido cuyo coordinador, Mauricio Kuri, escribió un documento dirigido a Monreal donde declaraban -con argumentos- que no acompañarían la iniciativa y pedían que se bajara del Orden del Día de la Sesión Extraordinaria.

El mismo sábado nos reunimos con algunas senadoras del PRI, gracias a las gestiones de Sylvana Beltrones y su coordinadora Sharon Cuenca. Participaron Nuvia Mayorga, Claudia Anaya y Beatriz Paredes. Anaya, quien es una experta en el tema y además vive con una discapacidad, estuvo absolutamente de acuerdo con no acompañar la iniciativa. De hecho ya se lo había dicho a Geovanna Bañuelos, su paisana zacatecana y promotora de la iniciativa.

Paredes nos dijo algo clave (que parafraseo porque no tengo la cita textual): “Tienen que hacer mucho, mucho ruido. Si no el tema no lo van a bajar”. 

El domingo tuvimos otra reunión con asesores del PT, el doctor Miguel Angel Navarro (el interlocutor nombrado por Monreal), Álvarez Icaza y también Malú Micher (senadora de Morena, feminista de toda la vida, personaje influyente en la bancada). Escucharon razones y también justificaron su iniciativa -la #LeyBañuelos- a la que ya le habían hecho cambios incorporando, según ellos, recomendaciones de Documenta, además de otros ajustes propuestos por las senadoras Anaya y Patricia Mercado (de Movimiento Ciudadano). Aun así, la perspectiva seguía mal y las consecuencias serían nefastas.

Esto nos molestó mucho a quienes impulsamos tirar la iniciativa: si bien sí citaban a Documenta, esta organización jamás avaló los cambios. Y lo dijeron.

El lunes 27, el rally de reuniones digitales siguió. Nos reunimos con Miguel Ángel Mancera (PRD) y se incorporó a la discusión la senadora priista Claudia Ruiz Massieu. 

Los dos senadores declararon que ni el PRD ni el PRI avalarían la #LeyBañuelos. 

En tres días de juntas virtuales teníamos el apoyo del PAN, PRI y PRD. 

Mientras, cada uno de nosotros nos movíamos en distintas direcciones: unos escribiendo del tema, otros buscando entrevistas para los voceros o hablando uno a uno con los senadores que conocíamos. O las tres cosas.

Yo, debo reconocer en lo personal y agradecer la apertura que tuvo la senadora Nancy de la Sierra (PT), quien también firmó la iniciativa como parte de su grupo parlamentario y que logró que finalmente Bañuelos hablara uno a uno conmigo y Carlos Ríos Espinosa. Ella nunca aceptó reunirse con el grupo y hasta el último momento insistió que su iniciativa de ley estaba bien y basada en otras Leyes Generales estatales sobre Salud Mental.

Otras acciones y apoyos clave

Había que hacer ruido, como dijo Beatriz Paredes. Por eso, a las 11 AM del lunes 27 organizamos un “tuitazo” con los dos hashtags posicionados: No a la #LeyBañuelos y #SaludMentalConDerechos. 

La cruzada dio sus resultados: fuimos trending topic fugaz, ¡pero trending topic en Twitter, que es la red social a la que más atención ponen los políticos!

Horas más tarde se publicó un comunicado oficial de la CNDH, dirigida al Senado, que decía claramente que la iniciativa violaba derechos. 

Luego se sumó a la impronta mediática una carta en el mismo sentido del senador Germán Martínez (Morena) dirigida a la Comisión de Salud. 

Poco después se publicó una carta dirigida al Senado de la oficina en México de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que insistía en que la iniciativa violaba derechos humanos y no debía pasar. 

En pocas horas Twitter ya era el foro de esta polémica iniciativa: tuiteó Amalia Gamio, experta independiente y miembro del Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad de la ONU; también Tina Minkowitz, una de las madres de la Convención y de las mayores expertas en Salud Mental a nivel mundial. Ella no sólo hizo un hilo en Twitter, sino que mandó una carta a todos los senadores mexicanos explicando por qué la iniciativa no debía pasar.

Al menos 14 notas, entre columnas, comentarios y entrevistas en radio y televisión dieron voz a la sociedad civil y a los senadores disidentes de la iniciativa. Los medios hicieron eco muy rápido de esta polémica propuesta (gracias a todos los compañeros de los medios).

El martes 28 en la mañana, con el apoyo de Cencos (Centro Nacional de Comunicación Social, AC, una organización que apoya a otras en la difusión de sus proyectos), un grupo de voceros dimos una conferencia de prensa en línea para explicar, una vez más, porqué no debería ni siquiera dictaminarse esa ley. 

Pero ni con todo este ruido, empuje y presencia estábamos logrando que la iniciativa de ley saliera del Orden del Día. 

Pero pocas horas más tarde, Ricardo Monreal posteó en su cuenta de Twitter que, tras hablar con Geovanna Bañuelos, habían decidido posponer la discusión de su iniciativa sobre Salud Mental y hacer un Parlamento Abierto. Y lo celebramos. 

Aquí está el video en el que salen los dos:

Reconozco la sensibilidad del Grupo Parlamentario del @PtSenado, y de su coordinadora, la senadora @geovanna_b, por retirar del orden del día del periodo extraordinario a celebrarse mañana su iniciativa sobre salud mental, para que pueda ser enriquecida en Parlamento abierto. pic.twitter.com/OtLWOU36hd

— Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) July 28, 2020

Esto recién empieza…

¿Fue un triunfo que no se discutiera ahora la Ley General de Salud Mental? Sí y no. 

Sí, porque era una ley regresiva, porque nos demostró la fuerza que puede tener la sociedad civil junta y organizada cuando levanta la voz y hacía realidad el lema de la Convención: “Nada de nosotros y nosotras sin nosotros y nosotras”. 

No es un triunfo porque la iniciativa fue sólo puesta en pausa. Es como festejar sólo que no se ahonde en la regresión de los derechos humanos de las personas con discapacidad, aunque para estos días y como están las cosas, pues quizá sí habría que celebrar los no retrocesos, al menos.

Viene por delante un Parlamento Abierto que, además, deberá cumplir con el mandato de escuchar a todas las voces de la sociedad civil y sobre todo las personas involucradas en el tema: las propias personas con discapacidad psicosocial sobrevivientes de malos tratos psiquiátricos, con la comunidad médica (que mucha sigue sin entender el nuevo paradigma del consentimiento informado) y con las familias de algunas de estas personas que sí están de acuerdo con recluir a una persona con una condición de salud mental. Tendría que incorporarse también la voz de expertos en temas de adicciones (porque la ley también los sumaba),  hablar de los famosos “anexos”, verdaderas cuevas de violaciones de derechos humanos “por tu bien”. Tendremos que hablar del derecho al libre desarrollo de la personalidad.

Un Parlamento Abierto que debería comenzar por resolver cómo se discutirá y hacemos realidad que se cumpla, también, con la obligación de México a realizar una “consulta estrecha”, como lo marca la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. 

Sería un gran avance y mucho más, si logramos que se vuelva un estándar para futuras discusiones y leyes. 

Habrá que sentarse con la secretaría de Salud – y en otros tiempos con el Conadis, que ya casi no existe- para acordar una reforma de fondo al tema de salud mental pero con base a derechos.

El camino apenas comienza. Y es cuesta arriba (para no perder la costumbre). 

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