Diana Sheinbaum 
Coordinadora del Programa de Discapacidad
y Justicia para Documenta

Estamos en la regresión al asistencialismo

Por Bárbara Anderson

Para que las personas con discapacidad puedan tener acceso a la justicia hay que hacer aún muchas cosas. Documenta, análisis y acción para la justicia social, AC tiene, desde 2017, un programa piloto en el Tribunal de Justicia de la CdMX y ha atendido más de 950 audiencias para documentar y apoyar en el proceso.

Cambiar leyes no basta, dice Diana Sheinbaum, socia fundadora e investigadora de esta institución. De entrada hay que capacitar a todas las personas que intervienen en la cadena de justicia —del policía al juez, pasando por todos los ministerios públicos— para que las víctimas con discapacidad sean reconocidas como sujetas de derecho, puedan declarar, ser escuchadas y tengan acceso a la justicia. Y por supuesto que hay una doble discriminación para las mujeres, sobre todo aquellas que viven violencia.

¿Qué han detectado ustedes en Documenta con respecto al acceso a la justicia de las personas con discapacidad? 

Hay una deuda enorme en el acceso a la justicia, que además es la llave de acceso a otros derechos.

¿Qué se necesita para saldar un poco esa deuda?

Lo primero, un conjunto de estrategias paralelas: si hablamos de accesos a la justicia, además de la armonización legislativa, sin dudas se necesita la capacitación de todos los operadores del sistema de justicia, desde un polícia a un juez, pasando por todos los funcionarios de un Ministerio Público. Para que nadie dentro de esta estructura piense que un persona con discapacidad (pcd) es de segunda y que necesita un representante. Hay que combatir la estigmatización de las pcd. 

Hay una falta, además, de políticas públicas y programas y servicios especializados que atiendan a esta comunidad e incluirlos. Todo esto debe permitir a las pcd salir del círculo vicioso de la calle, la cárcel y la institución. 

Lo que ha faltado por parte del gobierno es una visión de la discapacidad que no se centre en una respuesta solo desde el sector salud.

Habíamos avanzado desde la ratificación de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad hace ya 11 años, pero sin duda han quedado muchas deudas pendientes.

¿Cómo está la situación ahora específicamente? 

Estamos en la regresión al asistencialismo, al cuidado, a las becas, los programas que en su mayoría son, otra vez, enfocados al sector salud y no a temas de desarrollo y de inclusión social. Porque queda fuera la inclusión laboral, educativa y en la vida pública.

No se puede atender un solo aspecto, porque la salud es solo uno.

Falta y sigue faltando que la respuesta sea integral y que las políticas de discapacidad se piensen desde la inclusión en todos los ámbitos.

¿Qué datos hay sobre el acceso a la justicia y las personas con discapacidad? 

Esa es una de las fallas: no hay datos de discapacidad y justicia. Bueno, no hay datos en general sobre discapacidad. La información es muy poca.

Algunos pasos provisorios que se han dado desde la Suprema Corte de Justicia, como  la declaración de la inconstitucionalidad, gracias a un amparo, de la interdicción. Y está bien, porque la interdicción implica la restricción de un derecho.

En marzo pasado, la Primera Sala avanzó mucho en declarar esta inconstitucionalidad. Pero, ¿qué pasa con eso? Esa es la gran incógnita. Sirvió para quien se amparó, pero se necesita una difusión más amplia sobre el razonamiento de la Corte a los demás jueces que siguen cada día interdictando a personas con discapacidad.

¿Hay un reto adicional para que las mujeres con discapacidad accedan a la justicia? ¿Sobre todo aquellas que viven violencia?

Aunque hay pocos datos duros, sí hay evidencia que apunta a que las mujeres y niñas con discapacidad son víctimas de tasas más altas de violencia y discriminación que las mujeres sin discapacidad. 

Tiene características particulares, es más crónica, permanente y también más severa en formas particulares como negación de cuidados esenciales, de medicamentos.

En el caso de violencia sexual y reproductiva tiene que ver también con estereotipos y prejuicios; falta información y educación que sea accesible para el conjunto de mujeres con discapacidad. Sobre todo con respecto al prejuicio hacia mujeres con discapacidad intelectual de que son “seres asexuados”. También se enfrentan a esterilizaciones y abortos forzosos, limitaciones a derechos como casarse, tener una familia y con frecuencia pierden la custodia de sus hijos.

Aunque las barreras son las mismas para hombres y mujeres, éstas últimas viven doble discriminación por ser mujeres y tener discapacidad. Las más visibles son barreras para presentar denuncias por falta de transporte accesible o porque están en instituciones. Ahí hay un enorme foco rojo: ¿cómo puede acceder a la justicia una mujer u hombre que está institucionalizado? 

Sabemos de ministerios públicos que no reciben denuncias de violencia sexual de parte de mujeres ciegas porque supuestamente tienen dificultades al identificar al perpetrador. En el caso de mujeres con discapacidad intelectual no solo ponen en entredicho sus declaraciones, si las dejan declarar, sino que solicitan que haya un tutor o un responsable presente y sabemos que en estos casos, los perpetradores o abusadores son parte de la familia, son los cuidadores. Eso hace complicado que se animen a denunciar o que tengan los apoyos para hacerlo.

¿Qué pasa en el ámbito de la justicia penal? 

También fue relevante, en 2014, que el Código Nacional de Procedimientos Penales incorporara que, cuando se presente una pcd en un proceso penal, exista la obligación de implementar ajustes razonables de procedimientos. Desde Documenta presentamos un proyecto de Facilitadores de Justicia para definir esos ajustes y cómo se deben implementar.

La ley lo contenía, pero como pasa muchas veces, los jueces no lo entendían.

Esto abrió la ventana de oportunidad para la implementación de nuestro Programa y desde nuestra experiencia ha sido muy relevante.

El foco es garantizar que las pcd participen de manera plena en sus procesos.

Falta mucho para cambiar en la práctica y en la mente de los operadores de justicia acerca de que una pcd puede enfrentarse, declarar y comunicarse. El problema no es la discapacidad sino la falta de ajustes y apoyos para participar plenamente.

¿Cómo apoyan ustedes desde su programa?

Tenemos un área de litigio para pcd, particularmente con discapacidad intelectual y psicosocial. No podemos llevar todos los casos que nos llegan, pero sí damos asesorías gratuitas sobre mecanismos a seguir a cualquiera que nos lo solicite y lo pueden hacer de manera directa, por mail o con una llamada telefónica.

¿Cuántos litigios atienden en promedio por año?  

Damos cientos de asesorías anuales. Tenemos Brigadas Jurídicas que atienden también a personas privadas de su libertad y les damos guías sobre sus derechos.

¿Tienen guías sobre los derechos y procesos para pcd?

Sí, sobre derechos de las personas en prisión, de fácil lectura. Estamos trabajando en otra guía para pcd que estará lista a fin de año.

¿Qué país o qué modelo en el mundo es un buen ejemplo a seguir o copiar? 

No hay uno en especial, hay muchas buenas prácticas. Justo el trabajo de los Facilitadores de Justicia se alimenta de las mejores prácticas de organizaciones sobre todo de Israel, Reino Unido y España (en especial en temas de prisión de pcd intelectual). 

¿Qué detectaron en el sistema judicial en México? 

Que las víctimas con discapacidad no están accediendo al sistema de justicia, porque cuando se las identifica con alguna discapacidad, se considera que esto discapacita a la persona para poder participar. Esto sin duda promueve la impunidad. 

La lógica que hay que cambiar es “por supuesto que pueden y tú les debes dar los apoyos para que participen en condiciones de igualdad”.  

Hay que capacitar también en este sentido hasta a los peritos psiquiatras y psicólogos, porque suelen ser los que sellan con su dictamen el destino de estas personas diciendo que no son capaces y denegando su legítimo acceso a la justicia.

Y hablo de todo el sistema de justicia: desde un policía hasta un Juez de la Suprema Corte, pasando por los directivos de los reclusorios. 

¿Hay interés en este gobierno de cumplir con este mandato de igualdad ante la justicia?

Con algunos jueces penales ha habido avances, al menos de tratar de entender la Convención.

A nivel de gobierno de la CdMX, que en su nueva Constitución reconoce la idea de la capacidad jurídica y de contar con apoyos, eso se ha quedado en la letra y no se han visto acciones concretas ni datos robustos. No he visto en particular una preocupación real.

Tenemos un Programa Piloto en el Tribunal de Justicia de la CdMX y va marchando bien, con un equipo pequeño de facilitadores de justicia y se ha constituido como una respuesta relevante.

Hemos participado en más de 900 audiencias. Si bien no le hemos cambiado la vida a nadie, sí constituye una alternativa con enfoque en garantizar que los derechos de las pcd sean respetados. Para que todas las personas entiendan de qué se les acusa y por qué.

¿Es replicable en otros gobiernos?

Si, en otros estados y en otras etapas previas, como por ejemplo, arrancando en las denuncias.