Por Katia D’Artigues

Siempre lo supimos o más bien, lo intuímos. Había datos generales al respecto en varios lugares del mundo, incluso la ONU: las personas con discapacidad viven más violencia. Sobre todo las mujeres y niñas viven hasta 10 veces más violencia que las mujeres y niñas sin discapacidad. Sin embargo, en México, el país de los “otros datos” en muchos sentidos, no tiene datos de esto. Ninguno.

Este jueves, sin embargo, Human Rights Watch América nos dio un ‘probadita’ de este amargo pastel de datos al presentar un informe llamado “A veces es mejor hacerse invisible. Violencia familiar contra personas con discapacidad en México”. Carlos Ríos Espinosa, investigador y abogado senior de la división de derechos humanos de personas con discapacidad entrevistó a 24 mujeres y 14 hombres que viven en Oaxaca, Jalisco, Nuevo León y la Ciudad de México para que le contaran la situación de violencia que vivieron o siguen viviendo en sus casas. 

Las historias son indignantes, todas. Hombres y mujeres que viven olvidados por sus familias que los atienden cuando pueden, incluso para bañarse, que son agredidos todos los días o que viven en encierros permanentes y no solo por el COVID19.

Una mujer, como Guadalupe Huerta Mora, que ayer dio su testimonio de viva voz en la conferencia de prensa virtual para presentar el informe, adquirió su discapacidad por violencia. Ahora sobrevive con 150 pesos a la semana que logra reunir vendiendo dulces y bajo el cuidado único de su hijo adolescente. 

Además de las historias, Ríos Espinosa desmenuza todo lo que nuestro país debería de hacer para garantizar los derechos de estas personas y que no se hace. Aquí una nota sobre el informe que presentamos en Yo También

Los albergues para recibir a mujeres que viven violencia (de por sí con presupuesto recortado, saturados) no son accesibles de manera física en un 80% y además, dentro de sus reglamentos no reciben a personas que puedan tener alguna discapacidad psicosocial (una condición de salud mental). En ese caso lo que sucede es que van directo a un hospital psiquiátrico. ¿Se imagina la doble discriminación? Y no hay ninguna alternativa para hombres que viven violencia.

El documento es un catálogo de una violación tras otra a los derechos humanos de las pcd que, además, es muy difícil que denuncien la violencia que viven. De entrada, dependen de sus agresores para denunciarlos a ellos o ellas mismas. Y cuando pueden denunciar a veces el sistema de justicia sencillamente no está preparado -pese a cambios legales- para atenderlos o no les creen. 

Ríos Espinosa hace al final una serie de recomendaciones a los gobiernos que urge que se atiendan. Y que comienza con un llamado al INEGI: deben incorporar ya mediciones, apartados, de violencia contra personas con discapacidad y mujeres en sus encuestas regulares. 

No todo son becas para 1 de cada 10 millones de personas con discapacidad. Se tienen que hacer políticas públicas. Ver a las personas con discapacidad como lo que son hoy: personas invisibles o que prefieren hacerse invisibles, como dice el Informe, para no sufrir más violencia de la que ya viven. 

Ayer, José Miguel Vivanco, director ejecutivo de Human Rights Watch Americas, un experto en temas latinoamericanos y muy conocedor de lo que pasa en México, hizo un llamado a que se nombre a alguien al frente del organismo que debe impulsar políticas públicas para todas las personas con discapacidad en México. 

Pero también hizo un llamado especial al mismo presidente Andrés Manuel López Obrador que deje de la retórica y pase a la acción. “El compromiso”, dijo, “se nota en los resultados y no en los discursos”.


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