Juez federal ordena atender a joven con autismo que vive maltratado y con signos de tortura en Baja California

Tanto la Secretaría como el DIF estatal se habían negado a acudir al domicilio del joven, de identidad reservada, y señalaron ser incapaces de resguardarlo al no contar con un espacio para atender a personas que viven bajo el Trastorno del Espectro Autista, reportó La Voz de la Frontera. Fernanda Rizo, asesora legal del caso, fue quien llevó a cabo el proceso.

Desde 2020, las asociaciones Justicia que Transforma a México A.C. y Auto-Fundación Baja le informaron la situación. El joven era víctima de tortura y sus familiares lo tenían encadenado para evitar que saliera de su hogar. Entonces se realizó una denuncia ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEHDBC) y a la Comisión Intersecretarial del Poder Ejecutivo Estatal para la Atención de Personas con Espectro Autista en Baja California.

Tuvieron que pasar casi cuatro años de litigios, ya que las autoridades en cuestión se declararon “incompetentes” para atender al joven, pero finalmente un juez federal concedió el amparo 14/2023-I donde instruye que se deben atender e investigar las condiciones de vida del afectado y actuar en defensa de sus derechos. 

“Cuatro años duró porque las autoridades no quisieron acatar en principio ni la orden de suspensión ni la sentencia del juez de distrito ni la revisión”, expresó la asesora legal. 

Pero incluso ante la sentencia, el DIF Estatal respondió que sí brindará las terapias necesarias al joven, si él acude a las instalaciones de la dependencia, mientras que el Poder Ejecutivo Estatal recalcó que no cuentan con un espacio para resguardarlo.

Rizo narra que la Procuraduría de la Defensa del Menor realizó una inspección en el hogar del joven tras la primera denuncia, donde encontraron que dormía en un colchón en el piso, junto a cadenas, en un cuarto cerrado con candado, y que contaban con un aire acondicionado, pero descompuesto. Aún con este hallazgo, el DIF del estado se limitó a otorgar despensas a la familia.

De paso, durante el proceso hallaron que la Comisión Intersecretarial del Poder Ejecutivo Estatal para la Atención de Personas con Espectro Autista en Baja California, creada en 2016, estaba inactiva desde el año 2020.

Desde ese año, un juez federal emitió una medida cautelar donde se ordenaba al estado la detención inmediata de estos actos, pero las autoridades estatales desacataron la orden y se declararon incompetentes desde entonces.

Para la abogada del caso, la situación es grave porque “cuando las autoridades ya tienen conocimiento de que un particular está llevando a cabo malos tratos, tortura, actos que atentan contra la dignidad de una persona, es como si el propio estado perpetuara esos actos… tiene las funciones para detenerlos, investigarlos, sancionarlos, y no lo hace”.

Tuvo que abrirse un incumplimiento de la orden, se emitieron apercibimientos y sanciones contra las autoridades y, aún así, no fueron cumplidas.

La última sentencia a favor del joven estableció un incumplimiento de la Comisión Intersecretarial y realizó un ordenamiento en tres sentidos.

En primer lugar, dictan darle atención médica y realizarle exámenes de salud inmediatamente; en segundo, instruyen a la autoridad estatal brindarle los servicios que requiera, incluyendo asistir a su hogar para darle las terapias si es necesario y, en caso de detectar que no cuenta con condiciones óptimas para vivir, llevárselo de ahí; y, por último, ordenan protegerlo para que no corra riesgo de contraer alguna enfermedad infectocontagiosa.

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