¿Y la representación? Deja el INE a los partidos políticos decidir sobre acciones afirmativas

Por mayoría de votos, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) “desapareció”  los pisos mínimos que obligaban a los partidos políticos a postular determinado número de personas candidatas de cuatro grupos en situación de vulnerabilidad: personas con discapacidad (pcd), afromexicanas, de la diversidad sexual y migrantes residentes en el extranjero para la elección de 2024.

El pasado viernes, contrario a las acciones afirmativas aprobadas por el mismo INE en la elección federal de 2021, el Consejo aprobó obligaciones mucho menos claras. Si bien los 30 lugares para personas indígenas se mantienen, hay una “bolsa” de 20 candidaturas que cada partido podrá repartir como decida y un lugar para el Senado.

No todas las personas consejeras votaron a favor. Dania Ravel, Claudia Zavala y Carla Humphrey argumentaron que se viola el principio de progresividad de los derechos humanos a la representación de estos grupos. También lo hizo la representante de Movimiento Ciudadano, Martha Tagle. 

Zavala incluso fue clara al decir que estaba segura que esta decisión enfrentaría “alguna cuestión legal a través de los medios de defensa”. Es decir: vaticinó que esta decisión será impugnada ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

En el 2021 apenas se logró que 65 de los 500 legisladores y legisladoras, es decir, sólo el 13 por ciento pertenecieran a grupos en situación de exclusión. Entre ellos, ocho legisladores y legisladoras con discapacidad dado que era obligatorio postular a al menos seis fórmulas de mayoría (por votación) y dos por representación proporcional (en listas por partido).

Para personas afromexicanas había cuatro lugares, tres para personas de la diversidad sexual y de género y cinco para migrantes residentes en el extranjero.

Veinte lugares para cinco grupos y treinta para personas indígenas

De acuerdo a un comunicado del INE, habrá 30 candidaturas para grupos y comunidades indígenas y 20 para los restantes grupos a los cuales aumentaron uno más: personas en situación de pobreza, lo que implica, de por sí una reducción.

«Sobre el caso de las acciones afirmativas para personas afromexicanas, con discapacidad, de la diversidad sexual, en pobreza y mexicanas migrantes residentes en el extranjero, los partidos deberán postular 20 fórmulas a diputaciones -de las que al menos dos serán de Mayoría Relativa y ocho de Representación Proporcional.»

“Cabe aclarar que los partidos y coaliciones deberán postular al menos una fórmula por cada acción afirmativa en cualesquiera de los principios.

“En cuanto a las senadurías, los partidos y coaliciones deberán postular una fórmula de personas afromexicanas, una de la diversidad sexual, una con discapacidad por cualquiera de los dos principios, así como una fórmula de personas mexicanas migrantes y residentes en el extranjero en la lista de Representación Proporcional”.

El acuerdo mantiene 30 lugares para personas de comunidades y pueblos indígenas a quienes llaman “naciones mexicanas”. Para representantes de este grupo corresponden 30 fórmulas, de las cuales 18 deben ser por mayoría relativa y 12 bajo el principio de representación proporcional. Para el Senado se deben postular al menos cinco fórmulas en cualquiera de los dos principios. 

Hoy en el CG del @INEMexico voté en contra de las acciones afirmativas previstas en el acuerdo de registro de candidaturas en favor de los grupos en situación de discriminación al considerar que su diseño limita indebidamente sus derechos humanos. pic.twitter.com/04BVLGsrOu

— Carla Humphrey (@C_Humphrey_J) September 9, 2023

Como el Plan B… pero peor para algunos grupos

El famoso “Plan B”, es decir la reforma electoral que planteó el presidente, se aprobó, pero que fue impugnada y considerada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, planteaba que los partidos destinarían  25 candidaturas a grupos en situación de exclusión para personas afromexicanas, indígenas, personas de la diversidad sexual, migrantes y personas jóvenes.

Además, esta reforma obligaba a que las candidaturas plurinominales (o por lista) debían estar dentro de los 20 primeros lugares, cuando antes, en el 2021, estaba entre los 10 primeros.

Ahora, este acuerdo del INE reproduce el modelo: no dicta  un porcentaje determinado ni reglas para definir las candidaturas entre los grupos por lo que cada partido podía determinar que estos 25 lugares se destinen a un grupo por completo, menos una candidatura, dejando fuera a otros.

No hay una argumentación sobre la decisión de dar esta libertad a los partidos políticos. Ningún criterio como pudiera ser representación poblacional u otro.

¿Por qué es regresivo?

En el 2021, como le dijo Laura Liselotte Correa de la Torre, la entonces titular de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No discriminación del INE, a nuestra reportera Itzel Ramírez en la entrevista “No daremos un paso atrás en derechos políticos de pcd”, se garantizó un piso mínimo que no puede reducirse. Esto es por el principio de “progresividad de los derechos humanos”  del Artículo 1o. Constitucional se tiene que honrar y que dice:

“Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad”.

En el momento en que Correa de la Torre dio esa entrevista a Yo También  se estaba por discutir la inconstitucionalidad del Plan B y la funcionaria del INE se manifestaba en contra de él, entre otras cosas justo por este principio. Quiere decir que una vez ganado un derecho no se puede reducir.

“Si ya estamos haciendo visible a la población con discapacidad, si a los partidos les estamos diciendo que no es que quieran, es que tienen que hacerlo, entonces lo que tendría que pasar es que estas reformas fueran contundentes y progresivas, porque es hacia donde tenemos que avanzar”.

Pero no se dio así en la discusión del INE el viernes pasado. Y Correa de la Torre renunció a su puesto el 3 de marzo pasado y su puesto permanece aún sin persona titular.

Ahora la comisionada encargada de la Comisión de Igualdad de Género y no discriminación desde el sabádo es Rita Bell López Vences, quien votó a favor. Esta abogada oaxaqueña, según su biografía en el INE, “se ha destacado por impulsar la representación política de los pueblos indígenas, de la comunidad LGBTTIQ+, de las mujeres y por acercar la democracia a toda la ciudadanía”.

A esta comisión también pertenecen, como integrantes, Arturo Castillo Loza, Jorge Montaño Ventura y Claudia Zavala Pérez. La única que votó en contra del acuerdo sobre acciones afirmativas fue Zavala Pérez.

¿Qué se puede hacer?

Tras la sesión del Consejo del INE, hay grupos que, como el colectivo #PorMásRepresentación  (que se agrupó justo para defender los lugares de grupos históricamente excluidos de la representación política y que se manifestaron en contra del Plan B ante la Suprema corte  en marzo mediante la lectura de un documento) analizan la posibilidad de interponer un recurso ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Si bien el Plan B cayó por el desaseo legislativo, en la discusión en la Suprema Corte se mencionó la palabra “discapacidad” 54 veces, sobre todo en materia de la obligada consulta a ellas y también a pueblos y comunidades indígenas y poblaciones afromexicanas.

Estos recursos pueden ser promovidos tanto por partidos políticos como por ciudadanos y ciudadanas cuyos derechos político electorales puedan estar siendo vulnerados, es decir de estos mismos grupos afectados: personas con discapacidad, afromexicanas, de la diversidad sexual y migrantes.

La representación es importante: sí hace que se legisle de manera distinta y que, por el solo hecho de estar en el Congreso, estos grupos se vuelvan más visibles.

Cayó el Plan B, sí; pero el  INE, que había sido progresista, nos falló. 

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