Criminalizar la discapacidad: la historia de dos hermanos encerrados por su condición
La discapacidad intelectual de dos jóvenes ha sido el principal factor para que la Policía y órganos impartidores de justicia los criminalicen y mantengan en un centro psiquiátrico hasta que “se curen” de su condición.
30 de mayo de 2023
Itzel Ramírez
Para la familia de Arturo la pesadilla comenzó el 7 de septiembre de 2019, cuando su hijo mayor fue detenido por policías del Estado de México y llevado ante el Ministerio Público, acusado de ser el responsable de un homicidio.
Desde entonces, Arturo ha visto cómo una y otra vez el sistema de justicia en México ha criminalizado la discapacidad intelectual que tienen sus dos hijos, que viven recluidos en una institución psiquiátrica donde deberán permanecer hasta que “se curen” de la condición con la que nacieron.
Aquella tarde de septiembre, Arturo llegó a la agencia del MP Manzana de Roma, en Tlalnepantla, acompañado de su hijo menor, que comparte una discapacidad intelectual congénita con su hermano. Ahí, vio cómo los policías golpeaban al mayor.
“Estaba llorando lo trataban de subir a la patrulla y él no entendía, él quería a su papá y a su mamá”, contó el padre en el podcast La Visita, realizado por la organización Documenta AC.
Al ver el maltrato, el hijo menor -que tiene un 49 por ciento de discapacidad intelectual- se acercó a los policías ministeriales para hablar con su hermano.
“Se acerca a su hermano… y los ministeriales le dicen ‘tú quién eres’. Mi hijo tiene gigantismo, mide más de dos metros, los ministeriales lo empiezan a golpear también”, dijo.
“¿Cómo es posible que una persona que tiene en el pecho una credencial de discapacidad de 15 por 15 centímetros y que está otorgada por el gobierno federal… donde gritaba ‘papá, papá, ayúdame, no me dejes, me están pegando’, ¿cómo es posible que esas personas sean tan monstruosas delante de mí golpearlo a los dos y no hacer nada?”, contó el padre.
Arturo fue entonces con la agente del MP en turno para explicarle que sus hijos estaban siendo golpeados y que tenían una discapacidad que les dificultaba comunicarse.
“(La agente) me dijo con muchas majaderías que me abstuviera porque si no, por su propia autoridad iba a hacer que también me metieran. Me sacaron a golpes, me pusieron la pistola en la cabeza”, dijo.
De repente, ya eran los dos hijos de Arturo los detenidos, acusados ambos de un homicidio del que no les dijeron más.
La situación económica de la familia orilló a Arturo a elegir al abogado de oficio, pues los particulares cobraban hasta un millón y medio de pesos para tomar el caso.
Pasaron 15 días antes de que el padre pudiera ver de nuevo a sus dos hijos, ya recluidos en el Centro Penitenciario Juan Fernández Albarrán, mejor conocido como Barrientos.
En la primera audiencia, Arturo supo que sus hijos eran acusados de haber golpeado tres meses antes a una persona en un bar y haber causado su muerte. El defensor de oficio, de apellido Plata, tuvo hasta ese momento la carpeta de investigación entre sus manos; es decir, representaba la defensa sin siquiera conocer el caso.
A partir de entonces, Arturo y su esposa -entonces en silla de ruedas- acompañaron a sus hijos a las audiencias en calidad de tutores. En cada una de ellas, dijo el padre, era evidente que no existían los ajustes razonables para un juicio de personas con discapacidad (pcd) intelectual.
El juicio, castigo a la discapacidad
Por su discapacidad intelectual, los hijos de Arturo tienen un desarrollo similar al de niños de entre cuatro y ocho años, como señala un dictamen del Poder Judicial del Estado de México.
Sin embargo y pese a tratarse de una prueba oficial, esta condición nunca fue tomada en cuenta por alguno de los jueces que han participado en las etapas del proceso penal.
El desarrollo del juicio que sigue la Fiscalía del Estado de México en contra de los hijos de Arturo ha mostrado cómo la justicia mexicana criminaliza la discapacidad, sostiene Víctor Lizama, activista de los derechos de las pcd y consultor técnico en el Programa de Discapacidad y Justicia de Documenta.
“Lo que sucede con estas personas (con discapacidad) frente al sistema de justicia es que emergen todos estos estigmas. El castigo a la discapacidad sucede cuando como a los hijos de Arturo, a una pcd se le detiene y no se le explica de forma accesible la situación en la que se encuentra, pasan la mayor parte del proceso en la cárcel. No hay participación de la persona y generalmente terminan en pabellones psiquiátricos”, dijo Lizama.
La falta de ajustes razonables es violatoria de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el tratado internacional que México firmó hace 15 años y que obliga al Estado a implementar todos aquellos ajustes o políticas necesarias para garantizar los derechos humanos de las pcd.
Lizama recordó que en México está vigente la figura de la inimputabilidad, que consiste en que a una persona con discapacidad se le puede someter a un proceso penal con la consideración de que al momento de cometer un delito no tuvo la capacidad de comprender el carácter ilícito del mismo.
“La inimputabilidad implica un procedimiento penal carente de garantías procesales y la imposición de un tratamiento en internamiento. Es contraria al derecho a la libertad y seguridad de las personas con discapacidad”, señaló el especialista.
De acuerdo con cifras de Documenta
, en México existen mil 36 personas declaradas inimputables y con discapacidad psicosocial recluidas en centros penitenciarios
.Para Lizama, si los hermanos hubieran tenido alguna persona facilitadora de justicia durante el proceso penal o alguna manera de acceder a un lenguaje claro, no estarían todavía en prisión.
“En nuestro país las personas con discapacidad son un grupo en situación de especial vulnerabilidad por los estereotipos prejuicios y estigmas que existen en su contra, en algunos casos la suma de todo esto se traduce en la privación arbitraria de su libertad imposibilidad de acceder a la justicia”, sentenció Lizama.
Ahora, la organización se ha involucrado en el caso, gracias a lo cual han ‘aparecido’ en la carpeta de investigación algunos documentos clave, como la descripción física de los presuntos golpeadores de la persona víctima de homicidio, que no coincide con la media filiación de los hijos de Arturo.
Inimputables
En el caso de los hijos de Arturo, un juez determinó que eran inimputables y ahora purgan su condena en un centro psiquiátrico.
“El juez dijo que si mis hijos no se curaban se quedaban de por vida. Yo me pregunto si hay un medicamento que cure la discapacidad, que cure una hipoxia neonatal”, cuestionó Arturo.
Una sola escena describe hasta qué punto el Estado mexicano ha sido omiso en el cumplimiento de sus obligaciones.
“En la audiencia de ejecución, el juez le preguntaba (a uno de los hijos de Arturo): ‘¿verdad que sí?’, le dije, ‘señor juez, si usted le sigue diciendo que sí, él va a decir que sí. Si le dice que comprende, él le va a decir que sí’”, narró el padre.
Sin embargo, el juez contestó que no era problema de Arturo si su hijo entendía o no lo que estaba sucediendo.
Arturo espera la llegada de septiembre, cuando se cumplen cuatro años de la detención de sus hijos, para que un juez ejecutor pueda extinguir la pena en una modalidad contemplada en la ley pero que es absolutamente discrecional.
La pesadilla ha pasado factura también a la salud mental de Arturo, cuya esposa y madre de sus hijos murió 15 días después de que se diera la sentencia condenatoria de los jóvenes.
“¿Usted sabe lo que sintió su madre, lo que sentí yo, en el hecho de estar en una cárcel como Barrientos, cuántas veces los golpearon?”, mencionó.
Por el impacto del juicio, Arturo también perdió su casa. Por el momento, va cada semana a ver a sus dos hijos, que no saben por qué no pueden ver a su mamá.
Por Itzel Ramírez
Te interesa: