Las voces no escuchadas… y una nueva iniciativa basada en la sociedad civil

Por Katia D’Artigues

Una clara oposición, con argumentos basados en derechos humanos, a la iniciativa que está a punto de ser dictaminada en la Comisión de Salud de la Cámara de diputados sobre Salud Mental fue lo que no se escuchó en el “Parlamento Abierto” convocado este lunes del cual dimos cuenta en esta crónica. Por problemas de logística, pero también de accesibilidad y de premura, hubo al menos 6 ponentes que no pudieron hablar y exponer. Yo También los buscó para presentar en esta nota sus voces que no escucharon los y las diputadas.

Descubrimos un no rotundo a la institucionalización forzada, al tratamiento sin consentimiento; una negativa a equiparar trastornos de salud mental con adicciones, además de la necesidad de una consulta real a personas con discapacidad como algunos de los grandes ‘peros’ de los expositores.

Ahora, además de esta iniciativa que aún no se ha dictaminado, hay otra creada por la sociedad civil y por el colectivo  #SaludMentalConDerechos que incluye varias organizaciones de y para personas con discapacidad psicosocial y expertos. La presentaron tres diputadas  -Martha Tagle, Verónica Juárez y Lucía Riojas- este mismo lunes y se espera que también se tome en cuenta para discusión en comisiones antes de votar. Está aquí. 

Tina Minkowitz: rotundo NO a cualquier internamiento forzado

Minkowitz, presidenta del Centro de Derechos Humanos de las Personas Usuarias y Sobrevivientes de la Psiquiatría, persona con discapacidad psicosocial, abogada, una de las “madres” de la Convención sobre los Derechos de las personas con discapacidad, ratificada por México desde 2008, redactó un testimonio corto que vale la pena leer completo. Aquí también recordó las obligaciones internacionales de México al respecto.

Aquí está su testimonio

Amalia Gamio: la importancia del derecho a la vida independiente y en comunidad (y un llamado a la CNDH a intervenir)

La actual experta independiente del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, recordó el honroso legado de México para reconocer los derechos de las personas con discapacidad y su pertinencia urgente hoy, cuando por la pandemia y aún antes de ello, hay personas con discapacidad intelectual y psicosocial segregados en instituciones sometidas a tortura, violaciones y a esterilizaciones forzadas.

Recordó la obligación de México al promover, firmar y ratificar la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (CDPD) y las obligaciones adicionales adquiridas al someterse a la revisión e implementación de la misma. Insistió en atender la urgencia de estas acciones a raíz de la pandemia también y a que la Salud Mental es un derecho de todas las personas y no sólo de ciertos grupos.

Su texto para el parlamento abierto lo pueden leer acá. 

Amalia Gamio también mandó un mail a la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, para pedirle un posicionamiento sobre lo que está pasando en la Cámara de diputados. Aquí está el correo.

Carlos Ríos Espinosa: la salud mental debe de ser para todas las personas y combatir el estigma

El abogado y investigador senior de Human Rights Watch no está de acuerdo con dirigir a grupos específicos (personas con trastornos mentales y con adicciones) el tema de salud mental porque tiene que estar dirigido a todas las personas.

Aunque la iniciativa tiene aspectos bien pensados, como crear mayor atención en el primer nivel y hacer de una consulta del tema “como ir al dentista”, sí se debe considerar el “desempoderamiento sistemático” que reciben las personas con trastornos mentales y respetar su derecho a seguir un tratamiento o incluso a rehusarse. Deben, en resumen, poder decidir sobre su vida. También hace énfasis en que falta una carta de navegación para, tras la reforma, destinar el presupuesto necesario para tener los servicios disponibles sin estigma.

Pueden leer la argumentación completa acá 

Margarita Garfias: Consumo NO es abuso

Margarita Garfias, creadora de Familias y Retos Extraordinarios, activista por los derechos de las personas con discapacidad y su derecho al uso de cannabis medicinal escribió un hilo en Twitter sobre lo que hubiera dicho si hubiera podido hablar. 

En resumen hace énfasis en que el consumo de sustancias no es abuso. También hizo énfasis sobre todos los recortes que se han dado en el rubro de salud y salud mental en años atrás y que ha mermado la atención a pacientes. 

Nos mandó este documento, sus apuntes, sobre lo que habría versado su participación de 5 minutos, en el que también hace énfasis en la atención multidisciplinaria y para todas las personas y no sólo algunos colectivos en temas de salud mental.

Margarita también compartió sus apuntes para el Parlamento Abierto que pueden leer aquí 

Andrea Parra: Si una persona con cáncer decide no tener tratamiento, se le respeta. ¿Por qué no a una persona con discapacidad psicosocial?

Además de quejarse sobre la falta de accesibilidad en el Parlamento Abierto, la abogada y especialista colombiana subrayó que ninguna ley, programa o política puede pasar sin consulta a personas con discapacidad psicosocial y sus organizaciones. Además de internamiento forzado se tiene que hablar también claramente de tortura y de desaparición forzada que existe en los contextos psiquiátricos y puso como ejemplo el caso que actualmente lleva la Corte Interamericana en proceso sobre Luis Eduardo Guachalá Chimbó contra Ecuador: la desaparición forzada de una persona tras ser institucionalizada en un hospital psiquiátrico de Quito, que puedes leer aquí. 

El internamiento forzado y también la sujeción o medicación sin consentimiento es una falta al respeto a la capacidad jurídica de todas las personas y que está claramente relacionada con el Artículo 12 de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Recordó que actualmente sólo dos países de Latinoamérica, Perú y Colombia, ya eliminaron del todo los modelos que sustituyen la voluntad. 

“Si una persona diagnosticada con cáncer decide que no quiere hacerse una quimioterapia ningún establecimiento médico lo va a forzar, así mucha gente considere que es lo mejor para ella. Tiene que aplicarse igual en los contextos psiquiátricos”.

Lee su testimonio completo aquí.

José Antonio Guevara: el tratamiento involuntario es una forma de privación de la libertad

Guevara insiste en la violación a derechos humanos en el Artículo 74 bis de las excepciones del “consentimiento previo, libre e informado” que no se cumple. Así como la fracción IV del mismo 74 bis que permitiría que se someta a un tratamiento involuntario. Considera que el internamiento involuntario “es una forma de privación de la libertad” y al ser una forma de detención son aplicables salvaguardas para evitar arbitrariedades en tratados internacionales de derechos humanos.

Guevara, doctor en derecho con especialidad en derechos fundamentales, señala también que como lo señala el Comité DESC en su interpretación del Artículo 12, el derecho a la salud entraña libertades y derechos incluyendo que, para que una persona otorgue su consentimiento se deberá garantizar que la información se comunique de forma adecuada en un lenguaje que se entienda y por todos los medios, modos y formatos.

Lee su argumentación completa aquí 

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