Se va a caer, se va a caer, la interdicción se va a caer
El Código de Procedimientos Civiles y Familiares votado el lunes en la Cámara de diputados prevé que ya no exista la interdicción en México. Ahora todos los estados deberán cambiar sus códigos civiles.
25 de abril de 2023
Katia D'Artigues
Con 481 votos a favor, por unanimidad, el lunes la Cámara de diputados votó el nuevo Código de Procedimientos Civiles y Familiares, una pieza de legislación clave que declara que toda persona mayor de 18 años tiene capacidad jurídica plena, por el simple hecho de ser persona.
Este nuevo Código, aunque no es una reforma específica para personas con discapacidad, las favorece porque deroga el estado de interdicción tras que la Suprema Corte de Justicia de la Nación la declaró inconstitucional en amparos por considerar que no está de acuerdo con la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.
Se cambia, pues, el modelo de sustitución de la voluntad por uno llamado de “toma de decisiones con apoyos”.
Aunque entrará en vigor hasta 2027, el Código establece el único procedimiento por el que se puede designar, de manera excepcional un apoyo por la vida judicial cuando se requieran para una persona para la que no sea posible conocer, ni mediante ajustes razonables y también después de realizar esfuerzos reales, razonables y pertinentes la voluntad de una persona.
Sólo en ese supuesto, el juez deberá designar a una persona de apoyo dentro del círculo cercano de la persona que conozca su vida, las preferencias, la historia, para representar mejor cuál puede hacer la voluntad y preferencias. Esta persona tendrá el deber continuo de buscar encontrar cuáles sean los deseos de la persona.
El caso de “Tomás” o de Gustavo Cerati
El colectivo “Decidir es mi derecho”, al cual pertenece Yo También, ilustró el supuesto con un caso que se dio a conocer en el foro “Decidir es un derecho de todas y todos. Hacia un reconocimiento de la capacidad jurídica universal”, el pasado 30 de agosto en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México: “El caso de Tomás”.
Lo pueden leer arriba pero en resumen trata de un adulto con autismo, que no tiene comunicación y que es candidato a una operación de la vista. A Tomás lo que más le gusta y donde se le ve contento es cuando interactúa con videojuegos y se ve en el espejo.
La operación para tratarle una degeneración macular progresiva, que está en fase experimental y da resultados de sólo la mitad de los procedimientos con éxito, podría dañar mucho su vista.
¿Qué hacer con Tomás si no podemos saber si quiere o no ser operado?
Para ello primero se trataría por todos los medios posibles de saber su voluntad, pero de no ser así, ¿quién decide por Tomás?
En el caso de una persona en estado de interdicción no hay duda: su tutor y la voluntad de Tomás no sería tomada en cuenta.
En este modelo, sin embargo se haría un procedimiento entre varias personas, incluyendo el director del Centro donde vive, con la trabajadora social que más contacto tiene con Tomás, y claro, ante un juez.
Un caso también ilustrativo de algo parecido sería el caso del músico argentino Gustavo Cerati, líder de Soda Stereo, quien tuvo un accidente cerebrovascular súbito en 2010 tras finalizar un concierto. Quedó en estado de coma. ¿Qué hubiera querido Gustavo Cerati? Un procedimiento así podría ayudar a dilucidar su voluntad de permanecer o no en coma.
¿Qué sigue ahora? ¿Y todos los demás casos de apoyo? __
Una parte importantísima del modelo de sustitución de la voluntad de las personas, el modelo de interdicción, cayó ayer. Y este Código sólo regula ese procedimiento que ilustramos con el caso Tomás o el de Cerati: cuando no sea posible conocer la voluntad de una persona por ningún medio.
Pero claro que no debe quedar ahí. Para aplicar el reconocimiento de la capacidad jurídica a todos los casos donde personas necesitan apoyos para tomar decisiones -de nuevo, con y sin discapacidad- es necesario impulsar muchas reformas locales.
Ahora cada estado -incluída la Federación con su Código Civil Federal- y también la Ciudad de México deben cambiar sus códigos civiles y ley de notariado (estos sí sólo a nivel local) para que estos reconozcan la capacidad jurídica de todas las personas y su derecho a la toma de decisiones con apoyo, para que se diga cómo funcionaría. Ojo: la persona puede decidir ser apoyada o no. A nadie se le puede exigir que forzosamente decida con apoyos.
El 16 de febrero en la Ciudad de México se presentó una iniciativa en este sentido por la diputada y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Marisela Zúñiga. Esta iniciativa que aún se discute en comisiones fue redactada por el colectivo “Decidir es mi derecho”, presentada por Fernanda Castro Maya, una activista y mujer con discapacidad intelectual.
Puedes conocer más sobre las aspiraciones de estas reformas en esta nota que escribimos en Yo También y conocer más sobre el colectivo “Decidir es mi derecho”.
__Una reforma que llega con atraso
Este Código estaba pendiente de reformarse desde hace ya muchos años. Como se recordó ayer en la discusión en la Cámara de diputados son los temas civiles y familiares los que ocupan el 70 por ciento del total de los juicios de México: de ahí su importancia.
La propuesta en general busca priorizar juicios y métodos se resolución de controversias de manera oral para que haya un mayor y efectivo acceso a la justicia también a través de la justicia digital.
Sus antecedentes vienen desde el sexenio pasado cuando, tras el caso de Ayotzinapa, el entonces presidente Enrique Peña Nieto pidió al Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, elaborar foros sobre “Justicia Cotidiana” y cómo mejorarla. El resultado de diversos foros en toda la república, tuvieron un documento final con recomendaciones.
Luego se reformaron y adicionaron los artículos 16, 17 y 73 de la Constitución que hicieron necesario hacer un Código Nacional de Procedimientos Civiles y familiares y se les dio a los legisladores un plazo para cumplir que no se cumplió. Desde el 2021 la Suprema Corte de Justicia mandató que el Legislativo tenia que cumplir con esta obligación.
Para febrero de 2022 una iniciativa en la comisión de Justicia del Senado (entonces presidido por el ahora gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca) sobre una iniciativa anterior de este Código fue rechazada por más de 250 organizaciones, expertos y personas con discapacidad que le hicieron llegar una carta. Esta carta también fue hecha en lectura fácil y pueden leerla en Yo También.
Tras esto, y al inicio del proceso de la discusión de una nueva iniciativa de Código se le abrió la puerta en el Senado a que diversas organizaciones interesadas, de distintas partes de la sociedad civil, opinaran sobre su contenido.
Por Katia D’Artigues
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