Derecho a leer, el desafío de las universidades para reproducir materiales para pcd

Con la premisa de que el acceso a la lectura es un derecho vital de todos los seres humanos, se llevó a cabo el 6to Foro el Derecho a Leer, que tuvo como sede la Benemérita Escuela Normal Veracruzana Enrique C. Rébsamen, en Xalapa, Veracruz, un espacio en el que se reflexionó sobre el reto de las bibliotecas para eliminar las barreras que prevalecen en el acceso a la información.

En su inauguración, Gerardo Gómez Salas, director de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana, pidió a las instituciones de educación superior que asuman acciones concretas para promover la producción y distribución de obras en formatos accesibles como el braille, los audiolibros y los libros electrónicos adaptados en sus acervos.

Por su parte, María Andrea Giovine Yáñez, directora del Instituto de Investigaciones Bibliográficas (IIB) de la UNAM, aseguró que la universidad mantiene su compromiso de buscar nuevos mecanismos para eliminar las barreras en el acceso a los libros para personas que viven con discapacidad.

“Se trata de un desafío que parece utópico, pero cada pequeño esfuerzo cuenta y cada acción contribuye a eliminar la barrera que existe para dar acceso a los libros a las personas que viven con discapacidad”, aseguró para Gaceta UNAM.

Recordó que la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) implementó un instrumento internacional para facilitar el acceso de las obras publicadas a las personas con discapacidad visual, el cual se conoce como el Tratado de Marrakech.

Finalmente, señaló que el reto de las bibliotecas es implementar dicho tratado al revisar temas de gran relevancia como la cooperación y las estrategias de reconocimiento de la industria editorial, y de sectores públicos y privados, como aliados a fin de posibilitar la disponibilidad de formatos accesibles.

Por su parte, Alicia Angélica López Campos, coordinadora del Comité de Atención a las personas con Discapacidad (CADUNAM), aseguró que las universidades pueden influir en el desarrollo de políticas y prácticas inclusivas y servir como modelo para que otras instituciones contribuyan a la creación de un entorno más inclusivo.

“Las bibliotecas públicas y las instituciones de educación superior somos clave en el acceso a recursos y tecnologías de última generación que faciliten la lectura para las personas con discapacidad. Su participación en la implementación del Tratado de Marrakech implica garantizar que se cuente con las colecciones accesibles y la tecnología adaptada que brinde acceso a la información de manera equitativa para todas y todos”.

Por último, Camerina Ahideé Robles Cuéllar, del Organismo Mexicano Promotor del Desarrollo Integral de los Discapacitados Visuales IAP, recodó que el derecho a la educación, la cultura, la no discriminación y la accesibilidad, desde la perspectiva del diseño universal, está garantizado en el ámbito jurídico nacional e internacional.

“Como organizaciones de la sociedad civil nuestras funciones son exigir que se cumplan y se hagan cumplir las leyes, y que en el marco del modelo social y de derechos humanos prevalezcan los principios de accesibilidad, asequibilidad, equidad e igualdad de oportunidades para garantizar la plena participación y aprendizaje de los estudiantes con todos los apoyos educativos adaptados.”, finalizó.

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