Por Laura Carmen Escamilla 

A las organizaciones les preocupa la violencia cotidiana que viven las pcd y también la capacitación judicial para acceder a la justicia

El pasado 10 de septiembre se llevó a cabo la presentación del Informe Alternativo de Organizaciones de la Sociedad Civil de México al Comité sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, que surge de la colaboración entre el Colectivo Chuhcan A.C., Disability Rights International, Equis Justicia para Mujeres A.C., Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE); Transversal, Acción sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad A.C. y la Red Nacional por los Derechos de la Infancia (REDIM).

Durante la conferencia de prensa, se presentaron importantes hallazgos que han realizado estas organizaciones civiles. Denunciaron que las pcd son no solo segregadas, sino abusadas y violentadas en las instituciones en las que se encuentran internadas, además de que sufren violencia en entornos familiares y comunitarios, ya sean niños o niñas, jóvenes o adultos. Como lo comentó Raúl Montoya, director ejecutivo del Colectivo Chuhcan: “Es muy preocupante que en estas instituciones hay esterilizaciones forzadas, separaciones de sus hijos; no hay evidencia suficiente para hacer pública esta denuncia, ya que no hay nombres ni datos, simplemente son un número”. 

Otro de los hallazgos que se encontraron es que las pcd son discriminadas en el trabajo, en la escuela y dentro de sus familias, además de que muchas no pueden ejercer su derecho a la capacidad jurídica bajo la legislación mexicana, y en consecuencia, no pueden acceder a la justicia.

En su participación, Priscila Rodríguez, directora adjunta de Disability Rights International mencionó que de acuerdo con los datos oficiales del INEGI, de 26 mil a 33 mil pcd, básicamente niños, niñas y adolescentes, están detenidas en instituciones altamente peligrosas y pueden permanecer ahí de por vida. “En estos lugares se enfrentan a cuartos de aislamiento, sujeciones físicas (ya sea a una cama o a una silla de ruedas), abuso sexual, esterilizaciones forzadas, e incluso hasta la muerte”. 

“Lo más importante para nosotros es que México ponga un fin a la institucionalización de niños, niñas y adolescentes con discapacidad, que los saque de las instituciones, que los reincorpore a un entorno comunitario y familiar. Además de que den los apoyos que garanticen que permanezcan ahí y se puedan desarrollar”, comentó en entrevista para Yo También Priscila Rodríguez. “El gobierno debe cumplir con lo que ya se comprometió internacional y nacionalmente, que son crear alternativas, como es vivir el día a día, tener una vivienda, acceso a la educación, al trabajo, a medicamentos y rehabilitación, ya que esto va a permitir la reintegración social”.   

Juan Martín Pérez, director ejecutivo de la Red Nacional por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), comentó: “Desde las instituciones hemos estado recordándole al Estado mexicano sus obligaciones internacionales y nacionales para prevenir la discriminación y poder garantizar la inclusión efectiva, a través de ajustes razonables y, particularmente, la generación de datos que nos permitan tomar decisiones de política pública basadas en el Derecho”. 

“Tenemos tres cosas básicas que se van a estar insistiendo en este informe: una es que tenemos que escuchar directamente a las pcd que son las portadoras y titulares de los derechos; segundo, que el estado tiene que hacer una revisión institucional de la forma en la que está atendiendo el diseño de política pública para que sea inclusiva, y tercero es que la forma en la que se levantan datos: urgimos hacer un énfasis en la discapacidad, lo que nos permitiría obtener datos en cuanto a género, edad, características geográficas y particularmente, las condiciones en las que se vive”, comentó Juan Martín Pérez de REDIM.

Ana Pecova, directora de Equis Justicia para las Mujeres, subrayó que, hasta ahora, ningún estado de la República Mexicana ha tenido un proceso permanente y continuo de capacitación judicial en materia de discapacidad.  Además enfatizó el lenguaje que se utiliza para referirse a una pcd. “Encontramos un gran desinterés, falta de recursos, falta de tiempo para trabajar el tema. Por ejemplo, ningún Poder Judicial de los 32 estados implementó procesos de evaluación de las actividades que reportó como capacitaciones”, finalizó Pecova.

De 2008 a 2017, del total invertido en capacitación a nivel nacional, solo 0.13% ha sido utilizado para actividades de formación y divulgación sobre derechos humanos de las pcd.