Por Katia D’Artigues

Aunque para todo lo demás aún se asuma al Consejo de Salubridad y la secretaría de Salud Federal y como máximas autoridades en la pandemia de COVID-19 que vive el país, hay una excepción que no reconocen: los hospitales psiquiátricos.

Esa fue la respuesta que recibió Documenta AC tras que en las pasadas semanas presentaron un amparo para pedir información sobre la situación que viven los hospitales psiquiátricos del país y las medidas o protocolos que se están implementando para proteger la salud de las personas internas y que contamos en la pasada nota SOS: necesitamos saber qué pasa en los hospitales psiquiátricos ante el COVID-19. 

Esto se hace tras saber de contagios de COVID-19 en hospitales psiquiátricos de varios países de Latinoamérica como Uruguay, Argentina, Guatemala y Colombia. Y tras saber que suelen ser lugares muy invisibles donde los pacientes suelen estar en estado de hacinamiento y también con poca higiene. 

Tic, tac, tienen 24 horas

En las próximas 24 horas, todas las entidades del país menos Tlaxcala, Quintana Roo, Querétaro, Nayarit, Morelos, Guerrero y la Ciudad de México deberán contestar el estado de los hospitales psiquiátricos en su territorio. Los 25 escritos llegarán a Documenta tras pasar un proceso jurídico-burocrático: el Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México debe mandar un escrito a un juez en cada entidad, que a su vez notificará a la secretaría de Salud estatal para que responda.

El texto de respuesta recibido la semana pasada por la abogada general de la secretaría de Salud, dice, literal que la secretaría de Salud no tiene atribuciones para allegarse de información porque “son facultades concurrentes de la secretaría de Salud Federal y de las entidades federativas”. 

Pueden leer la respuesta completa aquí -formato no accesible-.

Diana Sheinbaum, co-fundadora de Documenta AC, señala que es una respuesta extraña porque la secretaría ‘olvidó’ que los tres más grandes hospitales psiquiátricos del país -el Fray Bernardino Álvarez, el Juan N. Navarro y el Samuel Ramírez Moreno-  están en la Ciudad de México y dependen directamente de la secretaría de Salud Federal.

¿Qué sigue?

Fernando Tovar Villar, abogado de Documenta AC, dice que la secretaría de Salud desconoció dos cosas en su respuesta: que ella y el Consejo de Salubridad son las autoridades máximas en la pandemia y dos, que, como dijo Sheinbaum, sí administran los 3 hospitales psiquiátricos más grandes del país. “Fue un lavarse las manos de manera muy burda porque ni siquiera respondieron: voy a hacer esto en mis hospitales y que los demás se hagan bolas”.

Tovar Villar cuenta que el lunes ingresaron el escrito en el que piden al Juez de la Ciudad de México que sí “vincularan” -es decir, les avisaran de esta demanda- a las autoridades de salud de las entidades de la República y señalaron a 27 autoridades locales que tienen a su cargo al menos un hospital psiquiátrico. Esto es porque, por ejemplo, la Universidad Autónoma de Nuevo León cuenta con una clínica que tiene atención intrahospitalaria, por ejemplo, es decir, donde viven personas con discapacidad psicosocial.

“Las 24 horas se convierten en 48 o 72 horas de aquí a que el juez de la ciudad notifica al del Estado, pero por lo menos debemos recibir estas 27 respuestas”.

Además, no contentos con la respuesta de la secretaría de Salud, interpusieron otro recurso legal llamado “incidente”, que es como avisarle al juez que la autoridad a la cual él ordenó cumplir no lo está haciendo, basándose en la ley Federal de Salud, la Constitución y que por lo tanto, deja de cumplir sus obligaciones.

En el amparo original señalaban como responsables al presidente Andrés Manuel López Obrador, porque preside el Consejo de Salubridad; a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; al de Salud, Jorge Alcocer y al Consejo de Salubridad. También a dos subsecretarías de Salud: la de integración y desarrollo del sector salud, encabezada por Asa Christina Laurell y al de prevención y promoción de la Salud, el muy mediático Hugo López-Gatell y también a Cofrepris, encabezado por José Alonso Novelo Baza.

La secretaría de Gobernación respondió que no estaba, tampoco, dentro de sus atribuciones.


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