Por Regina Moctezuma

Con el hashtag #NoMásPEFClientelar, un grupo de organizaciones de la sociedad civil está pidiendo que las transferencias y subsidios contemplados en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) para 2020 cumplan con Reglas de Operación, un instrumento clave para “garantizar el trato justo y equitativo y no discriminatorio a los beneficiarios; la perspectiva de género y regional, el registro de sus beneficiarios y operación; su auditoría y rendición de cuentas, así como la mejora continua para fortalecer su efectividad y orientación a resultados”, explican en la carta que dirigieron a Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, donde esta semana se discute el proyecto de presupuesto presentado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

La falta de este tipo de reglas abre la puerta al uso discrecional de los recursos, algo alarmante si consideramos que cerca de 64% del presupuesto propuesto para 2020 se planea destinarse a programas de transferencias o subsidios que no están obligados a contar con dichas reglas, de acuerdo con estimaciones del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Y sin reglas del juego, no puede haber medición. Al tratarse de transferencias directas no hay forma de verificar si los recursos llegan a quiénes deben llegar y de manera oportuna, ni saber si los beneficiarios utilizan correctamente el apoyo que reciben. 

Si las transferencias fueran condicionadas, los beneficiarios tendrían que demostrar el uso de los recursos para continuar recibiendo el apoyo, explica Guillermo Máynez, Director General de Grupo ICB, una firma de consultoría especializada en Asuntos Públicos. “Si no se puede medir el impacto de los programas, no se puede medir su efectividad”, agrega. 

Podemos pensar que todo ciudadano en algún momento necesita apoyo del estado, pero como el gobierno tiene recursos limitados, debe analizar, planificar y sustentar su asignación. 

“La manera más efectiva y eficiente de ejercer el presupuesto es siguiendo un criterio de selección con base en necesidades o características”, dice Andrés Franco, director de Panóptico Legislativo, una agencia de monitoreo y análisis político, quien explica que existen herramientas técnicas muy especializadas para este tipo de asignaciones, desde emplear datos de organismos como INEGI o Coneval para definir subgrupos en función de su vulnerabilidad, hasta realizar mediciones econométricas que permiten determinar cuánto disminuye la línea de pobreza por cada peso invertido en cada perfil de persona. 

El problema es que, según sus cálculos, poco más de 60% del presupuesto que se pretende destinar al ramo de Bienestar para programas sociales carece de reglas de operación y, por lo mismo, de sustento y transparencia. 

¿Cómo impacta el PPEF a las personas con discapacidad? 

Para Andrés Franco, lo que más llama la atención del proyecto de Presupuesto para 2020 no es tanto cuánto se gastará sino cómo se gastará. 

No es que no haya dinero, sino el que se privilegien las transferencias monetarias, en lugar de invertir en programas que permitan a los grupos vulnerables recibir la atención que requieren, obtener facilidades y desarrollar capacidades para mejorar su calidad de vida, explica Máynez.

En los rubros del PPEF 2020 que tienen que ver con discapacidad queda clara esta tendencia. Para un programa sujeto a reglas de operación, como lo es el de Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad -desde el cual se fondea Conadis, institución que sigue sin titular-, se disminuye en 41% el presupuesto, mientras que para un subsidio -como lo son las Pensiones para el Bienestar de las Personas con Discapacidad- se incrementan los recursos en 40%, ambos en términos nominales. 

Se le restan recursos a un rubro enfocado en la planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas para el desarrollo integral de este grupo poblacional, mientras que se incrementa sustancialmente el presupuesto a una pensión que será repartida bimestralmente a los beneficiarios a través de transferencias directas, sin medición ni rendición de cuentas.

La diferencia de recursos entre un programa y otro es abismal. 

Para el rubro de Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad se propone un presupuesto de 31.7 millones de pesos (mdp), mientras que para la partida de Pensiones, una bolsa de 11,906 mdp.

La mala noticia es que el monto asignado ni siquiera alcanza para que el presidente López Obrador cumpla con su promesa de otorgar una pensión bimestral de 2,550 pesos a 1 millón de personas con discapacidad. Con lo presupuestado para 2020, la pensión bimestral por persona sería de 1,984 pesos. 

O dicho de otra manera, si se mantiene la asignación, el presupuesto alcanzaría para solo 778,170 personas (y no el millón prometido desde el lanzamiento de este programa).

“Cuando no hay reglas, un programa planteado para acercar la equidad, corre el riesgo de que se vuelva inequitativo”, advierte Máynez.

Promesas sin sustento

El principio del actual gobierno de “no dejar a nadie fuera, no dejar a nadie atrás” empieza a quedarse corto. 

No solo las pensiones serán insuficientes, sino que el Proyecto de Presupuesto debilita, elimina o simplemente no contempla programas enfocados en el desarrollo integral de las personas con discapacidad. Tal es el caso de los Centros de Atención para Estudiantes con Discapacidad (CAED) que atienden a 27 mil estudiantes de bachillerato y que el año pasado tuvieron un presupuesto de poco más de 33 mdp, insuficientes por cierto, pero mejor que nada. Aquí una nota sobre la situación de los CAED.

“Es un gran retroceso. Eliminar los CAED e intentar sustituirlos por una pensión, simplemente no camina”, dice Máynez, pues considera que mientras los centros educativos contribuyen a aumentar la autosuficiencia de las personas con discapacidad, una pensión incrementa su dependencia. 

Además, organismos clave para el desarrollo y la inclusión de personas con discapacidad, como el Conadis, sufren recortes importantes aun con un presupuesto aprobado. Recordemos que en la primera mitad de 2019, a esta dependencia se le retiró una tercera parte de los recursos que tenía asignados. 

La Cámara de Diputados debe aprobar el PPEF 2020 hoy viernes 15 de noviembre y no se esperan  grandes ajustes a los temas vinculados con discapacidad. 

El hashtag #NoMásPEFClientelar sigue empujando por un presupuesto con más reglas, transparencia y rendición de cuentas, y yo coincido con Guillermo Máynez cuando dice que merecemos un gobierno que construya capacidades, no clientela.