Senadoras: ¡incluyan a mujeres con discapacidad en la nueva Ley!

Por Katia D’Artigues.

Sabemos que las mujeres y niñas viven violencia, que se ha incrementado en la pandemia. También sabemos que las mujeres y niñas con discapacidad viven hasta 10 veces más violencia que sus pares sin discapacidad: que la mayoría de la veces no son ni vistas, que sus testimonios son negados porque tienen una discapacidad. 

Entonces, ¿por qué no están contempladas, cómo deberían, en una iniciativa ya aprobada el año pasado -en términos formales se llama “minuta”- que en este periodo discutirá y podría aprobar el Senado?

Lo bueno es que todavía es tiempo de incluirlas, por justicia. 

Estamos hablando de una reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en donde, además de otros cambios, se propone fortalecer los 44 centros de justicia públicos que brindan servicios a mujeres sobrevivientes de violencia.

Es por eso que, el viernes pasado, un grupo de organizaciones –Human Rights Watch, el Centro Interdisciplinario de Derechos, Infancia y Parentalidad A.C., Equis: Justicia para las Mujeres A.C., Documenta A.C., Mexicanas con Discapacidad A.C., el Instituto Mexicano de Sexualidad en la Discapacidad, la Fundación para la Inclusión y Desarrollo de Personas con Discapacidad, A.C. y Yo También A.C– mandamos una propuesta de cambios a la senadora Martha Lucía Micher Camarena, de Morena, actual presidenta de la Comisión Para la Igualdad de Género. 

Ahí le pedimos una reunión a distancia para explicar las razones de porqué proponemos cambios para que incluyan a todas las mujeres, sobre todo las mujeres con discapacidad y todas aquellas que caen en una categoría de interseccionalidad, es decir: una mujer puede ser indígena, de la comunidad LGBT+, no binaria, migrante, refugiada. La atención de las violencias contra las mujeres debe ser diferenciada, como el grupo lo es, de hecho.

¿Qué cambios proponemos? Aquí hay 10.

Los cambios están fundamentados en Convenciones internacionales, sobre todo la Derechos de personas con discapacidad -que no es citada expresamente- y en obligaciones que ya tiene el país y que ya están previstos en otras leyes.

La propuesta de reforma la pueden leer aquí, pero señalo 10 cambios importantes que proponemos a añadir:

1. Que en el Artículo 5, donde se mencionan Convenciones de Derechos Humanos que México ha firmado se incluya además de tres convenciones citadas (sobre mujeres y niñez) también la Convención sobre los Derechos de las pcd y “demás instrumentos internacionales en la materia” (a eso nos obliga ya el Artículo 1o. De la Constitución)

2. Que se incluya que para empoderar a las mujeres además de liberarlas de situaciones de opresión, desigualdad, discriminación explotación o exclusión, también se añada la inclusión. 

3. Que en la reforma a los Centros de Justicia para las Mujeres a cargo de las entidades federativas se diga de manera expresa que se harán “modificaciones y adaptaciones que sean necesarias y adecuadas a la edad, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar que las mujeres con discapacidad puedan participar efectivamente en igualdad de condiciones con las demás, en todos los procedimientos administrativos o judiciales, incluidas las investigaciones en los que estén involucradas”. Se mencionan, por ejemplo explícitamente “ajustes razonables”, la discriminación interseccional (una mujer puede ser indígena trans y con discapacidad, por ejemplo), la asistencia personal y la interculturalidad. 

4. Se añade que entre los distintos tipos de violencia hacia la mujer también está la restricción no sólo a su autodeterminación, sino “a la capacidad de decidir”, algo que viven cotidianamente mujeres con discapacidad sobre todo intelectual y psicosocial. 

5. Que se considere también violencia familiar cuando la persona agresora tenga responsabilidades de cuidado o de apoyo aunque no tenga una relación de parentesco. Que como órdenes de protección de naturaleza civil se contemple también la “Cancelación del régimen de tutela o curatela que ejerce la persona agresora”. Es algo común en mujeres agredidas por sus tutores: como son sus representantes, su acceso a la justicia es limitado. 

6. Que, como ya está en la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, se considere discriminación la negación de ajustes razonables. 

7. Que se recaben datos -no los hay- sobre mujeres violentadas que presenten una discapacidad y se realicen estudios a este respecto. 

8. Que se promueva la cultura de la denuncia de la violencia también en formatos accesibles. 

9.  Que además de educar en derechos humanos a las mujeres en su lengua materna se contemple específicamente también la Lengua de Señas Mexicanas. 

10.  Realizar visitas domiciliarias en hogares, instituciones donde mujeres con discapacidad probablemente sean víctimas de violencia y tomar medidas para salvaguardar su integridad personal. 

Algunos datos duros

Como habíamos publicado ya hace un año, en febrero pasado en esta nota: “Mujer que vives violencia y tienes discapacidad: sí, estás sola”-Según datos del Fondo de Población de Naciones Unidas, las mujeres y niñas con discapacidad pueden vivir hasta 10 veces más violencia que sus pares sin discapacidad. https://www.unfpa.org/es/news/cinco-cosas-que-no-sab%C3%ADas-sobre-la-discapacidad-y-la-violencia-sexual

-En febrero del año pasado, la titular de Inmujeres, Nadine Gasman, aceptó que los servicios para mujeres con discapacidad eran deficientes: “Estamos haciendo todo lo posible por crear formas, digamos, de acceso. La Conapred (que luego se quedaría sin titular en junio) está trabajando de cerca con el 911 buscando alternativas. Las organizaciones de la sociedad civil también han desarrollado, buscado alternativas y estamos trabajando también con los refugios para asegurarnos que en el modelo se cumple con la protección de todos los derechos humanos. Sin duda es una asignatura pendiente, un área que tenemos que mejorar, pero estamos trabajando junto con la Conapred para este tipo de personas para hacer más accesibles los servicios”.

-Ana Pecova, la directora ejecutiva de Equis, Justicia para las mujeres,destacó que no sólo no hay datos de mujeres con discapacidad que viven violencias, sino que se ve  “hasta un esfuerzo por invisibilizar, borrar”, siendo que están en un mayor riesgo de vulnerabilidad también por su condición. “Tenemos políticas que están pensadas en un solo tipo de mujer y ese es un gran problema. Es una oportunidad de reflexión adentro del movimiento feminista cómo hemos dejado fuera la diversidad de las propias mujeres”.

Pecova comentó que Equis hizo solicitudes de acceso a la información pública a los Centros de Justicia para las mujeres y preguntaron sobre atención a mujeres con discapacidad. La respuesta solía ser: “No estamos preparadas, requieren otro tipo de atención”. Sigue Pecova: “Las mandan a centros psiquiátricos, pero no se les da ahí (en los Centros de Justicia) una respuesta. No se hace un esfuerzo para garantizar su acceso a la justicia. Pasa también con las mujeres indígenas”.  De 44 Centros de Justicia a quienes les hicieron preguntas, sólo 9 aceptaban a mujeres que fueran usuarias de alcohol o ¡hasta tabaco! Y sólo si estaban ya en un proceso de desintoxicación.