Las deudas de México con las personas con discapacidad

Por Itzel Ramírez | Fotografía de la Revista Proceso

Más de 15 años después de la firma de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), México no sólo no ha cumplido con las obligaciones de este instrumento, sino que incluso ha retrocedido en la implementación de medidas para garantizar la protección y atención de las personas con discapacidad, señalaron organizaciones de la sociedad civil a propósito de la revisión que realizó el Comité de la Convención.

Entre los principales señalamientos están la preocupación por el desmantelamiento de la estructura operativa del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis), por el establecimiento en la ley de las figuras de tutela e interdicción y por la decisión del gobierno mexicano de priorizar la entrega de becas a personas con discapacidad por encima de creación de políticas públicas.

Para Carlos Ríos Espinosa, investigador y abogado senior de Human Rights Watch (HRW), el Estado mexicano ha desaprovechado la oportunidad de adecuar su marco normativo y gubernamental para cumplir con los artículos de la Convención.

“Desafortunadamente no ha existido un esfuerzo consistente para dar respuesta a las distintas observaciones que formuló el Comité de la CDPD en distintas áreas de la política pública de México hacia las personas con discapacidad. En las observaciones finales de 2014, el Comité recomendó crear un sistema robusto para que las personas con discapacidad pudieran vivir de forma independiente y ser incluidas en la comunidad. Nada de esto se ha cumplido. La única política pública visible son las becas para personas con discapacidad que incluso no cubre la totalidad”, manifestó el experto en entrevista.

Recordó que, de acuerdo con lo documentado por HRW, no hay sistemas de protección para evitar que las personas con discapacidad sean revictimizadas cuando denuncian violencia en su contra.

Diana Sheinbaum, socia fundadora y coordinadora del programa Discapacidad y Justicia de la organización Documenta, dijo que si se toman en cuenta las recomendaciones que hizo el comité en las revisiones anteriores, la posición de México es altamente preocupante.

“México empieza con el pie izquierdo y se enfrenta a este examen en una situación muy delicada, endeble y desde mi perspectiva vergonzante. Los avances han sido muy, muy pocos y ha habido aspectos en los que estamos en franco retroceso como en el caso del desmantelamiento, la desarticulación de la agenda nacional de discapacidad”, comentó Sheinbaum en entrevista a propósito de la revisión del Comité.

La experta criticó que desde el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se considere que la entrega de becas a personas con discapacidad es la mejor forma de atención a sus necesidades.

“Me parece que es realmente la política asistencialista y demagógica del gobierno actual lo que ha hecho que veamos como un retroceso los avances que habíamos logrado, vemos realmente un giro preocupante porque estas becas no ayudan a la inclusión laboral, no ayudan a la inclusión educativa ni a ejercer derechos”, agregó.

Sheinbaum también llamó la atención sobre cómo aunque la situación de los derechos humanos de las personas con discapacidad es crítica, ello no se debe únicamente al gobierno actual, sino al olvido que desde hace varias administraciones existe en México.

“El tema de la discapacidad no ha estado en la agenda pública por mucho tiempo, eso es algo que hay que decir, pero también que ahora hay una perspectiva desalentadora que ve como injerencia las recomendaciones de organismos internacionales”, dijo.

Consultadas previo a las tres sesiones de revisión, organizaciones de la sociedad civil compartieron sus puntos de vista sobre el panorama de derechos humanos de las personas con discapacidad en México.

Lisbet Brizuela, directora para México de Disability Rights International (DRI), dijo que el informe de 2020 de la organización mostró que abusos físicos y sexuales, sujeciones físicas y químicas, uso de cuartos de aislamiento, detenciones involuntarias por motivos de discapacidad y esterilizaciones forzadas a mujeres con discapacidad son prácticas vigentes en México, a pesar de las recomendaciones del Comité en 2014.

“Lamentablemente de 2014 a 2022, poco ha cambiado. La Secretaría de Salud Federal y las Estatales coordinan los servicios de atención a la salud mental en donde el 80 por ciento del presupuesto va dirigido a las instituciones psiquiátricas. Sin embargo, tal como lo ha documentado DRI a lo largo del tiempo, estas instituciones son altamente abusivas”, abundó Brizuela.

La delegación de la Coalición México por los Derechos de las Personas con Discapacidad (Coamex) criticó el esquema de becas del gobierno federal como política de atención a esta población.

“Lamentablemente, respecto de la revisión anterior en 2014, hoy vemos un grave retroceso en el reconocimiento y protección de los derechos de las personas con discapacidad. La única acción impulsada por el gobierno dirigida a las personas con discapacidad es el Programa de Pensiones para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, el cual desde un enfoque asistencialista únicamente beneficia a menos del 5 por ciento de la población total de personas con discapacidad que viven en México”, declaró a Yo También la delegación, integrada por Soralla Procopio, mujer indígena con discapacidad visual; María Fernanda Castro, mujer con discapacidad intelectual y Patricia Del Valle Vargas, mujer con discapacidad visual.

En su análisis, la delegación también se refirió al papel de México en América Latina en lo referente a derechos humanos de las personas con discapacidad.

“México siempre había sido considerado como un referente de instituciones y políticas en favor de las personas con discapacidad, sin embargo en los últimos años nos hemos quedado atrás. Actualmente, países como Honduras, Guatemala y Nicaragua cuentan con instituciones sólidas encargadas de implementar la política pública en materia de discapacidad e incluso cuentan con mecanismo de interlocución con las personas con discapacidad y sus organizaciones representativas”, declaró Coamex.

Mientras que el Colectivo Chuhcan AC en voz de su director ejecutivo, Raúl Montoya Santamaría, dijo que México ha fallado en la armonización de leyes según se estableció en la Convención.

“Básicamente el gobierno actual se ha dedicado a dar apoyos económicos a personas con discapacidad, ignorando completamente el trabajo de la sociedad civil y las recomendaciones hechas por la ONU”, señaló Montoya.

Temas como la falta de educación, acceso a espacios, desinstitucionalización de las personas con discapacidad, ejercicio de derechos reproductivos y sexuales, entre otros, están dentro de los grandes pendientes, apuntó.

Como parte del examen, las organizaciones Documenta, Fundación Teletón, Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), Human Rights Watch (HRW), International Commission of Jurists (ICJ), Coalición México por los Derechos de las Personas con Discapacidad (Coamex) y Mexicanas con Discapacidad and Women Enabled International (WEI) enviaron sus análisis y recomendaciones sobre la situación que guarda el cumplimiento de la Convención.

Con motivo del examen de los informes segundo y tercero de México, Documenta dijo que hay una “falta general de progreso en relación con las recomendaciones hechas por el Comité en 2014”.

“Estamos profundamente preocupados por la ausencia de medidas concretas en cuestiones urgentes como la de garantizar la equidad ante la ley y asegurar que nadie es privado de su libertad basado en su discapacidad”, explica el informe de la organización.

Pone como ejemplo los casos de Perú y Colombia donde ha habido un progreso significativo para pasar la legislación sobre el ejercicio de capacidad jurídica de las personas con discapacidad.

“Nuestro diagnóstico general sugiere que la promoción y protección de los derechos y dignidad de las personas con discapacidad no ha sido una prioridad de estado”, concluyó Documenta.

Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) dijo que aun con recomendaciones de 2014, México no ha hecho ningún esfuerzo por recabar sistemáticamente información estadística sobre la situación de las mujeres y niñas con discapacidad.

Violencia obstétrica, falta de acceso a métodos anticonceptivos, las dificultades para acceder al aborto, son solamente algunas de las realidades que enfrentan las mujeres y niñas con discapacidad en México, de acuerdo con la organización.

Human Rights Watch (HRW) centró su análisis en las dificultades de las personas con discapacidad en temas jurídicos, como cuando las víctimas de violencia familiar enfrentan obstáculos para reportar los crímenes, acceder a medidas de protección -incluyendo albergues para sobrevivientes de violencia familiar-, y para participar en procedimientos legales en situación de equidad.

“México ha fallado, tanto en su sistema federal como en los locales, para establecer un marco legal que haga referencia y tome en cuenta la accesibilidad a la justicia de las personas con discapacidad. Por ejemplo, la ley nacional que se refiere a la protección de las mujeres contra la violencia, no incluye referencias específicas para las mujeres con discapacidad”, se lee en el documento de HRW.

La International Commission of Jurists (ICJ) dijo que únicamente el Poder Judicial contestó a sus requerimientos de información para la elaboración de su análisis, lo que ya demuestra el interés del Estado mexicano en el tema de discapacidad.

En octubre pasado, durante la ceremonia de disculpa del Estado mexicano en el caso Arturo Medina Vela, las autoridades se comprometieron públicamente a impulsar reformas legislativas para cumplir con las recomendaciones del comité, sin embargo no hubo detalle de la naturaleza y alcance de esas acciones, ni sobre el tiempo que tomará ese cumplimiento, indicó ICJ.

La organización recordó que todas esas adecuaciones son en realidad obligaciones a las que México se comprometió desde 2007 cuando firmó la convención y que el Comité repetidamente (en 2014 y 2019) ha llamado la atención sobre la necesidad de que se cumplan.

La Coalición México por los Derechos de las Personas con Discapacidad (Coamex) hizo hincapié en cómo el gobierno federal ha disminuido la capacidad de instituciones dedicadas especialmente a elaborar, instrumentar y coordinar las políticas públicas referentes a la discriminación.

“Es preocupante que en las únicas acciones adoptadas por el Estado prevalezca el enfoque asistencialista, supeditadas al otorgamiento de apoyos económicos, y que no haya acciones transversales para garantizar los derechos humanos de las personas con discapacidad”, indica el informe de Coamex.

En el mismo, la organización recordó que no hay mecanismos de consulta ni que garanticen la participación de las pcd en la elaboración de políticas públicas, tampoco hay cifras sobre cómo durante la pandemia las mujeres y niñas con discapacidad se vieron afectadas.

“…resulta sumamente preocupante que el Estado mexicano aunque durante la planeación del Programa Nacional de Vacunación si tomó a las personas con discapacidad como grupo prioritario, en la práctica nunca se realizaron acciones al respecto, lo cual incrementó la carga desproporcionada que el sistema de salud ha dejado caer en las personas con discapacidad y sus familias desde el inicio de la pandemia: al suspender, cancelar y posponer las citas médicas, estudios médicos y terapias que a casi dos años han deteriorado la ya precaria condición de salud de muchas personas con discapacidad”, añade el documento.

Mexicanas con Discapacidad y Women Enabled International (WEI) dijeron que las fallas de México en la atención prioritaria de mujeres y niñas con discapacidad han incrementado las barreras para la realización plena de los derechos humanos de este grupo.

“Niñas, niños y adolescentes con discapacidad en México son frecuentemente excluidos de los programas de educación sexual, debido a la presunción de que no necesitan esta información. Esta presunción viene del estigma y estereotipo de que las mujeres con discapacidad son asexuales. Además, la información sobre derechos sexuales y reproductivos con frecuencia no es ofrecida en formatos accesibles, a pesar de que esta información es esencial para prevenir el abuso sexual, embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual”, apunta WEI en su revisión.

La Fundación Teletón se limitó a informar sobre su trabajo en rehabilitación, incidencia en política pública y entrega de reconocimientos.

Los señalamientos de estas organizaciones fueron una de las fuentes que usó el Comité para cuestionar a México sobre el avance en el cumplimiento de la Convención y serán tomados en cuenta para el informe que se elaborará en las próximas semanas.