Por Katia D’Artigues

En medio de la crisis sanitaria, la crisis económica que ya está y que viene más fuerte, más la caída en los precios del petróleo, el panorama es desolador para los derechos a la educación de todas las personas en el país, pero quizá más para las personas con discapacidad.

Esta semana, una nota publicada en El Universal levantó la alarma: “Decreto dejaría sin escuela a un millón de jóvenes con discapacidad”. 

La nota advierte que, al desaparecer los 22  fideicomisos “sin estructura” por el decreto presidencial del pasado 2 de abril, el Fideicomiso para el Bachillerato General en sus modalidades no escolarizada y mixta podría tener esta suerte. Con un presupuesto de 144.9 millones de pesos, de ahí se atienden a 344 mil 936 jóvenes y 621 mil 628 jóvenes en educación especial. Y citaba en especial a los Centros de Atención a Estudiantes (CAED) con discapacidad, que son la única opción pública para la atención especializada de alumnos con discapacidad en educación media superior. 

Desolador, pero también muy raro. 

Lo cierto es que hay dos tipos de CAED, o más bien con diferentes formas de financiarlos. No es la primera vez que amenazan con desaparecerlos. La última fue en octubre pasado. 

Están los CAED que rentan instalaciones y que dependen de la Dirección General de Bachillerato los que están en el escenario de desaparición.

Hay otros CAED que están dentro de escuelas regulares de Educación Técnica Superior: esta rama tiene 27 mil alumnos en 291 centros del país. No tienen presupuesto asignado y el subsecretario de educación media superior, Juan Pablo Arroyo, aceptó en una entrevista en octubre que sacan recursos de otros programas para mantenerlos mes con mes. Está en esta nota: Los CAED prioritarios… pero sin presupuesto. 

En ambos casos, es un modelo de atención personalizada donde los maestros no están contratados, se les llama asesores. Con trabajo y compromiso son capaces de hacer ajustes al currículo para que sus alumnos aprendan. 

Una fuente del segundo tipo de CAED me dice que son dos grupos nacionales de maestros diferenciados. Que a ellos incluso les han regularizado el pago. No tienen, como los demás, personas que empaqueten exámenes, atiendan inscripción o incluso hagan la limpieza. Todo lo hacen ellos mismos. Incluso están tomando un curso “autoinstructivo”, es decir, se están enseñando a ellos mismos.

El año pasado cuando los CAED corrían el riesgo de desaparecer por falta en el presupuesto 2019-2020, en Los Mochis, Sinaloa, durante una gira presidencial, un joven estudiante de CAED, Miguel, con discapacidad intelectual llegó hasta la camioneta del presidente Andrés Manuel López Obrador. Le pidió que, por favor, no desapareciera su escuela. “No se les va a quitar, mi amor”, le dijo mientras le acariciaba la cabeza. En Yo También publicamos, también en octubre, ese video que pueden ver en esta nota.

¿Acaban ahí las malas noticias? No. Ante el recorte anunciado a toda la administración pública federal de 75% de sus gastos, hay muchos más programas que estarían en la tablita, por así decirlo. Es paradójico e inaudito que desde el año pasado tengamos un nuevo Artículo 3o., que garantiza la inclusión educativa y que pase esto. 

Apenas comienza el periodo del año donde los presupuestos empiezan a hablarse con la Secretaría de Hacienda. Pero van mal, por lo que sé. Creo que desde ahora no estaría de más comenzar a levantar la voz y decir que no es una opción un recorte a Educación, uno de los primeros derechos sociales. Ni a Salud. Ni a Seguridad. Sería algo casi criminal.


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