Los periodistas preguntaron esta semana por taxis con descuentos, subtítulos en las conferencias y más pensiones de Bienestar para pcd. López Obrador quedó en ‘ver’ cuestiones que ya tienen una solución, siempre y cuando se aplicaran y conocieran las leyes.

Por Agustín de Pavia Frías
2 de agosto de 2019

En la conferencia mañanera del 30 de julio, por primera vez en muchas semanas aparecieron preguntas vinculadas con la discapacidad. 

Fueron tres en total: sobre apoyos para transporte público para personas con discapacidad, sobre intérpretes de Lengua de Señas Mexicana (LSM) y subtítulos en sus conferencias y sobre la ampliación de las pensiones a personas con discapacidad de entre 30 y 67 años (que quedaron fuera del programa diseñado por la Secretaría de Bienestar).

Las respuestas fueron ‘políticamente cortas’ y sin mucha información extra. 

Por eso me puse a la tarea de buscar ‘otros datos’ (en este caso no financieros, sino legales) que sí respondan a esas preguntas que quedaron un poco vagas, casi al final de la conferencia matinal:

¿Hay modo de que exista un programa especial de transporte para personas con discapacidad? Porque hay personas que no se pueden transportar a través de servicios públicos y necesitan taxis y allí no dan descuentos.

Lo revisamos. 

¿Cuál es la respuesta legal correcta? 

No es necesario un programa de apoyo directo, solo se tiene que cumplir con la Ley General de Inclusión de Personas con Discapacidad. En ella se estipula que los concesionarios de transporte público y de pasajeros (donde se incluye a los taxis) deben dar descuentos a personas con discapacidad. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes es el organismo que debe obligar a los concesionarios a cumplir con esta Ley, aunque de facto no lo ha hecho nunca (para beneficiar a los taxistas y sector empresarial). Esto es tan común y es tan clara la violación a los derechos de las personas con discapacidad, que la CNDH emitió una reconvención.

No hay que ‘revisar’ nada, ni establecer ningún programa de apoyo económico. Solo se debe hacer cumplir la Ley.

¿Habría modo de pasar los cintillos (subtítulos) de todas las conferencias, pues hay mucha gente que no entiende la Lengua de Señas (Mexicana) y además solo aparece en la transmisión por internet?

Se verá.

¿Cuál es la respuesta legal correcta? 

El uso de subtítulos está previsto en la Ley General de Inclusión de Personas con Discapacidad, que establece el derecho a la accesibilidad a la información a través del uso de subtítulos o del uso de un recuadro para incluir a un intérprete de LSM. Es decir que, legalmente, las mañaneras del presidente cumplen con la Ley.

Esta obligación tiene muchos años pero no fue sino hasta el sexenio pasado que se empezó a cumplir, por que las reglas de la Secretaría de Gobernación exigen que las áreas de Comunicación Social del gobierno cuenten con estos servicios. En caso contrario, no se autoriza la difusión.

Además, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (Reforma del sexenio pasado) establece que las televisoras deben contar con los subtítulos  y con intérpretes de LSM. Por esta razón deberíamos acceder todos a las dos opciones (subtítulos y LSM) en todas las transmisiones que las televisoras suben a sus plataformas en vivo. 

La respuesta no debió ser ‘se verá’ sino que ya existen dos leyes al respecto y son los medios de comunicación quienes deben, en este caso, cumplir con su obligación.

La población de entre 30 y 67 años con discapacidad tiene muchas dudas sobre si van a entrar en el programa de ayudas, porque tienen que comprar aparatos ortopédicos que son caros y no hay descuentos medicinas especiales.

Estamos empezando por niñas y niños discapacitados (sic) pobres. Hay un millón de ayudas. En  la medida que tengamos más presupuesto lo ampliaremos. Hay excepciones, como la gente mayor humilde y necesitada. Espero que nos vaya bien y son tres cosas en las que ahorraremos: no permitir la corrupción, con la austeridad republicana y al crecer la economía y aumentar la producción petrolera.

¿Cuál es la respuesta legal correcta? 

En el Diario Oficial de la Federación se encuentran Lineamientos de Operación de la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente. 

El Programa estima que hay 7.1 millones de personas con discapacidad en México: 8.8 % son niñas, niños y adolescentes (624,800 personas) e indígenas con discapacidad (484,000 personas). Solo estos dos grupos suman 1,108,000 personas con discapacidad. Este dato es importante porque el Programa, según el propio presidente, tiene presupuesto para solo un millón de beneficiarios.

El programa tiene dos criterios de selección por población y por orden de preferencia: niñas, niños y jóvenes con discapacidad permanente de cero a 29 años cumplidos; indígenas de 30 a 64 años de edad cumplidos y adultos con discapacidad permanente de 30 a 67 años cumplidos.

Es decir, las personas con discapacidad de 30 a 64 años están en el último rango de importancia. Si solo con los niños, niñas y jóvenes, además de los indígenas con discapacidad, ya suman más de un millón, entonces ¿cómo puede el presidente decir que la excepción son las personas mayores y humildes con discapacidad?

Porque existe otro criterio del Programa: las áreas donde opera son zonas indígenas y de alta marginación. El propio Programa de Bienestar estima que 84.9 % de la población con discapacidad se encuentra en situación de vulnerabilidad

Dicho de otra manera, 15% de la población con discapacidad no podrá recibir el apoyo: unos 150,000 niños, niñas y adolescentes que no viven en una zona geográfica de marginación no pueden ser beneficiarios del programa.

Estas estimaciones (sí, estimaciones porque no hay transparencia en el censo) dependen de que el 100% de las niñas, niños, jóvenes e indígenas con discapacidad se haya inscrito al Programa o haya sido efectivamente censado.

Si el 100% de la población que cumple con los parámetros para ser beneficiaria de estos apoyos económicos se inscribe, la cifra excederá el millón de pensiones presupuestadas para el programa. La propia Secretaría de Bienestar, vía la subsecretaria Ariadna Montiel, reconoció que son un total de 2.5 millones de personas quienes cumplen con el perfil (quedando 1.5 millones fuera de los planes de ayuda).