Por Santiago García 

Alejandro Pacheco Castillo, atleta paralímpico con discapacidad visual, fue detenido con violencia el 7 de enero, porque se negó a salir del andén para mujeres, en la estación del Metro Etiopía de la CDMX, donde esperaba a otras personas para ir a entrenar.

Después de ser víctima de insultos y golpes, Pacheco se dirigió a la Fiscalía para la Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos donde presentó una denuncia. El atleta (quien obtuvo medalla de bronce en la prueba de 1500 metros categoría T11 en los Juegos Parapanamericanos 2019), aseguró que existe un vacío en la ley porque no considera que las personas con discapacidad visual puedan identificar a los delincuentes. 

En estos casos, el Ministerio Público solicita testigos o videos para poder acusar a alguien, pero las autoridades del Sistema de Transporte Colectivo Metro no le entregaron los videos y él iba solo.

“El delito queda impune, no pasa nada, las mujeres tienen derechos, pero nosotros, las personas con discapacidad y más los que tenemos discapacidad visual, no podemos defendernos, no podemos ver quién nos agrede. Aunque nos estén robando o pegando nunca procede la denuncia”, lamentó el deportista.

Ni en el juzgado cívico ni el ministerio público fue apoyado por alguna autoridad para que le leyera su declaración, la copia de la Carpeta de Investigación que le entregaron no estaba en braille y tampoco había médico legista.

Este hecho, deja al descubierto la falta de protocolo para casos de detención de personas con discapacidad. 

Falta capacitación a policías 

Aunque organizaciones civiles, como Documenta A.C.,  han puesto a disposición de las autoridades manuales o guías para buenas prácticas en caso de detención de pcd, no son obligatorios ni tienen difusión, incluso, Documenta asegura que no hay estadísticas oficiales para saber cuántas pcd son detenidas al año.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SCC) reconoce que no tiene un protocolo, pero cuenta con algunas recomendaciones para casos de discapacidad. A través de un documento, de sólo 4 párrafos, conocido como “Actuación de la SSC en la Detención de Personas con Discapacidad” menciona:  “los policías deben realizar detenciones atendiendo las precauciones y consideraciones necesarias para las condiciones de edad, sexo, discapacidad o cualquier otra que implique una diferencia en el tratamiento de la persona detenida”.

Agrega que la SSC actúa bajo principios de servicio a la comunidad, respeto a los derechos humanos y la legalidad, utilizando la fuerza de acuerdo al marco de actuación, pero en Documenta aseguran que muchos agentes no saben tratar ni identificar a una pcd.

Esta falta de reglamentación y capacitación vulnera los derechos de pcd frente a una detención. El Conapred alertó, con base en los resultados de la Encuesta Nacional Sobre Discriminación 2017, que las personas con discapacidad son el grupo más violentado en el ámbito social y negación de los derechos con 25.1 y 30.9%, respectivamente.

Si bien a partir de noviembre entró en vigor el Registro Nacional de Detenciones (que concentra a nivel nacional la información de todas las fuerzas de seguridad para facilitar la información sobre la detención de una persona, su ubicación, así como prevenir la violación de los derechos humanos de un detenido), esto no garantiza un trato correcto en el proceso de detención de pcd. 

Más preocupante son aquellos casos donde la discapacidad no es visible, es decir en 7 de cada 10 casos. 

En el libro “Hacia un Sistema de Justicia Incluyente”, investigación de Diana Sheinbaum y Sara Vela, hay un dato poderoso: “las pcd psicosocial son aún más vulnerables a detenciones arbitrarias porque son altamente te susceptibles a ser objeto a acusaciones policiales”, muchas fundamentadas en revisiones rutinarias, denuncias anónimas o actitudes sospechosas. 

En estos casos no dejan evidencia documental de la discapacidad del detenido.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación presentó, en 2014, un protocolo de actuación para quienes imparten justicia en los casos relacionados con personas con discapacidad (lo puedes leer aquí), pero falta el paso previo con las detenciones. 

Pcd: siete veces más probables de ser víctimas de delito 

El caso de Alejandro Pacheco no es una excepción. 

En octubre,  conocimos el caso de Arturo Medina Vela, un joven con discapacidad psicosocial e intelectual, que pasó cuatro años en prisión y no se le respetaron sus derechos.

La ONU, a través del histórico primer caso de una persona analizada de manera favorable a través del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, dictaminó que en el caso de Medina Vela, de 29 años, se violaron los derechos a la no discriminación, el acceso a la justicia, a la libertad y seguridad, reveló que su caso estuvo plagado de errores y ordenó al Estado mexicano una disculpa pública para la víctima, que no se ha dado.  

Lee más sobre el caso de Arturo Medina Vela

El Centro Nacional de Justicia Penal y Discapacidad de EU advierte que las personas con discapacidad tienen siete veces más probabilidades de ser víctimas de un delito y a menudo son re victimizadas.

El organismo recomienda sensibilizar y educar a los oficiales sobre las discapacidades que encontrarán al estar en contacto cotidiano con la gente, ser conscientes del impacto de sus acusaciones y que las autoridades proporcionen recursos para garantizar cursos, entrenamiento continuo para identificar y tratar a pcd, incluso cuando exista la sospecha porque la discapacidad no es visible como el autismo o la discapacidad psicosocial. Documenta advierte que estas personas, por ejemplo, no pueden estar encerradas mucho tiempo ya que existe el riesgo de que se provoquen lesiones ante el estrés, angustia o miedo.

La recomendación es promover las modificaciones a la ley para que la capacitación sea obligatoria, que las pcd tengan acceso a la justicia y reciban trato digno y apegado a los derechos humanos.

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