Graves violaciones a los derechos de pcd: una lucha por la justicia

Un revelador reportaje publicado por Quinto Elemento Lab este agosto destapó una realidad desoladora: los Sistemas DIF han mantenido a cientos de individuos, desde niños hasta adultos mayores y personas con discapacidad, confinados en lugares conocidos como «anexos».

Estos sitios, en lugar de ser espacios seguros de reintegración, han sido escenarios de abuso, tortura y maltrato, según lo evidenciado en documentos, 40 testimonios y visitas a centros para personas con adicciones en cuatro estados de la republica. 

En estos centros, se han documentado casos de abuso y tortura. La revisión de documentos, búsquedas y testimonios demuestra que en nueve estados, en lugar de integrar a estas personas en una comunidad segura, los DIF los mantienen en estos centros, violando leyes y tratados.

Los DIF pagan desde mil 900 hasta 15 mil pesos al mes por persona en estos centros de rehabilitación, según sus propios documntos. Entre 2015 y 2022, los DIF de nueve estados asignaron 31.6 millones de pesos a centros para el tratamiento de adicciones. La investigación evidencia que en lugar de proteger, el DIF expone a riesgos a estas personas de manera frecuente, como se revela en entrevistas y revisiones.

La situación es aún más preocupante al considerar que estas prácticas flagrantes contradicen las leyes y tratados internacionales.

A pesar de la solicitud reiterada de entrevistas, el DIF nacional evita el contacto, dejando a las personas atrapadas sin libertad y expuestas a riesgos durante años.

La alarmante brecha económica se suma a este dilema

Mientras el gobierno ofrece únicamente 50 pesos al día a personas con discapacidad (pcd), 2.95 millones de ellas viven en pobreza según la CONEVAL 2022. Un dato impactante revela que las personas con discapacidad enfrentan un desequilibrio remunerativo preocupante en comparación con sus pares sin discapacidad. Un asombroso 22.1 por ciento menos de ingresos salariales coloca a las personas con discapacidad en una posición desventajosa, ganando apenas 6 mil 646 pesos en contraposición a los 8 mil 528 pesos de quienes no sufren discapacidad ello lo confirma datos del INEGI

Esta disparidad económica se agrava al considerar los gastos que deben afrontar. Mientras que el promedio de la población destina alrededor del 3.5 por ciento de sus ingresos en salud, las personas con discapacidad se ven obligadas a destinar más del 100 por ciento de sus ingresos anuales en esta misma área crítica. 

La realidad de la situación se agudiza aún más al observar los costos vinculados a las terapias, vitales para el bienestar de las personas con discapacidad. En el año 2023, el gasto anual promedio en terapias alcanza la cifra de 27 mil 660 pesos, superando la ya limitada suma de 26 mil 584 pesos, que constituye su ingreso anual promedio, destinando, además, 2 mil 300 pesos al mes en terapias.

Dicha realidad se convierte en un llamado urgente a la revisión de las políticas y los apoyos destinados a este sector de la población. La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) resalta un gasto mensual promedio en los hogares de 9 mil 970 pesos, mientras que el salario mínimo mensual se encuentra en 6 mil 310 pesos. Un informe relevante de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCDMX) señala que el 28 por ciento de las personas con discapacidad requiere asistencia personal.

Considerando estas cifras y el bienestar integral de las personas con discapacidad, surge la necesidad inaplazable de un ingreso mínimo adecuado para su digna subsistencia mensual de 19 mil pesos. Sin embargo, es preocupante que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) destine solamente mil 900 pesos al mes, un monto que apenas representa un 10 por ciento de lo que realmente se necesita.

Dos ejemplos que revelan una realidad de horror

El caso Casa Esperanza se alza como un emblema de las violaciones a los derechos humanos; Quinto Elemento Lab destapa una realidad que persiste desde el año 2000.

Los anexos confinan a cientos de personas con discapacidad en condiciones inhumanas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha emprendido una audiencia para investigar las violaciones en los albergues, específicamente el caso Casa Esperanza vs México.

El pasado 14 de julio de 2023, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llevó a cabo una audiencia para investigar las violaciones en los albergues públicos y privados donde viven personas con discapacidad en México. El caso específico presentado ante la CIDH es el de Casa Esperanza vs México, que ha estado en curso desde octubre de 2021 y alcanzó esta etapa de audiencia.

México ha experimentado un aumento de casos presentados ante la CIDH. Durante el gobierno anterior, se recibieron 4 mil 106 peticiones, se admitieron 49 casos y había mil 419 casos pendientes. El gobierno actual ha recibido menos peticiones, con un total de 2 mil 376, pero la CIDH ha admitido el doble de casos, con un total de 97. Aunque la defensa mexicana ha reducido estos casos a 73, todavía es un número superior al del gobierno anterior.

La importancia de la sentencia

El caso Casa Esperanza ilustra la necesidad de políticas eficaces que protejan a las víctimas. México debe tomar medidas concretas, ajustando su apoyo económico a las demandas reales de las personas con discapacidad.

El caso Reyes Alpizar y Daniel García contra México muestra la duración del proceso para resolver casos como el de Casa Esperanza. La investigación tomó aproximadamente 2 años y 9 meses, y la Corte Interamericana emitió su sentencia en 1 año y 8 meses. Usando estos plazos como referencia, es probable que la sentencia del caso Casa Esperanza se dicte en aproximadamente 3 años.

Esta sentencia podría tener un impacto significativo, ya que sería una de las primeras en incorporar los criterios internacionales sobre el derecho a la inclusión de personas con discapacidad.

La defensa de México, que se basa en argumentos insuficientes e inadecuados, demuestra el nivel de corrupción existente en el país. La Comisión y la Corte Interamericana pueden establecer criterios sobre corrupción y obligaciones directas en materia de derechos humanos para empresas y organizaciones que prestan servicios a personas con discapacidad.

Además, se espera que las resoluciones de la Comisión y la Corte evalúen la efectividad de los derechos de las víctimas y el cumplimiento del Estado de Derecho por parte del gobierno y el Poder Legislativo. En el caso de Casa Esperanza, las víctimas fueron trasladadas a otros albergues, violando sus derechos y poniendo en duda la efectividad de las comisiones y leyes establecidas para proteger a las víctimas.

¿Qué se debe hacer?

Es imprescindible que México tome medidas concretas para garantizar el respeto y la protección de los derechos humanos de las personas con discapacidad. La sentencia del caso Casa Esperanza será una oportunidad para que los jueces de amparos utilizando la misma demuestren su compromiso con estos principios fundamentales y su disposición a abordar las violaciones cometidas.

Un respaldo de 620 pesos al día, 3 veces el salario mínimo, es imperativo para garantizar una vida digna y abrir las puertas a una inclusión genuina y equitativa en la sociedad. En última instancia, la lucha por los derechos humanos de las personas con discapacidad en México es un llamado a la acción. Las cifras, los casos y las voces claman por una sociedad que garantice la dignidad y la igualdad para todos. La inversión en educación, empleo inclusivo y apoyos económicos justos es un compromiso ineludible que el gobierno debe asumir para construir un futuro más justo y equitativo para todas las personas, sin importar su capacidad.

*Agustín de Pavía es maestro en Derecho, experto en el tema de Derechos Humanos e Inclusión, reconocido nacional e internacionalmente. Ha participado en CONAPRED y COPRED. Cofundador de Yo También, plataforma de la que fue su primer director.

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