Por Katia D’Artigues 

Ni la secretaría de Salud ni el Consejo de Salubridad General ni el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ni la Comisión Federal contra la protección contra riesgos sanitarios (Cofepris) se responsabilizan y dicen ‘esta boca es mía’ con respecto a la situación de los hospitales psiquiátricos en el país y de las personas con discapacidad psicosocial que ahí viven. Ni aunque se los ordenó un juez. Tampoco 18 entidades de la República dan información o, si la dan, aceptan claramente que las medidas básicas para la protección de las personas a su cargo es deficiente. 

Es por ello que la organización Documenta, la cual presentó desde abril y ganó un amparo para saber qué pasa en los más de 40 centros psiquiátricos en el país y saber si implementan ocho medidas necesarias para proteger la vida y la salud de las personas que habitan en estos centros, presentó la semana pasada su “Semáforo de atención a psiquiátricos ante el COVID-19” para denunciar la falta de información institucional, para reiterar y visibilizar la preocupación por las personas que ahí viven.

Lo hacen tras recibir la respuesta oficial de 17 entidades (de 25) donde se encuentran estos lugares.

Baja California Sur, Chihuahua, Zacatecas, Nuevo León, Michoacán, Hidalgo, Veracruz y Chiapas no respondieron nada y están en semáforo guinda.

De esas 17 respuestas, Baja California, Sonora, Sinaloa, Durango, Coahuila, Tamaulipas, la Ciudad de México, Oaxaca, Tabasco y Campeche respondieron que cumplen entre cero y cuatro medidas y están en semáforo rojo.

Jalisco, Aguascalientes, Guanajuato, Puebla y Colima declararon que cumplen entre cinco y seis medidas y se les asignó semáforo amarillo. 

Sólo tres entidades, San Luis Potosí, el Estado de México y Yucatán declaran que cumplen entre 7 y 8 medidas, por eso tienen semáforo verde. 

El semáforo

Pueden ver un mapa de la República Mexicana aquí con los colores del semáforo de Documenta con los datos que están acá arriba. 

Las autoridades no reportan brotes; los periodistas sí

Las autoridades no han reportado brotes de COVID en los hospitales psiquiátricos, los periodistas sí. Es también con base en reportes periodísticos que el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ya también prepara 

Hasta el momento se han documentado ya cuatro casos de hospitales psiquiátricos donde hay pacientes y empleados contagiados con COVID-19. El caso más grave, que documentamos en Yo También junto con el El País, sigue siendo el Hospital Psiquiátrico Samuel Ramírez Moreno con 19 casos. Ya murieron un paciente y 3 enfermeros. 

Pero también se han registrado casos en el Psiquiátrico Civil Libertad, en Ciudad Juárez, Chihuahua, con dos empleados; en el Psiquiátrico de Yucatán, con 3 pacientes, y en el Psiquiátrico Villa Ocaranza de Hidalgo con 4 pacientes y 4 empleados.

En la conferencia de prensa, la directora ejecutiva del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, Vilma Ramírez, comentó que su área ya está allegándose de material para la elaboración de un Informe Especial. Es competencia de su área porque muchas personas con discapacidad psicosocial están privadas de su libertad y sometidas a tratamientos médicos contra su voluntad lo cual se equipara a tortura. Ella también comentó que no reciben información de parte de las autoridades y que están basando su Informe en reportes periodísticosLa conferencia de prensa completa, en la cual también participé, la pueden ver completa aquí en este posteo de Documenta en Youtube. Diana Sheinbaum, una de las fundadoras de la asociación reportó este miércoles que no han tenido ninguna otra respuesta tras la conferencia que fue el viernes pasado, ni ninguna reacción de parte de las autoridades.


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