Por Blanca Valadez

La discusión del amparo de Citlali se pospuso en la Suprema Corte. En cuanto sepamos una nueva fecha se las haremos saber.

Este miércoles, la Suprema Corte discutirá el caso de esta niña indígena y con síndrome de Down. Podría obligar a la SEP a dar capacitación en inclusión a maestros.

Una veintena de personas enardecidas, aparentemente armadas, exigieron afuera de la casa de Jaime que abandonara la comunidad mazahua en la que vive con su familia, en el Estado de México*. Querían, especialmente, que se llevara a su hija menor, con síndrome de Down, Citlali. De lo contrario, amenazaban con matarlo.

La reacción inicial de la comunidad, en 2017, se dio tras que un profesor distorsionó la petición que Jaime hizo en una demanda de amparo: quiere que a su hija, quien ahora tiene 9 años, le garanticen el derecho a una educación inclusiva. El profesor dijo que Jaime demandó a los maestros con el objetivo de cerrar la escuela comunitaria que otorga todos los niveles básicos de educación. Nada más lejano a la realidad.  

“Les dije que no, que estaba luchando por los derechos de mi hija, incluso por los derechos de sus hijos de ellos para que estuvieran bien, para que hubiera buenos maestros”, recuerda Jaime con firmeza al relatar parte de la ardua lucha que ha vivido su familia por exigir su derecho a la educación inclusiva.

El próximo 16 de octubre, el ministro Fernando Franco presentará el amparo de los padres de Citlali, en la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde se votará. Ahí se resolverá si Citlali tiene derecho a tener todos los apoyos para estudiar en la escuela comunitaria.

Será un fallo histórico —el primero sobre una comunidad indígena— que podría sentar un precedente más sobre el derecho a la educación inclusiva de todas las personas. La demanda de amparo está dirigida a la Secretaría de Educación Pública Federal y del Estado de México y también a la Cámara de Diputados Federal y al poder legislativo del Estado de México.

Una zona donde los niños con síndrome de Down ‘no existen’

Juana, madre de Citlali, cuenta que primero inscribieron a Citlatli en el Centro de Atención Múltiple (CAM) cercano a su comunidad, que presta servicio escolarizado de educación especial a alumnos con alguna discapacidad. Estuvo ahí poco tiempo por recomendación de los mismos profesores del CAM. Le sugirieron que fuera a la escuela regular con todos los demás niños.

Entró a un kinder donde la experiencia fue dolorosa. Veían a su hija como una “niña rara”, comenta. Incluso temían que el síndrome de Down fuera “contagioso”.

“Yo les dije a las mamás que lo que tenía mi niña no era contagioso; que si fuera contagioso me hubiera contagiado a mí”, recordó Juana. Los niños y niñas que nacen en esa comunidad mazahua con síndrome de Down permanecen escondidos en casa, ocultos a la vista de los demás, sin derecho a salir a la calle y menos a educarse.

La misma Citlali, cuando acudió al kínder recibió todo tipo de agresiones. “La niña me decía: ‘No voy a ir a la escuela’. ‘¿Por qué?’, le preguntaba. ‘Me dicen que estoy así —y hacía un movimiento con su dedo sobre su cabeza—. Que mi cabeza está así, que estoy loca, que les doy asco’”.

La menor sólo cursó un año en esa escuela. “Le jalaban el pelo, la pateaban. Ella hacía (todo) por convivir pero las niñas se quitaban, se iban para allá (a otro lado). Yo le preguntaba (al salir de la escuela) cómo le iba pero no me decía las cosas. Yo no sabía qué niñas le pegaban. Ulises (su hermano que estaba aún primaria), me decía: ‘Fulana de tal le hizo esto’”, cuenta Juana con lágrimas en los ojos.

“Si mi hija iba al baño, iban detrás de ella las niñas para hacerle burla. Le decían puerca, cochina, que apestaba a pipí, que no iba al baño”, cuenta Juana. Intentaron que una prima la llevara al baño, pero Citlali ya estaba temerosa: “Y de ahí ya no podía, se hacía en el pantalón mejor”.

Pasó a primaria y Citlali hoy estudia –o está– en la escuela multinivel de la comunidad. Digamos que la toleran, pero no la involucran y tampoco tiene los apoyos suficientes para aprender. El amparo podría revertir esto.

Citlali es la séptima hija del matrimonio, la más pequeña. Tuvo otra hermana que murió en la infancia, al parecer también tenía algún tipo de discapacidad. Es difícil decirlo porque tampoco recibieron información adecuada, ni médica, en ambos casos. Fue hasta los nueve meses que un médico brigadista les dijo que Citlali tenía síndrome de Down y les dio algo de asesoría.

Las agresiones han disminuido y estos padres que no tienen una formación educativa formal, se han mantenido firmes en luchar por los derechos a una educación inclusiva para Citlali. Jaime abandonó su casa a los tres años, junto con su hermana, tras la muerte de su madre, y quedaron al cuidado de su padre quien tenía alcoholismo. La educación de sus hijos es importante. Lo hacen por Citlali y por otros niños y niñas como ella.

¿Qué lograría el amparo?

Si la SCJN falla a favor de Citlali, la SEP debe hacer todo lo necesario para incluirla en la escuela junto con todos los demás niños y niñas y darle todos los apoyos necesarios (hacer “ajustes razonables”).

Aunque el amparo de entrada sólo la beneficia directamente a ella y tienen efectos en su escuela, los ministros también discutirán considerandos o razonamientos importantes que sientan otro precedente importante sobre que sólo debe haber un sistema de educación con los apoyos que cualquier estudiante necesite.

“El resultado es que el sistema deberá adaptarse a todos”, comenta Sandra Creixell, directora de estudios jurídicos de Mexicanos Primero. “En los considerandos está toda la educación inclusiva, no sólo a los que tienen discapacidad, sino migrantes, jornaleros, con VIH positivo. Puede servir como precedente para casos análogos y tener efectos expansivos”.

Por ejemplo, al obligar a la SEP para que de capacitacion e información a todos los maestros de la escuela de Citlali y los apoyos (ajustes razonables) que ella requiera, esto puede ser extensivo para más maestros y maestras de otras escuelas. También para que se destinen recursos para elaborar libros y materiales educativos para alumnos con discapacidad, adecuar las instalaciones y actividades dentro de las escuelas regulares públicas, elaborar políticas y programas en materia de educación inclusiva.

Hace un año la Segunda Sala de la SCJN también votó otro amparo similar para garantizar la educación inclusiva de un estudiante con autismo: el amparo 714/2017. Puedes leer más sobre el pasado amparo aquí o directamente en la página de la Corte.

En un inicio, la familia solicitó el apoyo de la Fundación Pro Zona Mazahua, que a su vez los contactó con Centro Estratégico de Impacto Social, A.C. (CEIS), Aguinaco Abogados y Aprender Primero, A.C., brazo jurídico de Mexicanos Primero.

*Por petición expresa de la familia, quien tiene miedo por las agresiones recibidas, no publicamos sus apellidos ni el lugar donde viven.