¿El fin del Conadis? Casi, pero no aún

Este martes 18, sin decir ni “agua va”, apareció un proyecto de decreto en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados. En él, el presidente López Obrador, de un plumazo, y argumentando “eficientar recursos públicos” aunque al mismo tiempo garantizar derechos humanos (valga paradoja)  propone eliminar, fusionar o integrar a otras instancias a 18 organismos, entre los cuales se encuentra el Conadis, Consejo Nacional para el Desarrollo y la inclusión de las personas con discapacidad.

De ser hoy aún un organismo de la secretaría de  Bienestar pasaría a ser sólo una “unidad administrativa” de la misma dependencia que encabeza Ariadna Montiel. 

Ustedes dirán: pues ya lo era, ¿cierto? Sí y no. 

Este sexenio ha ido matando el Conadis poco a poco.  Primero al no nombrar a una persona titular, luego quitándole sus oficinas y cada vez más presupuesto. En los hechos fue haciendo que se volviera irrelevante: una institución que nació para proponer políticas públicas y coordinar acciones de gobierno que permanece en silencio. 

Su extinción o reencarnación ahora en una “unidad administrativa” fue algo que,  seamos sinceros, fue la tirada del sexenio y tardó porque se enfrentaron a resistencia de parte de las mismas organizaciones de y para personas con discapacidad.

Se interpusieron, por ejemplo, dos amparos para buscar que el presidente, de acuerdo a sus obligaciones, nombrara a una persona titular. No prosperaron. Un Tribunal falló que podía hacerlo cuando quisiera (y hasta ahora no ha querido).

Se dieron falsas esperanzas e incluso, si me apuran, se mintió al respecto en este sexenio. 

En las mismas Naciones Unidas, Christopher Ballinas del equipo de la subsecretaria Martha Delgado anunció que se haría, en lugar del Conadis, un “sistema para la atención de la discapacidad”. No pasó de una declaración y luego la misma Delgado, en entrevista con Yo También dijo que habría que identificar a alguien dentro del gobierno que quisiera la institución. Así tal cual. Bueno, al menos le agradecemos su sinceridad. 

La entonces subsecretaria Montiel, que luego se volvería titular de Bienestar, al ser cuestionada por esta falta aseguró que ella misma era la titular del Conadis. “Qué más titular quieren que una subsecretaria”, dijo en un evento público.  La desmintió su entonces jefa María Luisa Albores quien, ante el Congreso, aseguró que el encargado era un misterioso Daniel Vélez, con cero experiencia en discapacidad, pero eso sí, ducho en administración y cercano a Montiel, encargada de repartir pensiones de Bienestar. 

A este gobierno no le interesa avanzar en el tema de la garantía de todos los derechos de las personas con discapacidad.: sólo pensiones y rehabilitación (en ambos casos tampoco para todos).

El mismo AMLO lo ha reconocido: se lo dijo a nuestro columnista Daniel Robles Haro el 16 de marzo que fue a la conferencia mañanera para pedirle la creación de baños de diseño universal y acciones para implementar comunicación aumentativa de parte de la secretaría de Educación Pública. 

“Lo que plantea Daniel, que viva Daniel, también debe ser atendido (…) Vamos a empezar (con lo que plantea Daniel: materiales adaptados para educación y accesibilidad en baños) aunque no podamos concluir nosotros, que inicie lo que están proponiendo», dijo el presidente en la mañanera.

Empezar. Mmm. Como si no se hubieran hecho cosas antes. Ah, el síndrome de este gobierno (y quizá de todos) de que la historia comienza con su llegada.

¿Y ahora qué?

Le escribí a la senadora Claudia Anaya para preguntarle qué sigue. Si se puede desaparecer así Conadis (y el reto de las dependencias)  sin hacer un proceso legislativo. 

En el caso de Conadis me dice que se tiene que legislar. Es un cambio “sencillo” en la Ley General para el Desarrollo y la inclusión de las personas con discapacidad. Se puede resolver al incorporar sólo un artículo transitorio (que son como las letras chiquitas de los contratos, pero en leyes) que transfiera las responsabilidades de Conadis a esta nueva unidad y tan tan. 

Se podría argumentar que AMLO no puede hacer este cambio sin antes consultar a las personas con discapacidad como obliga la misma Convención.

Aquí queda clarísimo que un organismo que vela por sus derechos, los de las personas con discapacidad, lo quieren cambiar, reducirlo a una “unidad administrativa”. Si se votara en el Congreso, se podría argumentar la falta de consulta: llevarlo ante la Suprema Corte de Justicia y buscar que se dé marcha atrás.

¿Les dará tiempo en este periodo ordinario de sesiones? Quizá no. ¿Se podrá, se querrá hacer algo para evitarlo por parte de la sociedad civil? Pues quizá sí, aunque no veo el ánimo. También porque, aunque no lo desaparecieran, ¿le harían algún caso? Me parece que no.

Ahora, legalmente esto no quiere decir que al desaparecer el Conadis se arreglen las cosas, por el contrario. Cuando firmamos y ratificamos la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, en el artículo 33 nos comprometimos a tener una o dos instancias que impulsen el cumplimiento de la Convención. El Conadis es esa instancia.

En fin. Qué poca vida tiene Conadis, la verdad. Y es muy triste decirlo e indignante recordarlo ante las falsas esperanzas y yo diría que hasta claras mentiras del mismo AMLO con respecto al tema, un tema en el que, además, hay una agenda impresionante de cosas por hacer. 

El 3 de mayo de 2018 publicamos, en medio de la campaña presidencial, un cuestionario común que respondieron todas las personas que querían ser titulares del Poder Ejecutivo. El cuestionario de AMLO nos lo entregó su coordinadora de campaña, Tatiana Clouthier.

Ahí decía que el Conadis no era suficiente, sino que haría un Instituto. No menos, sino más. En el cuestionario también decía que el Estado debería hacer aún más acciones. Sus palabras:

“Se asumió que con el simple hecho de hablar de personas con capacidades diferentes y construir ‘teletones’ por todos lados se resolvería el problema, y la evidencia muestra que no es así, y que el Estado no puede renunciar a su responsabilidad de cumplir con los derechos humanos de todos, con especial énfasis y rapidez, a favor de quienes viven en mayores condiciones de desventaja y marginación”.

Qué paradoja que en su sexenio haya, en lugar de construido, destruido instituciones. Por otro, doble paradoja que entonces criticara acciones como el Teletón y que ahora esta institución sea su aliada -sólo una de las poquísimas organizaciones de la sociedad civil- con la que su gobierno ha querido hacer sinergia.

Ya habrá otro momento histórico para reconstruir lo destruido. 

Pero mientras, otras cosas avanzan

Pese a lo que parece ser, ahora sí, la herida de muerte del Conadis, otros temas de la agenda avanzan. La semana pasada se aprobó por unanimidad el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en la Cámara de Senadores y esta semana también en la comisión de Justicia de la Cámara de Diputados. Se votaría en el pleno ayer mismo, pero hasta donde esto escribo aún no comenzaba la discusión, era el último punto del orden del día.

¿Qué tiene de importancia este código? Que reconoce la capacidad jurídica, el derecho a decidir, de todas las personas mayores de 18 años. De todas. Que ya no se vale un modelo de sustitución de la voluntad como la tutela o la interdicción.

Que estas decisiones se pueden tomar con apoyos, los que la persona decida (sin que haya un intermediario que diga quién si puede tener apoyos y quien no, porque de ser así caeríamos en lo mismo: en la sustitución de la voluntad). Esto beneficia a todas las personas -sí, también a las que no viven con discapacidad- que podremos buscar apoyos para la toma de decisiones pero sobre todo a personas mayores y personas con discapacidades, sobre todo intelectuales y psicosociales. 

Al aprobarse tardará en entrar en vigor cuatro años para su implementación. Y el trabajo no está terminado. Aunque es importantísimo el paso que dio el congreso porque hizo todo su trabajo previendo el procedimiento que habría que seguirse en casos en los que no se pueda saber cuál es la voluntad de las personas, los congresos locales tienen que completar el círculo para contar con un modelo completo de reconocimiento de la capacidad jurídica.

Esos cuatro años se pasarán rápido y será un tiempo precioso que hay que tomar para brindar capacitaciones lo mismo a funcionarios que a familias y organizaciones y cambiar paradigmas.

Es una reforma que se ha buscado por generaciones que nos antecedieron y, tras la Convención, por décadas ya: desde que al ratificarla interpusieron una reserva justo al derecho a decidir de todas las personas en el artículo 12 y que muchas personas luchamos por quitarla. 

No fue el primer intento para legislar el tema. Esta iniciativa nació tras desecharse otra que estaba muy mal aspectada y que se presentó cuando otro era el presidente de la comisión de Justicia: el senador Julio Menchaca, quien ahora es gobernador de Hidalgo. Fue firmada por más de 250 personas expertas, activistas, académicas y organizaciones cercanas o de y para personas con discapacidad. 

Tras ello también se hizo un foro sobre el tema en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. En él Marisela Zúñiga (quien luego presentaría este año una iniciativa para aterrizar el derecho a decidir de todas las personas en la Ciudad de México) recordó que en el Parlamento de Personas con discapacidad 2022 se presentaron varias propuestas para dictaminar el tema. El programa constó de varias mesas. 

Tras el affaire Menchaca, Yo También se unió a un colectivo llamado “Decidir es mi derecho”, un grupo de organizaciones de la sociedad civil muchas de ellas de y para personas con discapacidad pero también académicas y de derechos humanos, que estuvo al pendiente de esta reforma, dando insumos, asesoría, pimponeando ideas con la Cámara de origen, la de Senadores. Este proceso duró como un parto: nueve meses. 

Hay que reconocer que el Senado fue muy abierto a escuchar a este colectivo y a cualquier otra persona que se acercó; también permitió que se intercambiaran puntos de vista con grupos que, de entrada, no estaban de acuerdo con la perspectiva de que todas las personas tuvieran derecho a la capacidad jurídica. Fueron largas y difíciles pláticas, que llegaron a un buen puerto con diálogo, con ejemplos. Es una reforma de vanguardia. 

Hoy por eso es también una buena semana. 

Por Katia D’Artigues 

En más sobre el tema:

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