Por Redacción Yo también

Este 29 de julio se discutirá la aprobación de una ley general de salud mental que viola los derechos humanos, misma que ha sido impulsada por la Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre. Asimismo, diversas voces advierten que ante el contexto de la pandemia, dicha iniciativa no aporta soluciones para atender emergencias, al contrario, podría generar desprotección a la población.

En un pronunciamiento realizado por Documenta, A.C, Disability Rights International (DRI), Human Rights Watch, Sin Colectivo, Voz Pro Salud Mental y Yo También, todas organizaciones defensoras de los derechos de las personas con discapacidad, expresan su preocupación por dicha ley  ya que no corresponde a un enfoque de derechos humanos y viola varios artículos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

“Urge que en México podamos contar con un sistema de salud mental digno, cercano a la comunidad y que se abandone el modelo de segregación en instituciones psiquiátricas. Por eso, aprobar esta ley no es la vía” establece el comunicado.

A finales de marzo, tuvimos la oportunidad de charlar con Diana Sheinbaum, socia fundadora de Documenta, A.C, quien nos dijo que, la ahora llamada #LeyBañuelos perpetua o continua impulsando un modelo de atención donde las personas usuarias del sistema de salud ven limitados sus derechos fundamentales, como el derecho a decidir sobre su propio tratamiento.

En esta nueva iniciativa, un familiar podría decidir sobre el tratamiento de una persona con alguna condición de salud mental e incluso internarlo en contra de su voluntad. De hecho, la relatoría especial sobre discapacidad de la ONU dice que las personas con discapacidad no pueden ser privados de su libertad ilegal o arbitrariamente (…) La discapacidad no justifica en ningún caso una privación de la libertad.

En su columna ‘Una ley que no debe ni dictaminarse: la de Salud Mental’, Katia D’Artigues menciona que una iniciativa así resultaría perjudicial para uno de los grupos más vulnerables y estigmatizados como son las personas con discapacidad psicosocial, y además se esté pretendiendo legislar de manera poco responsable, al vapor, en fast track.

La propuesta de los distintos colectivos, así como de la sociedad civil es que se retire esta ley y que el Senado haga un ejercicio para discutir la conformación de una política pública sobre salud mental para evaluar la conveniencia de reformar la Ley General de Salud.


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