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Collage de cuatro fotografías de Eri junto a un grupo de mujeres realizando actividad física.Collage de cuatro fotografías de Eri junto a un grupo de mujeres realizando actividad física.

La historia de Eri: un trabajo que refleja lo que viven muchas otras mujeres con discapacidad

En pleno siglo XXI, no todas las personas pueden ejercer la capacidad jurídica y estas barreras afectan de manera desproporcionada a pcd y aún más a mujeres.

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18 de julio de 2024

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Redacción Yo También

Erica Ramírez Soto es una mujer con parálisis cerebral que fue desahuciada cuando tenía dos años, sin embargo, rompió los pronósticos y a los 30 años se preparaba para correr un maratón y vivir su vida con independencia. Su historia fue contada en el reportaje ilustrado “¿Y tú qué quieres, Eri?” por Luis Alberto González Arenas y Mariela Valdez Osornio.

Este trabajo “tiene el poder de transmitir la sensibilidad y la perspectiva de una persona con discapacidad" y fue ganador del Cuarto Concurso de Periodismo y Discapacidad de Yo También, ‘Mujeres con discapacidad: historias de libertad’, que en esta ocasión estaba enfocado en buscar historias de mujeres con discapacidad y los retos para tomar decisiones sobre sus vidas, es decir, ejercer su capacidad jurídica.

La historia de Eri es la de muchas mujeres con discapacidad 

La capacidad jurídica es, en breve, poder tomar decisiones sobre tu vida. En pleno siglo XXI, no todas las personas pueden ejercerla y afecta de manera desproporcionada a personas con discapacidad (pcd) y aún más a mujeres con discapacidad.

De acuerdo con datos de Women Enabled International, la capacidad jurídica es necesaria para garantizar que todas las personas puedan participar en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Sin embargo, las leyes y políticas a menudo no reconocen la igualdad de derechos de las mujeres con discapacidad.

Por ejemplo, las leyes pueden negar a las mujeres con discapacidad, particularmente a aquellas con discapacidad cognitiva, el consentimiento libre e informado para tener relaciones sexuales, así como limitar su capacidad para asumir obligaciones contractuales, incluyendo el matrimonio, el empleo o los contratos inmobiliarios, entre otros.

A menudo, la falta de acceso a la información en forma clara y formato adecuado viola la capacidad para tomar decisiones autónomas e informadas de las mujeres con discapacidad y facilita la sustitución en la toma de decisiones respecto a su salud. Con frecuencia, son sometidas a procedimientos de salud sexual y reproductiva sin su consentimiento, así como a tratamientos psiquiátricos.

Muchas veces, no pueden decidir dónde y con quién vivir. En cambio, sus representantes para la toma de decisiones pueden consentir su institucionalización, incluso cuando ellas hubieran expresado su voluntad de vivir de forma independiente. 

Las mujeres con discapacidad también se enfrentan a restricciones para administrar y poseer propiedades, así como realizar gestiones financieras, incluidos el acceso a préstamos bancarios, las hipotecas y otras formas de crédito financiero. Asimismo, afectan su participación en la vida civil y política, incluso el derecho a votar en las elecciones.

México, a punto de entrar a una prueba importante

Hace un año, México tomó una decisión de gran relevancia. En 2023, en el Diario Oficial de la Federación, se dio a conocer que el nuevo Código de Procedimientos Civiles y Familiares reconoce la capacidad jurídica plena o el derecho a decidir, de todas las personas mayores de edad.

Esta nueva legislación, que entra en vigor en el 2027, fue impulsada durante años por diversos colectivos de personas con discapacidad, principalmente psicosocial e intelectual que han sido las más relegadas, y las personas mayores, a quienes por el solo hecho de envejecer se les había negado el derecho que tienen para tomar las decisiones que consideren más pertinentes para sus vidas.

Sobre el Cuarto Concurso de Periodismo y Discapacidad

La cuarta edición de este concurso cerró la convocatoria el pasado 6 de noviembre y para esa fecha se recibieron 68 trabajos de nueve países diferentes: Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, Honduras, México y Panamá.

El jurado, conformado por Graciela Rock (La Cadera de Eva), Heidi Cortés (Diageo), José Manuel Gonzalez Huesa (Servimedia), Daniel Lizárraga (IWPR), Alma Delia Murillo (escritora y periodista), Emiliano Ruiz Parra (Contracorriente) y Diana Sheinbaum (Documenta), se encargó de elegir a 10 finalistas de donde salió el trabajo ganador.

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