Esterilización a mujeres con discapacidad, una violencia común

Ilustración por Mariela Paz Moyano

Por Yo También/ Redacción

Una de las mayores preocupaciones para las mujeres y niñas con discapacidad es la práctica de la esterilización de una manera desinformada, no consentida, forzada o coercitiva,  destaca el informe “Abuso y Negación de Derechos Sexuales y Reproductivos a Mujeres con Discapacidad Psicosocial en México” realizado por Disability Rights International y el Colectivo Chuhcan. 

“La mayoría de familias se mueve por ese pensamiento [evitar embarazos por violaciones] establecido para proteger, pero en última instancia es una intervención invasiva e inadmisible en en el cuerpo de estas personas”, explicó Isabel Caballero, coordinadora de la Fundación Cermi Mujeres en España, para el portal Medular Digital.

La activista señaló que la esterilización va ligada a la concepción de que las personas con discapacidad no son activas sexualmente (aunque sí pueden ser violadas, suponemos) y, de este modo, se evitan embarazos de personas que, “hablando de una forma muy radical, no son funcionales para la sociedad”. En ese sentido, indicó que en muchos casos, son las propias familias las que inician los procedimientos, primero de incapacitación legal y luego de esterilización”.

El artículo Esterilización de niñas y jóvenes con discapacidad: ¿protección o exposición?, publicado en el portal Pie de Página en diciembre de 2018, se revela que en México aún hay casos de esterilización a mujeres con discapacidad contra su voluntad,  además de que las exponen a un cambio drástico sin hacerlas parte y las arroja a más abusos sexuales. Aunque no sabemos cuántas mujeres con discapacidad son sometidas a este procedimiento, todos los días, en nuestro país, se esteriliza a tres mujeres menores de edad. 

“En lugar de brindar una atención basada en sus derechos, protegerlas del agresor y escuchar sus necesidades, se somete a las jóvenes con discapacidad abusadas a una nueva agresión: una operación para evitar que, cuando sean violadas, queden embarazadas; así, la operación que dicen se hace para prevenir, termina sometiéndolas a más abusos”.

Esta práctica es contraria a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en la que se establece que éstas, incluidos los niños y las niñas  “mantengan su fertilidad en igualdad de condiciones que las demás”.

En un texto publicado en Animal Político en septiembre de 2019, el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) enfatizó que el Estado mexicano debe asegurar los servicios de consejería y entrega de anticonceptivos tomando en cuenta las necesidades y características de las personas que viven con alguna discapacidad.

En este sentido, Catalina Devandas, relatora especial de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, declaró en 2017 que los Estados deben derogar inmediatamente toda la legislación que permita cualquier procedimiento que afecte la salud y los derechos sexuales y reproductivos de niñas y mujeres jóvenes sin su consentimiento libre e informado.

“La educación sexual y los servicios de salud deben ser accesibles para todas las mujeres y niñas con discapacidad, para aumentar la sensación personal de control y facilitar la toma de decisiones autónoma”, enfatizó la relatora de la ONU. Desde 2014, la ONU hizo una recomendación a México en el tema de la esterilización forzada o bajo coerción a niñas, adolescentes y mujeres con discapacidad. Habló de un caso específico: de la Casa Hogar Esperanza donde esto fue documentado incluso bajo la anuencia del DIF.

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