Simular no es legislar

Tener la posibilidad de participar en una consulta ciudadana no es para todos un asunto afortunado. Las personas con discapacidad, sus familias y las asociaciones civiles que les representan solemos encontrarnos una y otra vez con la difícil tarea de expresar en pocas palabras y exponer en pocos minutos una inmensa cantidad de circunstancias, necesidades y propuestas que constantemente terminan sin ser reconocidas y verdaderamente tomadas en cuenta por nuestras autoridades, entre ellas los legisladores de nuestro país que continúan con ello menospreciando sistemáticamente nuestras voces y nuestras luchas diarias.

A un año de un esfuerzo realizado y expuesto ante la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión en su consulta ciudadana para reformar la Ley General de Educación en materia de educación inclusiva, la respuesta insuficiente y evasiva  de su Comisión de Atención a Grupos Vulnerables hacia la escucha de las necesidades reales de familias cuyos miembros enfrentan Barreras para el Aprendizaje y la Participación en escuelas públicas y particulares de nuestro país, nos lleva todavía hoy a insistir, y nos llevaría a interpelar nuevamente una consulta ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que no se apruebe el Dictamen de “reformas” que la Comisión mencionada, junto a la Comisión de Educación, elaboró ignorando modificaciones evidentes y trascendentales propuestas por los 557 participantes de una consulta que no sólo no se llevó a cabo como debiera sino que en realidad ha sido desestimada por ellos.

Entre dichas propuestas se destacan la necesidad de detallar o modificar nuestra legislación nacional respecto a: 

• El establecimiento e instrumentación de planes, presupuestos, programas, acciones, reglamentos y normativas, así como supervisiones y sanciones específicas y efectivas para que ninguna persona quede excluida del sistema educativo. 

• El cumplimiento del uso del diseño universal para el aprendizaje, accesibilidad (en movilidad, acceso, y comunicación), sistemas de apoyo, ayudas técnicas, ajustes razonables y servicios de educación especial por parte de equipos especializados

• La formación, capacitación, reglamentación y supervisión sistemáticas de todos los actores educativos en instituciones y planteles 

En relación a los detalles de estas propuestas, dirigidas a la educación inclusiva tanto en escuelas públicas como particulares, no sólo hemos sido prácticamente ignorados sino que, en comunicación posterior con la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, hemos recibido “justificaciones” verdaderamente ofensivas al respecto, como que algunas de nuestras propuestas no pudieron “ser incluida(s) por la carga presupuestal que implicaría… representa una carga económica excesiva para el Estado Mexicano” 

Además de que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, mandata que los Estados Partes se comprometen a: “adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en la presente Convención” (Art. 4, numeral 1, inciso a), “tomar todas las medidas pertinentes para que ninguna persona, organización o empresa privada discrimine por motivos de discapacidad” (Art. 4, numeral 1, inciso e) y “…adoptar medidas hasta el máximo de sus recursos disponibles…para lograr, de manera progresiva, el pleno ejercicio de estos derechos” (Art. 4, numeral 2), sería necesario que nuestros legisladores precisaran el porqué lo propuesto “representa una carga económica excesiva para el Estado Mexicano”, con qué datos (cuantitativos y cualitativos) se cuenta para aseverar dicha carga y el motivo de la imposibilidad de que, a partir de que estuviera estipulado en la Ley, pudiera lograrse de manera progresiva establecer dicho presupuesto. 

Con una respuesta así, es evidente que las principales barreras a las que nos enfrentamos son estructurales y siguen estando basadas en la lamentable percepción y postura que nuestras autoridades tienen respecto a las personas con discapacidad, quienes siguen representando una carga, además excesiva, para el estado y para nuestra sociedad, y no un colectivo ciudadano cuyas vidas por sí mismas son suficientemente valiosas para buscar garantías que les permitan el acceso a un desarrollo personal y un lugar digno en nuestras comunidades.

En lo personal, y como colectivo, nos encontramos desgastados, cansados de vivir a expensas de la (falta de) empatía y la buena voluntad de un sistema y de una sociedad que nos considera así, pero continuaremos buscando garantías que hagan cumplir el derecho humano fundamental de todos a acceder a una educación efectiva y una vida digna, y estaremos dando batalla porque estamos convencidos de que participar en mejoras legislativas es una vía indispensable para sentar la bases de una #EducaciónSinBarreras, de donde parte la posible ejecución de todas las demás.

*Laura N. Acosta Martínez radica en Monterrey, Nuevo León, es madre de un pequeño con necesidades educativas específicas y coordinadora de la agrupación de padres de familia “Educación sin Barreras NL” y la red social “Cuestionando la Inclusión”. Miembro del colectivo TEIDE México (Trabajando por la Educación Inclusiva y la Defensa de la Educación Especial)

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