Por Katia D’Artigues 

El lunes 20, el Senado aprobó una Ley de Amnistía que contempla otorgar el perdón a personas privadas de su libertad, sólo por delitos no graves o sin violencia, en prisiones federales. Uno de los grupos beneficiados son personas con discapacidad (pcd) 

Pero, ¿qué podría implicar para personas con discapacidad, sobre todo psicosocial? De eso hablamos con Berenice Pérez Ramírez, quien el año pasado publicó en la UNAM un estudio llamado “Personas con discapacidad y privadas de su libertad en la Ciudad de México. Un estadístico de siete centros penitenciarios”.  Aquí está una entrevista que, sobre ese estudio, le hicimos el año pasado. 

En ese estudio, Pérez Ramírez logró entrevistarse cara a cara vía un cuestionario común con 358 personas privadas de su libertad y con discapacidad, lo que logró un retrato pocas veces visto en México.

La Ley de Amnistía propone sacar de la cárcel a algunas personas con discapacidad. ¿Qué te parece en lo general?

La medida la estaban tomando ya meses antes. Estando en el dormitorio 8 y 9 de la prisión femenil de Tepepan observé eso: la salida de mujeres con discapacidad psicosocial. Con esta medida aprobada por el Senado es muy  importante considerar qué pasa cuando salen: ese es un problema importante.

A veces sólo pensamos en la salida como el objetivo a perseguir, pero muchos o muchas ya no tienen vínculos con algún familiar, no saben si pueden volver a dónde vivían, si aún es su casa.

También la mayoría de ellas y ellos, durante la estancia en prisión, han estado bajo la prescripción de psicofármacos. Si se inhibe la ingesta abruptamente, lo resienten.

Si bien es una medida oportuna en el contexto de la emergencia, me parece que no basta con pensar solo la salida, en que condiciones van a salir y cuáles son las redes que los van a acoger. 

¿Crees que se están tomando estas medidas? ¿Cómo podemos saberlo?

Creo que no se están tomando. Es bastante complicado el sistema penitenciario cuando se propone realizar una medida aprobada en otros espacios. El sistema sólo se aboca a cumplirla y no hay un grupo de personas que realmente esté dando seguimiento incluso personalizado. (En la CdMX) no todas las personas que están en Tepepan y el Centro Varonil de Rehabilitación Psicosocial (Cevarepsi) están en las mismas condiciones, habría que ver las particularidades de cada caso.

Debe estar complicado porque el sistema penitenciario está tomando ahora ciertas medidas: no todo el personal está asistiendo, están haciendo guardas. Eso significa que difícilmente están dando un seguimiento puntual. 

No me queda claro también que hayan establecido comunicación con organizaciones que puedan fungir como soportes para estos procesos de salida.  Me parece que son medidas que se toman por el contexto, y eso está bien, pero no se consideran cuestiones estructurales de las pcd que están en esos espacios.

Hablabas de la situación de personas con discapacidad psicosocial. ¿Es diferente con personas con otro tipo de discapacidades?, ¿como quizá la motriz?

Puede ser. Una diferencia es que el porcentaje de personas con discapacidad física o motriz que cometió delitos graves es un mayor al de delitos cometidos por personas con discapacidad psicosocial. En ese sentido, quizá no todas las pcd en los distintos centros cumplan con los requisitos de la Ley de Amnistía.

Otra de las diferencias es el contacto con la familia. Sí observamos que si bien también se rompen lazos familiares y comunitarios, se sostienen más que en el caso de las personas con discapacidad psicosocial. Ahí sí es más evidente la ruptura. 

Luego está un problema del sistema penitenciario de mucho tiempo. No es lo mismo una persona que ha estado 2 años que 25. Entre más años es otra la ciudad y ya no hay muchas posibilidades de establecer contacto con las familias o hubo un desgaste. ¿En qué condiciones van a salir?

¿Y con qué dinero?

Hay poca capacitación laboral. Si bien sí hay centros escolares en los que pueden hacer algún estudio formal o no formal, al final la salida es muy complicado encontrar un sustento y en este contexto (con el COVID-19) será mucho más complicado, no habrá tantas posibilidades de trabajo. 

Las medidas de la Ley de Amnistía lo único que generan es una despresurización del sistema de momento, pero no lo podemos considerar que funcione a largo plazo. En mi opinión, lo que va a ocurrir es que van a volver.

En un mundo ideal, ¿cómo debería ser el proceso?

Tener un equipo que pueda fungir como puente-enlace entre personas privadas de su libertad y afuera. Que establezcan contactos con organizaciones, redes, agrupaciones de familiares para dar seguimiento caso por caso.
Tendrían que considerar el factor tiempo, cuánto tiempo han estado encerrados porque impacta de manera tremenda. Es importante hacer grupos de apoyo: los que estuvieron menos de 5 años, de 5 a 10 años, más de 10 años. 

Considerar que si quien sale usa psicofármacos, asegurar la continuidad. Si hay diagnóstico de discapacidad psicosocial, el acompañamiento debe estar más cercano.

Aun cubriendo estos aspectos, hay que pensar que hay un gran estigma afuera. En algún momento un grupo de personas en el Reclusorio Norte me decían: ‘Ya no quiero mentir, porque lo he hecho toda la vida, pero a mi salida no sé cómo decirle a la gente que estuve en la cárcel, que busco trabajo, casa’.

Se debería de promover una reflexión afuera sobre el estigma que cargan quienes han estado en la cárcel, los obstáculos a los que se van a enfrentar serán tremendos. Por eso la reincidencia es grande. Si bien la Ley de Amnistía puede parecer muy avanzada y a favor de las personas que no han cometido delitos graves, si no pensamos en la salida, podría ser peor.


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