Ganan personas con discapacidad más lugares para ser legisladoras: ahora, además, tendrán una senaduría.

El Instituto Nacional Electoral (INE) tuvo que volver a votar el tema de las acciones afirmativas o lugares reservados en el Congreso para grupos en situación de histórica exclusión. El resultado para el proceso electoral 2023-2024 es que se mantendrán las curules en la Cámara de diputados y, además, tendrán un lugar en el Senado. 

Tras que el INE determinó reducir el número de candidaturas reservadas para diversos grupos en situación de vulnerabilidad, más de 100 impugnaciones de ciudadanos y ciudadanas llegaron al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). El pasado 15 de noviembre, su Sala Superior, por unanimidad de votos revocó su acuerdo por considerarlo regresivo. Le ordenó tener un nuevo acuerdo.

Este sábado el INE repuso la discusión y mejoró mucho los lugares reservados. Además determinó, porque el TEPJF lo mandó, 9 lugares reservados para el Senado.

El grupo de pueblos y comunidades indígenas ganó cuatro curules (es decir, lugares en la Cámara de diputados) y cinco escaños (lugares en el Senado) más que en el proceso electoral 2020-2021. Las personas que sean postuladas a escaños deberán contender donde ese sector de la población sea mayor al 30 por ciento, es decir, en Campeche, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo y Yucatán.

Así quedaron los números para los diversos grupos

Otros grupos en situación de discriminación tales como personas indígenas, afromexicanas, de la diversidad sexual y migrantes y residentes en el extranjero, también tendrán lugares garantizados o acciones afirmativas.

Es la primera vez que hay acciones afirmativas para grupos en el Senado y los que tengan lugar por lista deberán ser en los primeros 15 lugares. Son nueve lugares de entre los 128 escaños de esa Cámara.

¿Cuál era el pasado acuerdo del INE?

Como contamos en la nota “INE excluyente resucita el ‘Plan B’ y reduce las acciones afirmativas” del pasado 13 de septiembre, el acuerdo de ese momento era mucho peor: los partidos políticos sólo estaban obligados a dar 30 fórmulas para grupos de pueblos y comunidades indígenas, el mismo número, y luego 20 fórmulas a todos los grupos en situación de exclusión sin considerar un “piso mínimo” para cada uno como en el proceso electoral 2020-2021. Sólo decía que los partidos debían nombrar “al menos una fórmula por cada grupo”. 

Esto dejaba a la decisión de cada partido nombrar esas sólo 20 candidaturas a la Cámara de diputados de cualquier grupo en situación de exclusión y aumentaban a otro más: “personas en situación de pobreza”, lo que reducía más los lugares al aumentar otra categoría.

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