5, 4 o 1%: ¡ya aprueben la obligación de que empresas contraten a personas con discapacidad!

Hay una iniciativa de ley que podría aprobarse en la Cámara de diputados este periodo que impondría un porcentaje obligatorio de contrataciones de personas con discapacidad (pcd) en empresas. Sería un gran paso, aunque el porcentaje de contratación es menor a lo que muchas organizaciones desearíamos: sólo 1 por ciento.

Si esto les suena a déjà vu es porque es una petición reiterada desde hace muchos años y que ha impulsado el Movimiento de personas con discapacidad. 

También porque en el Senado ya se había aprobado una iniciativa, por unanimidad, en el 2021 que exigiría la contratación de 5 por ciento de la plantilla laboral de personas con discapacidad pero que faltaba ser discutida en la Cámara de diputados donde sigue congelada.

Esta iniciativa es otra: la diputada morenista Yessenia Leticia Olua, tiene una iniciativa que, aunque originalmente proponía contratar 4 por ciento de la plantilla laboral en empresas se redujo tras foros a 1 por ciento. Aunque se aprobara la iniciativa, regresaría a la Cámara de Senadores que tendría que discutirla en comisiones, luego en el pleno… y si modificaran algo regresaría otra vez a Diputados.

Olua propone que las empresas que no cumplan reciban multas que van de los 25 a los 250 UMAS, de unos dos mil 593 pesos hasta los 25 mil 935 pesos.

Más allá del porcentaje que sería mejor más alto, pero por algo se empieza, lo que me preocupa al leer la nota es que la diputada se basa en la cifra de 6 millones 179 mil personas con discapacidad en el país: 4.9 por ciento de la población.

No es así, son más: a este número de personas hay que sumar otras 13 millones 934 mil personas que manifestaron tener alguna limitación en la vida diaria en el Censo 2020. En total son 20 millones, no 6. 

Y eso de manera conservadora, porque el ejercicio del INEGI que se hace una vez cada década, además, no hizo una pregunta adecuada para contabilizar a personas con discapacidad psicosocial. No preguntó, por ejemplo, por las personas que viven con depresión cuando es una de las principales causas de discapacidad y además, confundió, en una misma pregunta que englobaron como “mental”, lo mismo a personas que viven con esquizofrenia, autismo o síndrome de Down, que son  discapacidad psicosocial, neurodivergencia y discapacidad intelectual, respectivamente. 

Es la reforma que falta

La verdad es que llevamos años dándole la vuelta al tema. La Ley General del Trabajo  ya contiene otras reformas que han preparado a las empresas para este momento.

Por ejemplo, en su artículo 132, apartado XVI Bis, establece  que una de las obligaciones de los patrones es “contar, en los centros de trabajo que tengan más de 50 trabajadores, con instalaciones adecuadas para el acceso y desarrollo de actividades de las personas con discapacidad”.

Desde hace ya varios sexenios existe otro incentivo: la secretaría de Hacienda permite deducir el 25 por ciento de la remuneración que se le paga a trabajadores con discapacidad. La Ley del Impuesto sobre la Renta también permite que se hagan deducciones cuando se contrata a pcd, sobre todo en adaptaciones a centros de trabajo como escribimos en “Conoce los beneficios fiscales que puedes tener si contratas pcd” 

Personas con discapacidad: ¿Qué pasa en otros países?

México ha permanecido al margen en la tendencia de imponer cuotas para el empleo de personas con discapacidad como sí lo han hecho, 15 países en América Latina, un estado de la República: Chihuahua, para personas que trabajan en su gobierno con 5% o un poder, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con 3% en puestos administrativos.

Hasta 2021, al menos, como lo consignamos en “Leyes de cuotas para inclusión laboral: las lecciones de América Latina para México”, hay cuotas diferenciadas. La menor, en Chile, con 1 por ciento y las más grandes en Brasil y Colombia, con 5 por ciento. 

España desde hace años tiene un porcentaje del 2 por ciento que también se puede suplir con la compra o contratación de “centros especiales de empleo”, empresas u organizaciones que tienen una mayoría de personas con discapacidad laborando en ellos.

Inician periodos de campaña formal pronto (sí, aún no empiezan según la ley). Bien haríamos de hacer de esta cuota -y quizá algo más que un 1 por ciento- una demanda a lo largo y ancho de la República para candidatos y candidatas a las gubernaturas, para futuras personas legisladoras, para aquellas mujeres, Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, que quieren ser la primera Presidenta de la Nación.

Y quizá también deberíamos proponer que los gobiernos pongan el ejemplo, que ahí contraten a un porcentaje mayor. Que también se pueda reemplazar, como en España, con la contratación de empresas que tengan mayoría de personas con discapacidad laborando y así se cree un círculo virtuoso de empleo y, por lo tanto, de vida digna. 

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