El laberinto de la impunidad

La denuncia del abuso sexual de un niño con síndrome de Down está detenida por la ineficiencia judicial para atender a personas con discapacidad intelectual.

Por Laura Escamilla Soto

Es más común de lo que se imagina: las personas con discapacidad intelectual son víctimas de delitos y tienen una mayor vulnerabilidad ante los abusos y agresiones sexuales. En algunos casos tienen retos en la comprensión acerca de lo que les está sucediendo o porque tienen dificultades para comunicarse. Este es el caso de G., de 5 años, con síndrome de Down, quien sufrió abuso sexual en el kínder.

El niño asistía a un Centro de Rehabilitación Infantil (CRI), en la alcaldía de Gustavo A. Madero, donde le daban las terapias correspondientes para su rehabilitación. Ahí le recomendaron a Jezabel, su madre, que lo inscribiera en un kínder.

G. ingresó al Colegio Marcelino de Champagnat, en donde comenzó a desenvolverse muy bien y a progresar mucho en su desarrollo. “Empezó a participar bien en todas las actividades del kínder. Sus compañeros lo recibieron muy bien y lo integraban a todo. Pero conforme fue pasando el tiempo, empecé a ver cambios en él: unos días quería entrar a la escuela, pero otros no. Cuando pasó a segundo año, la situación se volvió más complicada, horrible, no quería entrar por nada; fue cuando empecé a preguntarme qué le estaba pasando a mi hijo”, cuenta Jezabel.

A finales de 2018 comenzaron los indicios físicos de abuso sexual. Su madre levantó una denuncia en la  Fiscalía General de la República. Su hijo no era el único, pesaban ya otras 30 denuncias contra un empleado administrativo de esa escuela.

En lo que sí era único G. era en su condición: la falta de expertise de las autoridades para tomar declaración a personas con discapacidad intelectual extendió los plazos, su denuncia aún sigue en el limbo y no forma parte del mismo proceso contra la misma persona por los abusos que recibieron también sus compañeros de escuela.

Solo por su condición, a pesar de contar con la declaración de sus padres y de contar con documentos médicos que confirman los abusos físicos, el abuso sexual de G. ‘se cuece aparte’ y sigue sin resolverse judicialmente.

Los primeros indicios

En el CRI, sus terapeutas de lenguaje y psicomotriz empezaron a notar un cambio, ya que G. era un pequeño que trabajaba muy bien y era participativo. Le preguntaron a Jezabel si había pasado algo y si estaba bien en la escuela porque había un retroceso y su carácter había cambiado mucho. Ahora era muy explosivo y no quería trabajar.

“Una vez que fui al kínder a cambiarle el pañal, lo encontré solo en el patio, mientras que los demás niños realizaban una actividad de educación física. Supe que algo malo le pasaba a mi hijo. Cuestioné a la directora, quien me dijo que todo estaba bien y que no sabía por qué estaba así”, cuenta Jezabel.

En el mes de octubre de 2018, el niño presentó las primeras señales de abuso. “Cuando lo iba a recoger a la escuela, muchas veces me lo entregaban con moretones o llorando. Al enseñarle el uniforme, se echaba a correr y claramente me decía ‘No, mamá’. Incluso cambió su carácter: mi niño siempre ha sido muy cariñoso y ya empezaba a ser agresivo”, dice Jezabel.

Esta mamá también comenzó a notar cambios y daños físicos en el pequeño: rozaduras en las nalgas y el ano, así como sus genitales, además de moretones y rasguños. “Mi esposo me traía maicena para ponérsela al niño; incluso, muchas veces, lo dejaba sin pañal para que no se lastimara más. Pero apenas se curaba y otra vez; así constantemente.

“Varias veces pregunté en la escuela qué estaba pasando, pero las maestras me decían que todo estaba bien. Los que me decían las cosas eran los compañeros de mi hijo: ‘Estuvo llorando debajo de la mesa’”, cuenta Jezabel.

La mamá de 39 años decidió levantar la denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), en donde ella señaló a Ramón N. (detenido en octubre de 2018) como presunto responsable del abuso de su hijo.

“Lo que me hizo pensar que algo pasaba con ese administrativo de la escuela es que él tenía bien identificado a mi hijo y el niño, cuando lo veía, se tiraba en el piso a llorar. Yo lo metía a fuerzas y este señor se lo llevaba de la mano o incluso lo cargaba”, comenta Jezabel.

El tortuoso proceso

Cuando Jezabel fue a presentar la denuncia, se enfrentó con que no había especialistas que pudieran entrevistar a su hijo. “Me pidieron que regresara después, que ellos me llamarían cuando tuvieran a esos especialistas que pudieran atender a mi hijo”.

Dos meses después, para tener un  diagnóstico un poco más preciso, las autoridades de la FGR enviaron al niño a un hospital psiquiátrico, donde argumentaron que sí, que quizás existía un probable abuso sexual. “Aún así, no lo consideraron apto para declarar, porque no había un especialista en el lenguaje que pudiera ayudarnos”, dice la mamá del niño.

La intervención de Claudia, la psicóloga

Los prejuicios que existen sobre los niños con discapacidad intelectual hacen que muchas personas los consideren víctimas menos creíbles. Sin embargo, la mayoría de los especialistas en el área de la discapacidad intelectual afirman que adaptando los procedimientos de obtención de declaraciones vía la previa identificación de sus capacidades. Una víctima con discapacidad puede ser tan buen testigo como otra que no tiene discapacidad.

Claudia Santillana, psicóloga especialista en personas con síndrome de Down (sD) y en su sexualidad, se acercó a la familia de G. para tratar de ayudarlos en la denuncia. “Su lenguaje es limitado y había que pensar detenidamente cómo podíamos ayudarlo y que él pudiera expresar sus sentimientos”, dice Santillana.

Para ayudarlo, la especialista emplea todo lo que tenga que ver con juego, que es el recurso mediante el cual los niños canalizan sus emociones. El plan es usar recursos para que él pueda desahogar sus emociones y la experiencia traumática que vivió.

“Estamos usando juguetes que representan lo masculino, para que él pueda ir guiándome para conocer hasta dónde y qué tan profundo es el daño”, dice la especialista.

En trabajo conjunto con la madre, está buscando distintas estrategias para lograr mayor continuidad en el proceso de ayuda psicológica para G., sobre todo, para que puedan contar con el espacio para darle la terapia necesaria y emitir un dictamen que avale que tiene un daño emocional.

¿Qué dicen las leyes? (Que no se cumplen)

El Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 10, asegura que todos los procesos deben ser sin discriminación y que incluso las personas con discapacidad deben tener acceso a “ajustes razonables” (medidas implementadas para que puedan garantizar sus derechos) si son solicitados. La mamá solicitó una terapeuta capacitada para tomar su testimonio y no lo ha obtenido.

La Ley General de los derechos de niñas, niños y adolescentes, en su artículo 83, habla del derecho que tienen, en procesos judiciales y administrativos, para contar con procedimientos comprensibles donde puedan participar. “Incluyendo, en su caso, formatos accesibles de fácil comprensión y lectura para niñas, niños y adolescentes con discapacidad”.

Las autoridades, tu peor enemigo

“Hay un desconocimiento absoluto en torno al tema por parte de las autoridades. No saben cómo deben tomar una declaración a una persona con discapacidad, quien además no habla. Creo que el caso de G. será un parteaguas en el tema porque queremos demostrar que un niño abusado sexualmente con discapacidad sufrirá afectaciones psicológicas, si no ahora, en cualquier momento pueden surgir”.

La especialista afirma que las autoridades deben confiar en el testimonio de los padres y en lo que el médico legista determine.

“Me parece que, y lo digo como especialista en personas con sD y psicóloga, es absurdo que se requiera un dictamen de que hubo un daño psicológico del menor por un abuso sexual para entonces sí vincular al agresor a proceso. Espero que algún día las leyes cambien y dejen de ver a un niño con sD como si fuera un ser que debe ser ‘analizado’ de otra forma que los demás niños”, finaliza Claudia Santillana.

La doble condena de G.

La justicia que pide la familia es que la declaración del niño, su testimonio, sea tomado en cuenta para que el presunto responsable sea vinculado a proceso. “Pareciera que por tener sD, el hecho de que haya sido abusado sexualmente y comprobado por un médico legista no cuenta”, cuenta Santillana.

En un caso similar, el Montessori Matatena, también hubo un niño con síndrome de Down que sufrió abuso. Fue difícil, recuerda Emiliano Robles Gómez Mont, quien llevó ese caso: “El problema de acreditarlo probatoriamente es muy difícil. Se tiene que buscar un apoyo capacitado en menores de edad y al mismo tiempo con alguna discapacidad lingüística o psicológica”.

Pero hay maneras de lograr que la justicia para este niño llegue, aunque hay que iniciar otro proceso judicial. “El responsable es la CDMX y se le podría pedir a un juez de amparo que consiga un perito. Si no puede, entonces recurrir a un proceso internacional por negativa para que se obligue a la CDMX a generar un programa de peritajes para personas con discapacidad para cumplir. También por eso existe la Defensoría Público Federal en materia penal: que no haya un perito debe ser justiciable y que se ordene que se capacite a los peritos para personas con discapacidad”, propone Agustín de Pavía, abogado y director de Yo También.

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