Por Katia D’Artigues
12 julio de 2019

Incluso cuando se encuentra en situación de ilegalidad para hacer casi cualquier acción —como explicamos en el newsletter pasado—, el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis) se sigue moviendo, aunque sea por inercia. 

Esta semana nos enteramos que se realizará un “Encuentro Nacional de organismos estatales de atención a la discapacidad”, al que convocó esta institución para el próximo 1 de agosto, y que tiene como anfitriona a Claudia Sheinbaum y a la titular de Indiscapacidad, Ruth López.

La carta convocatoria es ‘aún’ legal, porque fue firmada el 28 de junio por Alicia Loza, dos días antes de que su puesto como encargada de despacho desapareciera.

En la rayita, pero legal. Y de hecho ya confirmaron su asistencia, al menos, 15 institutos y organismos de la República. 

El programa del día contempla que Conadis —pero no dice quién— participará con la exposición del “Sistema Nacional para la Inclusión de las personas con discapacidad”. ¿Tendremos alguna noticia entonces? Lo decimos porque, aunque en estas últimas semanas hemos pedido reiteradamente una entrevista on the record con la Secretaría de Bienestar para hablar de la situación de Conadis, solo nos hemos topado con la promesa de que ‘pronto’ o, de plano, con silencio.

También no ha sido respondida la carta que, sobre el futuro de la institución mandó Catalina Devandas, relatora especial sobre discapacidad de la ONU a Marcelo Ebrard desde el 3 de mayo ni han sido respondidos los puntos de acuerdo que se votaron en la Cámara de diputados sobre el mismo tema.

Pero más allá de conferencias o convocatorias, en los hechos están desmantelando la institución. 

Había personal cuyo contrato terminó el 28 de junio y aunque había ocho plazas eventuales autorizadas, están en ‘veremos’, según nos comentan quienes quedan en esos espacios vacíos. Quizá, les han dicho, los recontraten para el 15 de julio.

Rosalía Gamboa, directora de operación de Conadis (y cuyo contrato acabaría también ese día),  está favoreciendo la contratación de personal operativo y no de personas que hacen el trabajo para el que está destinada la institución: talleres de sensibilización e información sobre discapacidad a funcionarios de la Administración Pública Federal, que son enlace entre instituciones e impulsan que cada secretaría tome acciones para la atención y derechos de personas con discapacidad.

De hecho se quedan sólo tres personas para cubrir el trabajo sustantivo. El resto es personal administrativo. Hay, cuando mucho, 30 personas cuando, al inicio del sexenio, la institución contaba con 42 empleados y algunos otros vía outsourcing.

Y otro dato más a la lista de ‘grises’ sobre el futuro de esta institución: el contrato de la renta de sus oficinas en Av. Ejército Nacional termina en agosto. ¿Habrá alguien que cierre la puerta?