Formar una familia y vivir con quien uno quiera es un derecho de todos, que no debe estar sujeto a la condición física o intelectual de las personas. 
Actualmente, en México, las personas con discapacidad intelectual, si su familia les hace un juicio de interdicción, no pueden casarse, votar, donar órganos ni heredar sus bienes, además de que tampoco tienen coberturas por parte de las aseguradoras privadas, de acuerdo con el portal Animal Político.

Frente a la necesidad de avanzar en la legislación sobre este tema, el ministro Alberto Pérez Dayán de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) propone discutir como inconstitucionales los artículos del Código Civil del Estado de Guanajuato que limitan a las personas con discapacidad intelectual para contraer matrimonio. 

Tentativamente, en las próximas semanas la SCJN podría resolver una acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre diversas fracciones de los artículos 153 y 503 del Código Civil del Estado de Guanajuato, los cuales fueron reformados en septiembre de 2018 y prohíben a las personas con discapacidad intelectual contraer matrimonio.

Agustín de Pavía Frías, abogado y director de Yo También, explica que la importancia de resolver este asunto radica en que la Suprema Corte y los ministros podrán emitir un voto y una decisión respecto a cómo interpretan la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, “y este sería el primer caso donde claramente se está analizando capacidad jurídica de personas con discapacidad”. Con ello, indicó, la SCJN le estaría ordenando al Congreso cómo tendría que ser y cómo debe entenderse la ley”.

De Pavía explicó que de entrada la reforma hecha en Guanajuato es ilegal, porque no contó con la participación social y consulta de las personas con discapacidad intelectual y que por ello, hay altas posibilidades de que la Corte resuelva a favor de este sector. La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, que México firmó y ratificó, plantea que la legislación y política pública que afecte a la comunidad debe ser consultada con ella.

“No va a salir esa reforma, ya sea por falta de participación, que es un argumento que ellos (SCJN) ya está utilizando mucho, y el otro porque es violatorio de los derechos de personas con discapacidad, pero en vez de decir que es violatorio, dicen exactamente cómo se viola para que la Corte le diga al legislador y a los abogados de cómo deben leer el Código (Civil) de Guanajuato. La nota va a ser que va a resolver a favor protegiendo derechos”, estimó De Pavía.

SI bien habrá que seguir de cerca cómo se desarrolla este fallo, aún hay mucho por hacer a nivel local. ¿Qué pasa en cada estado? ¿Cuáles son las barreras para casarse de las personas con discapacidad y qué artículos deben modificarse para que las pcd tengan el pleno acceso a su derecho a contraer matrimonio?

Aquí recorremos estado por estado.


Para saber más:

Capacidad jurídica 
La capacidad jurídica es la aptitud que tiene una persona para adquirir derechos y contraer obligaciones por sí mismo.