Dudas, simulación y desinterés: Las fallas de las acciones afirmativas para las personas con discapacidad

Las fallas en el diseño de las acciones afirmativas permitirán que el próximo 2 de junio haya aspirantes que, con miopía, astigmatismo o con alguna condición física de la que nunca ha habido evidencia, compitan como parte de las candidaturas destinadas para personas con discapacidad, lo que ha generado cuestionamientos de activistas y organizaciones en varias entidades del país.

Aunque están pensadas como una manera de disminuir la desigualdad y la discriminación, las acciones afirmativas todavía no pueden garantizar que exista una efectiva representación de las personas que pertenecen a grupos en situación de vulnerabilidad y, todavía menos, que se avance en la agenda de la inclusión, de acuerdo con especialistas.

Y es que aunque los marcos normativos de las autoridades electorales federales y locales establecen los requisitos para las candidaturas de pcd, no existen mecanismos que corroboren que existe de la condición de discapacidad, lo que también ha sido señalado por activistas.

El , que fija los requisitos que deben cumplirse a nivel federal para el registro de candidaturas por discapacidad, especifica que el cumplimiento será valorado conforme a los lineamientos de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos (DEPPP) del Instituto Nacional Electoral o por los Consejos Distritales, “pero no respecto de la naturaleza o grado de la discapacidad”.

Así, para registrar una candidatura en acción afirmativa por discapacidad basta con la entrega de una certificación médica expedida en institución pública o privada en donde se especifique el tipo de discapacidad y su carácter permanente o la copia de la Credencial Nacional para Personas con Discapacidad vigente, emitida por el Sistema Nacional DIF.

Cecilia Guillén, defensora y especialista en derechos de las pcd, criticó que las autoridades electorales no cuenten con las facultades de revisar si, en efecto, quien aspire a la acción afirmativa sea una persona con discapacidad.

“Se necesita de muy poquita lectura para ver si se cumple con la norma. El INE dice que no puede verificar el certificado, entonces estamos ante una acción que sí es necesaria pero que no está bien diseñada (…) porque entonces tienes a un partido que agarra a personas con condiciones que ni siquiera son creíbles, con las que se inventan una candidatura”, mencionó.

Guillén, quien en 2021 fue candidata a una diputación federal por acción afirmativa, recordó cómo en ese año hubo aspirantes que argumentaron tener várices en un brazo como condición de discapacidad.

“Los OPLEs (Organismo Público Electoral) y el INE, sabiendo que era un problema, no quisieron poner las reglas para prevenir este desastre”, sentenció Guillén, de la organización En Primera Persona.

Coincide con ello Hilda Laura Vázquez, otra activista con discapacidad visual que también fue postulada como parte de las acciones afirmativas en la elección federal de 2021.

“El error no son las acciones afirmativas, es cómo las llevamos a cabo y cómo está la implementación en este tipo de acciones”, mencionó Vázquez en entrevista para Yo También.

Los casos sobre aspirantes que han accedido a candidaturas de acción afirmativa con discapacidad, y que han sido cuestionados, se registran en todo el país. A continuación abundaremos en algunos de ellos.

Miopía y astigmatismo como discapacidad

Carlos Alberto Soto Delgado busca la reelección como presidente municipal de Zamora, Michoacán, aunque ahora lo hará con una postulación de acción afirmativa de discapacidad, lo que permite a su partido -el PAN-, cumplir con la cuota que indica la normativa electoral vigente en el estado.

Soto, que no usa lentes ni alguna ayuda como bastón o perro de asistencia, aseguró tener una discapacidad visual, como reportó El Sol de Zamora.

Su representante legal, Eduardo Ruiz, dijo al mismo medio que Soto tiene “miopía y astigmatismo permanentes”.

“Según el consejero presidente del IEM (Ignacio Hurtado Gómez), en este punto, no puede hacer más que confiar y actuar de ‘buena fe’ en el sentido de que dichos documentos sean reales y no apócrifos. Reconoció que el órgano electoral, no tiene la capacidad para decir quién sí tiene una discapacidad o quien no, y sólo tiene la atribución de verificar que esos documentos provengan de una institución de salud pública”, explicó el diario.

Hurtado manifestó que corresponde a los partidos o a la ciudadanía impugnar la candidatura.

“Hay cosas que no son visibles y lo único que tenemos nosotros como autoridad electoral es un documento, no podemos invadir su privacidad o intimidad, porque tampoco somos doctor ni peritos. Hay cosas en las que debemos confiar desde la buena fe”, remató el funcionario.

Discapacidad sin evidencia pública

En Michoacán, Julieta García Zepeda busca la reelección al cargo de diputada local, aunque en esta ocasión lo hará en una candidatura de personas con discapacidad.  

Quadratín publicó que García cumplió con el requisito de entregar un certificado médico de discapacidad permanente que informa de una afección que le causa pérdidas temporales de visión.

“La candidata presentó un certificado de institución pública, sellado y firmado por médico; como propietaria, acreditó neuritis óptica, y su suplente, retinopatía diabética”, explicó la consejera del Instituto Electoral de Michoacán, Araceli Gutiérrez Cortés.

A pesar de lo argumentado por la legisladora, durante su trabajo como representante popular no ha habido un solo registro de su discapacidad, de acuerdo con el portal noticioso.

“Durante su desempeño en la 75 Legislatura, de la que García Zepeda ha formado parte desde 2021, no se ha tenido noticia de alguna pérdida de visión, ni se han hecho públicas ausencias a su tarea de legislar por su supuesta discapacidad visual”, explicó el medio.

Víctor Zurita Ortiz, compañero de bancada de García Zepeda, dijo que junto con dirigentes de organizaciones de personas con discapacidad está valorando la presentación de impugnaciones ante el IEM por la presunta usurpación de candidaturas de acciones afirmativas por personas que no cumplen con la condición de discapacidad.

Zurita, quien vive con discapacidad auditiva, dijo que las candidaturas de acciones afirmativas buscan la inclusión de grupos en situación vulnerabilidad, por lo que quienes los representan deben ser personas que viven en discriminación y trabajan por inclusión, según El Sol de Zamora.

Al menos dos casos en Oaxaca

Personas con discapacidad en Oaxaca han señalado que los candidatos Amando Bohórquez y Fidel Martínez, postulados por acción afirmativa, no cumplen con la condición de discapacidad.

“La verdad me indigna que la ambición de poder esté por encima de los valores morales y lo peor es que se intente violentar la ley. Si sabes que no eres una persona con discapacidad, que nunca has ayudado ni representado la causa, porque intentar hacer fraude buscando contender a un cargo de elección popular ocupando un espacio legal que no te corresponde”, dijo Édgar Cruz Luján, deportista con discapacidad, a Milenio.

Amando Demetrio Bohórquez Reyes, del PRI, es candidato a diputado local por la vía de representación proporcional; mientras que Fidel Moisés Martínez Salazar, va por Fuerza por México también por representación proporcional.

Opacidad en Sonora

Activistas y organizaciones de pcd acusaron de opacidad en la información acerca de las candidaturas de acción afirmativa en Sonora.

Jorge Guereca Mada de la fundación “Por un mejor andar”, declaró que el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora (IEEyPC) no ha respondido a la petición de un reporte de las personas que compiten por algún cargo popular.

“Estamos a la espera de un número, pedimos nombre, tipo de discapacidad, pero hay evasivas de las autoridades, lo que pedimos es que digan quiénes son los candidatos registrados de los partidos bajo los lineamientos de acciones afirmativas, discapacidad, LGBT.

“(Pedimos a) La población con discapacidad y partidos estén atentos de contrarios de que cumplan con esa parte, porque esa lucha que hemos traído de buscar espacios de representatividad en el Congreso de alguien con discapacidad o LBGT no se vuelva una burla y a su conveniencia, porque no se está impugnando, hay hermetismo en los partidos con esa información (de decir quiénes son sus abanderados)”, dijo Guereca a El Sol de Hermosillo.

En un , el instituto dijo que son 125 personas con discapacidad las que compiten por algún cargo.

 “¿Realmente quieren estar en nuestro lugar?”

A través de un posicionamiento, el Movimiento Nacional de Personas con Discapacidad región Tlaxcala reprobó a quienes se han asumido como pcd sin serlo para obtener un registro a través de las acciones afirmativas destinadas a quienes viven con discapacidad.

“(…) nos manifestamos completamente en contra de las actitudes de dichas candidatas y candidatos a quienes señalaremos por tratar de engañar a la ciudadanía. Las personas con discapacidad históricamente hemos sido vulneradas por personas que sin empatía quieren ocupar los espacios que, por ley, nos corresponden”, expresa una de Facebook.

El movimiento pidió al Instituto Tlaxcalteca de Elecciones reforzar la vigilancia en lo que respecta a las acciones afirmativas. “Y a aquellas personas candidatas les decimos: ¿Realmente quieren estar en nuestro lugar?”, sentenció la publicación.

El tortuoso camino de las acciones afirmativas 

Estas elecciones federales serán las segundas en las que se apliquen las acciones afirmativas para garantizar candidaturas a personas indígenas, afromexicanas, con discapacidad, de la diversidad sexual y migrantes residentes en el extranjero.

A nivel federal, el Instituto Nacional Electoral estableció en el que las candidaturas reservadas para pcd deben ser al menos ocho en diputaciones (seis por mayoría relativa y dos por representación proporcional en los 10 primeros lugares de la lista) y una senaduría (por representación proporcional, dentro de los primeros 15 lugares), siendo la primera vez que se implementan acciones afirmativas para el Senado.

En total son 54 diputaciones y nueve senadurías repartidas entre personas indígenas, afromexicanas, con discapacidad, de la diversidad sexual y migrantes residentes en el extranjero.

Que sea un acuerdo del INE y no una ley tiene su explicación.

La mayoría de Morena en el Congreso aprobó en marzo de 2023 una reforma electoral que modificaba el acuerdo que sirvió al INE en 2021, al fijar en 25 el total de las postulaciones al para las candidaturas con personas indígenas, afromexicanas, con discapacidad, de la diversidad sexual, residentes en el extranjero y jóvenes.

Sin embargo, en junio de 2023 la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la invalidez de la norma.

Por ello el INE emitió los lineamientos para la regulación, considerando que: “las acciones afirmativas constituyen una medida compensatoria para situaciones y grupos en desventaja, que tienen como propósito revertir escenarios de desigualdad histórica y de facto que enfrentan ciertos grupos humanos en el ejercicio de sus derechos, y con ello, garantizarles un plano de igualdad sustancial en el acceso a los bienes, servicios y oportunidades de que disponen la mayoría de los sectores sociales”.

Un titulado “Estudio especializado sobre la efectividad en la aplicación de las acciones afirmativas y las barreras que enfrentan los grupos en situación de discriminación en la representación política en el proceso electoral federal 2020-2021”, también citado en el acuerdo, abundó sobre los límites de las acciones afirmativas como medida de inclusión política de las pcd.

“(…) las acciones afirmativas son un tema que forzosamente implica que los mismos partidos políticos deberían asumir y establecer entre sus prioridades ideológicas y programáticas el compromiso e interés genuino de representar a dichos grupos, no solo en los órganos representativos, sino en su misma estructura orgánica y organizativa. Ya que, de lo contrario, los partidos simplemente acatarían las disposiciones de la autoridad para cumplir las cuotas, sin buscar representar sustantivamente a los grupos objeto de atención prioritaria”, explicó el acuerdo.

Hilda Laura Vázquez señaló que para los partidos políticos, la discapacidad no es un tema prioritario.

“A los partidos políticos no les importamos nada, porque si realmente les importáramos, todos los partidos generarían la participación de todas las personas en todos sus ámbitos. Pero para los partidos somos solamente la pantalla que necesitan para cubrir una cuota, además de que al final la persona con discapacidad debe decidir de acuerdo con lo que le convenga al partido, no de acuerdo a lo que marque su agenda de discapacidad, si es que la tiene”, aseveró Vázquez en entrevista.

La activista contó que cuando fue candidata a diputada federal, el partido que la postuló (Movimiento Ciudadano), ni siquiera le dio los recursos necesarios para hacer campaña, lo que exhibe fallas en el diseño de las acciones afirmativas.

“Las mismas acciones afirmativas no están lo suficientemente amarradas de forma que puedan garantizar el financiamiento. Yo en el 2021 le tuve que invertir a mi candidatura, a mí el partido ni siquiera me buscó para el cierre de campaña, yo tenía que pagar la gasolina, cuando tuve eventos, yo le pagué a un intérprete de Lengua de Señas, a mi equipo yo les pagué”, recordó.

Para Cecilia Guillén, las acciones afirmativas no generan ni apoyo ni inclusión de las pcd en la vida interna de los partidos políticos.

“La legislación sobre partidos políticos no tiene grandes incentivos para que esto (la inclusión) sea una realidad, el INE tampoco es que cumpla con ninguna medida de la Convención (sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad)”, dijo.

Como ejemplos están que ni la publicación de materiales para pcd ni la transmisión de los debates en Lengua de Señas Mexicana, no ha sido una iniciativa del INE ni de los partidos, recordó Guillén.

Te interesa:

Discapacidad y privilegio: Las usurpaciones de las acciones afirmativas de las pcd

Conoce a Mitzi y Rebeca, las candidatas sordas que luchan por las personas con discapacidad

Denuncian que candidatas y candidatos fingen vivir con discapacidad para obtener lugares en la política