Escuchar a la sociedad civil… y (medio) hacerle caso

Entre acciones positivas para las pcd, la Cámara de diputados y diputadas se va por la libre y sin aviso previo aprueba el dictamen de la Ley de Salud Mental, en el que no toman en cuenta ni a los usuarios ni a la Convención.

Por Katia D’Artigues 

Esta semana hay al menos tres notas sobre discapacidad que vinieron del poder legislativo. Una buena, una no tanto y otra que preocupa. Vamos por partes. 

La buena es que se votó por unanimidad, en la Cámara de diputados y diputadas, un cambio a la Ley Federal de Cinematografía que hará que todas las películas que se transmitan en México tengan subtítulos. Fue una iniciativa impulsada por la comunidad sorda, desde Guadalajara, en particular por Abraham Jaime y al que se sumaron otras muchas organizaciones desde hace más de un año.

Si bien la comunidad sorda tiene una enorme brecha, comparada con la población en general, para acceder a la lectura y escritura y algunos reivindican su derecho a hablar Lengua de Señas Mexicanas como lengua materna, es un paso que hay que felicitar. 

La no tan buena -aún así positiva– es que en el Senado se votó una reforma a Ley General de Acceso de la Mujeres a una Vida Libre de Violencia que contiene ahora en su artículo 32 algo que no existía y que sí era una barrera constante que enfrentaban la mujeres con discapacidad: una cláusula antidiscriminación, por así decirlo, sobre medidas de protección que incluye discapacidad. 

Dice que para emisión de órdenes de protección las autoridades, el ministerio público o el tribunal tomará en cuenta “las necesidades que se deriven de su situación particular analizando su identidad de género, orientación sexual, raza, origen étnico, edad, nacionalidad, discapacidad, religión, así como cualquier otra condición relevante”.

Está bien, ¡se menciona por primera vez discapacidad! Pero claro, falta, porque hay otra minuta también en el Senado que pronto discutirán a la misma ley (sí, repito a la misma ley) que desde hace unos días varias organizaciones nos pronunciamos. Pueden leer una nota aquí o un boletín de Human Rights Watch acá.

Esa otra reforma habla, sobre todo, los centros de justicia para las mujeres, que son 44, muchos de ellos inaccesibles o con reglamentos discriminatorios y excluyentes hacia mujeres con discapacidad. Seguimos insistiendo, para incidir en ello, en hablar con Malú Micher, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, y ahora más que nunca: de nada servirá tener la cláusula antidiscriminación si los centros de justicia no están preparados para recibir a mujeres con cualquier condición. 

La que preocupa es, de nuevo, un dictamen referente al tema de Salud Mental (que es, sin duda alguna, otra pandemia dentro de la pandemia por Covid-19). 

Luego de que en julio pasado logramos parar la #LeyBañuelos que estaba a punto de votarse en el Senado, surgió otra en la Cámara de diputados parecida. Tras que la comisión de Salud hizo un “parlamento abierto” que consideraba más puntos de vista de psiquiatras y no de usuarios de servicios de salud mental, junto con la diputada Martha Tagle el colectivo #SaludMentalConDerechos organizamos un foro el pasado 23 de noviembre: “Salud mental y derechos humanos: retos y desafíos”. 

Nos escucharon. Ahí estuvo todo el tiempo el encargado de los servicios de atención psiquiátrica de la secretaría de Salud, José Manuel Quijada; también Gady Zabicky, comisionado nacional contra las adicciones porque esta Ley de Salud Mental pretende fusionar -ya lo decidieron el área de atención a condiciones de salud mental con adicciones-. Fue un buen foro.

Esta semana, de la nada se avisó -sin primera y segunda lectura- que el dictamen se subiría a votar este miércoles. Diputadas aliadas nos alertaron de ello y por más que se hizo énfasis en que no tenía consenso de todos los partidos -el PAN, PRI, MC, PRD votaron en contra- sólo se necesitaba de mayoría simple para pasarse y se votó. Ahora va al Senado, ahora toca influir ahí. NO a que alguien sea institucionalizado si no está de acuerdo.

A la mera hora hubo cambios que promovió Martha Tagle y pasaron: no se considerará a la adicciones como un tema de salud mental, sólo su uso problemático; y también una “acotación” al consentimiento informado, con algunos veremos… que no nos deja tranquilos. Seguiremos en el Senado.

Todo esto hace hace pensar en los muchos, muchísimos pendientes que aún tenemos comenzando creo, por diferenciar lo que es un “parlamento abierto” con la obligación de la “consulta estrecha” a personas con discapacidad y las organizaciones que las representan y que es ley al pertenecer a la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.

No son lo mismo. Ya desde agosto, por leyes como éstas, Mariana Díaz Figueroa y David Boone escribieron al respecto de sus diferencias que no son respetadas. 

No queda más que recordar la frase eje de esa Convención -que México propuso al mundo: “Nada de nosotros y nosotras sin nosotros ni nosotras”.