Adulto mayor usuario de silla de ruedas recibiendo la tarjeta de pensión del bienestar.La pensión ‘universal’ llegó solo a 30 por ciento de su meta
Bienestar solo sumó casi 239 mil nuevos derechohabientes con discapacidad permanente en 13 estados a un costo per cápita de 92 mil 102 pesos cuando su pensión es de 2 mil 800 bimestrales.
12 de diciembre de 2022
Itzel Ramírez
Tras meses de negar la información por distintas vías, la Secretaría de Bienestar finalmente hizo públicos los alcances de la pretendida universalización de la pensión para personas con discapacidad (pcd) permanente: de los 804 mil 303 nuevos registros que la dependencia fijó como meta en 16 estados, solo se logró el registro de 238 mil 866 nuevos derechohabientes, lo que equivale a solo 30 por ciento de lo prometido.
Si dividimos el costo que demandó este tan vastamente anunciado plan, entre la inversión federal y la estatal (que sumó 22 mil millones de pesos), podemos decir que conseguir cada nuevo derechohabiente le costó a las arcas nacionales unos 92 mil 102 pesos, cuando su pensión ‘efectiva’ es de 2 mil 800 pesos bimestrales. El caldo salió, sin duda, más caro que las albóndigas.
Porque esta campaña de universalización de las pensiones a pcd que arrancó en junio pasado representó una inversión de 20 mil millones de pesos (mdp) por parte del gobierno federal más otros dos mil mdp que aportaron en conjunto los 16 estados que se sumaron a la invitación del Presidente: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Colima, Guerrero, Nayarit, Puebla, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas. En todos los casos son entidades gobernadas por Morena.
En cada estado que se sumó a la propuesta Presidencial de coinversión 50/50 (gobierno federal y estatal) hubo acto, hubo discurso de la titular, Ariadna Montiel, hubo gobernadores y gobernadoras tomándose la foto de ocasión con potenciales derechohabientes pero a la hora de los resultados el plan resultó débil. Tanto que los plazos originales de 30 días de inscripción para los nuevos apoyos bimensuales de 2 mil 800 pesos se extendieron en cada entidad por tiempo ilimitado.
Todo el proceso de universalización, todo el despliegue de siervos de la nación, toda la propaganda oficial que significó cada anuncio de inicio de afiliaciones fue mucho más oneroso que lo que el gobierno federal tiene etiqueta para entregar cada dos meses vía la tarjeta de Bienestar que la cantidad de afiliados que se lograron incorporar. Esto demuestra a todas luces que fue un proceso donde faltó mayor comunicación local, mayor eficiencia a la hora de entregar el documento más complejo del proceso (el certificado de discapacidad) y la homologación incluso de esta receta. Algo que la propia Coneval había analizado meses atrás cuando evaluó con semáforo amarillo el despliegue de este programa que es de los prioritarios de la 4T. “Avanzamos con paso firme para alcanzar el hermoso ideal de que la pensión sea un derecho universal para todas las personas con discapacidad en México”, dijo Ariadna Montiel, titular de la secretaría, en un comunicado difundido por la dependencia federal el pasado 4 de noviembre.
El 6 de junio de este año, la Secretaría de Bienestar anunció que 13 entidades empezarían las campañas de afiliación masiva para que todas las personas con discapacidad de entre cero y 64 años pudieran acceder a la pensión, un programa que hasta entonces centraba su cobertura en beneficiarios de cero a 29 años y en personas de 30 a 64 siempre que vivieran en comunidades indígenas, afromexicanas o de alto y muy alto grado de marginación. Posteriormente la cobertura llegó a 16 estados al sumarse Michoacán, Morelos y Tabasco abrieron igualmente los registros para todas las pcd permanente.
El periodo de registro terminaría el 30 de junio; sin embargo, la afiliación permaneció abierta todo el año, ante la baja inscripción de nuevos afiliados, como reportamos en Bienestar solo registró 1 de cada 7 nuevas pensiones para discapacidad al término del plazo inicial. Si tenemos en cuenta que desde el lanzamiento oficial hasta la entrega de resultados son 112 días hábiles los que estuvieron abiertas las unidades de registro, el promedio diario fue de 2 mil 128 nuevos derechohabientes por día. Si la meta era de 804 mil 303 nuevos registros, la cifra debió ser de 7 mil 181 pcd permanentes al día.
La danza de las cifras __
A seis meses del anuncio, Bienestar difundió 32 comunicados, uno por cada entidad federativa, en los que detalla el avance de la cobertura del programa social. “Mi mayor ilusión es ayudar a quienes más lo necesitan; es por ello que este año fueron incorporados 318 mil nuevos derechohabientes a través de la colaboración de @bienestarmx con 16 estados. #DiscapacidadConBienestar #PrimeroLosPobres”, escribió Montiel en su cuenta de Twitter el pasado 3 de diciembre, a propósito del Día Internacional de las Personas con Discapacidad.
Mi mayor ilusión es ayudar a quienes más lo necesitan; es por ello que este año fueron incorporados 318 mil nuevos derechohabientes a través de la colaboración de @bienestarmx con 16 estados.#DiscapacidadConBienestar
#PrimeroLosPobres pic.twitter.com/EPgCrFUENQ— Ariadna Montiel Reyes (@A_MontielR) December 3, 2022
Lo que no detalló Montiel es que de esos 318 mil 407 nuevos beneficiarios, únicamente 258 mil 888 corresponden a las 16 entidades donde las pensiones comenzaron a denominarse “universales”, mientras que los 59 mil 519 restantes se reparten entre los estados en donde se pueden sumar nuevos derechohabientes solo en aquellos municipios altamente vulnerables.
De los 16 estados que cacarearon el nuevo modelo universal (que en estricto sentido de la palabra es equívoco, porque tiene rangos y definición de un porcentaje de pcd de quienes pueden anotarse), solo Zacatecas logró superar el umbral del 50 por ciento de la meta inicial, quedando el resto de las entidades en porcentajes menores.
En Puebla, por ejemplo, había 109 mil 391 personas con discapacidad que no recibían pensión en junio de 2022, según informó Bienestar en el comunicado número 042; en total, gobierno estatal y federal invertirían 500 millones de pesos -250 millones cada uno-, para beneficiar a este grupo que había quedado fuera de su padrón original. Al cierre de año, en esta entidad solo se sumaron 12 mil 206 nuevos derechohabientes, según un comunicado difundido por la Secretaría el 4 de diciembre pasado, esto significa que el alcance fue de 11 por ciento de cobertura prometida.
Con estos nuevos empadronados Puebla cerrará el año con 77 mil 835 derechohabientes, contando a los 65 mil 295 que existían desde antes de la puesta en marcha del plan de universalización. En Sonora, solo 10 mil 582 pcd permanente se lograron inscribir, cuando el objetivo era entregar la pensión bimensual a 66 mil 251 personas (un cumplimiento de solo 16 por ciento), esto convierte a este estado en el segundo con menor registro solo detrás de Puebla.
En el extremo contrario están Zacatecas, donde se consiguió el 55 por ciento de los registros meta (22 mil 227 de 40 mil 293) y Sinaloa con 47 por ciento de cumplimiento (con 28 mil 499 de 60 mil 721 derechohabientes prometidos). En Baja California, la meta fijada era la de sumar 77 mil 454 nuevos empadronados como publicó la Secretaría en un comunicado; pero solo se lograron agregar al padrón 25 mil 354 informó la dependencia.
Las metas son solo “conjeturas”
Para Jesús Alejandro Ruiz Uribe, delegado de la secretaría y coordinador de programas federales de Baja California, que la universalidad se haya quedado en el 33 por ciento de la meta es una “conjetura”. “La meta es la que se consigue. Cualquier otra meta es una conjetura. En el caso de Baja California así es, están todos los que tenían que estar, nosotros cumplimos al 100 por ciento. Son conjeturas que aprovechan para tratar de dañar al proceso que llevamos”, dijo el funcionario entrevistado.
Incluso, Ruiz afirmó que todas las personas con discapacidad de la entidad ya están afiliadas. “No hay gente que tenga discapacidad que no esté en el programa. Y si hay, siempre va a estar quedando abierto (el registro) porque la discapacidad es de nacimiento o por algún accidente y sigue naciendo gente (con discapacidad), entonces queda abierto el padrón”, declaró el delegado.
El 21 de junio en conferencia de prensa, este mismo funcionario dijo que se basaron en el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) para calcular la meta: “el Instituto dijo que había 77 mil personas con discapacidad en Baja California mayores de 29 años (…) el avance no ha sido como nosotros creímos, esperábamos, pero esto está ocurriendo en todo el país, es decir, son muchos menos de los que se pensaban. Hubo una exageración con las cifras del INEGI porque es nacional el fenómeno”, declaró en la conferencia, disponible en video.
La vocera de Bienestar, Lidia Arce, no ha respondido desde junio a las peticiones de entrevista e información para conocer el avance del empadronamiento de las pensiones para personas con discapacidad permanente. Con las metas alcanzadas, de acuerdo con Montiel, el padrón de la Pensión del Bienestar para Personas con Discapacidad pasó de un millón 43 mil 34 beneficiarios a un millón 301 mil 922 para el cierre de este 2022.
__‘Amarran’ recursos para 2024
En 2024 iniciarán los 13 estados faltantes sus campañas para aumentar el número de empadronados para recibir su pensión por discapacidad permanente. Las aportaciones que harán gobierno federal y estados para la universalidad de las pensiones están garantizadas desde 2022 y hasta el 31 de agosto de 2024, según el convenio firmado por 29 entidades y la Secretaría de Bienestar. El documento, al que Yo También tuvo acceso, establece que salvo Coahuila, Jalisco y Tamaulipas,todo el resto de los estados de la república asignarán en partes iguales las cantidades específicas para la “operación de la universalidad de la pensión para pcd permanente”, que, a partir del año entrante aumentará de 2 mil 800 a 3 mil 200 pesos bimestrales.
Según los informes del ejercicio del gasto público, el gobierno federal desembolsó al tercer trimestre de este año 20 mil 37 millones de pesos para este programa de Bienestar. En el caso de 2023, el presupuesto aprobado en el PEF es de 25 mil 514 millones de pesos, una cifra superior a lo que se destinó a la Fiscalía General de la República (18 mil 954 millones) y a todo el Poder Legislativo (15 mil 994 millones).
¿Y la transparencia?
En al menos dos ocasiones, la Secretaría de Bienestar se negó a dar respuesta a solicitudes de información hechas por este medio vía la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) para conocer los avances de la campaña de universalización de la pensión para pcd permanente. La dependencia, como puede consultarse en los datos de la PNT, también ocultó los datos a otros solicitantes.
A través de su área de Comunicación Social tampoco fue posible conocer la información, ni vía telefónica en las oficinas estatales de Bienestar. Incluso, no está disponible en su sitio web el convenio de colaboración firmado en 2021 entre el gobierno federal y los 29 estados que le dijeron que sí a esta propuesta del Presidente Andrés Manuel López Obrador.
Ello a pesar de que el gobierno federal estableció en la cláusula quinta del documento que “toda la información relacionada con el trabajo llevado a cabo conjuntamente y la relativa a los recursos que hayan sido invertidos para el logro del objeto del presente Convenio de Colaboración será pública, en razón de lo cual se llevarán a cabo las acciones necesarias para que dicha información se encuentre al alcance de la ciudadanía”.
Cuando en junio se anunció que empezaba la etapa de registro para que todas las pcd accedieran a la pensión, Bienestar dio a conocer las metas de 13 entidades federativas en comunicados en los que presumía la nueva “universalidad” del programa. Los documentos pueden revisarse en:
Para cada caso, la dependencia dio, además de las metas, el número de beneficiarios que en esa fecha había en cada estado. Estas fueron las cifras, oficiales hasta entonces, que utilizamos en Bienestar solo registró 1 de cada 7 nuevas pensiones para discapacidad, donde se consigna el primer reporte sobre la poca afluencia de beneficiarios nuevos.
Pero las cifras cambiaron a finales de año, pues Bienestar dio otras cifras de cobertura previa a la etapa de la afiliación masiva. Estos datos difundidos el 4 de diciembre, fueron los usados para calcular en cada caso el grado de cumplimientos de esas metas:
Las discrepancias, de más de 17 mil beneficiarios entre una y otra fecha, no fueron explicadas por la autoridad.
Por Itzel Ramírez