Ganamos: habrá candidatos y candidatas con discapacidad en 2024

Con nueve votos a favor y sólo dos votos en contra, la Suprema Corte de Justicia de la Nación no sólo consideró este jueves inconstitucional el Plan B o la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador. También subrayó, otra vez, la importancia que tienen en los procesos electorales la voz de personas con discapacidad. 

Aunque pocos medios lo retoman así y se centran más en el desaseo legislativo, en esta reforma se tocaba una parte importantísima más. 

La reforma que ya no será, al menos para la elección del 2024, además de quitarle funciones al INE también reducía de facto las acciones afirmativas (o “lugares seguros” en el Congreso para diversos grupos históricamente excluidos). Y eso fue determinante. 

De ahí que en el proyecto que se votó a favor, elaborado por el ministro Javier Laynez Potisek mencionaba la palabra “discapacidad” 54 veces. Sobre el tema el martes publicamos “Personas con discapacidad tiran, también, el Plan B de la Reforma Electoral”.

El miércoles, al escuchar la crítica a priori que el presidente López Obrador hizo desde su mañanera sobre que los ministros y ministras no discutirían “el fondo” de la acción de inconstitucionalidad, me quedé pensando en lo mucho que nos falta, por un lado, como democracia, y por otro sobre la conciencia de nuestros compromisos internacionales en materia de derechos humanos.

Y es que, aunque muchas personas (incluso aquellas que legislan) se sorprendan hoy, desde hace 15 años México se comprometió a escuchar las voces de las personas con discapacidad al firmar la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, el primer gran tratado de derechos humanos del siglo XXI. 

En el Artículo 4, sobre Obligaciones, numeral 3, este tratado dice: 

“(Los Estados Partes, como México) celebrarán consultas estrechas y colaborarán activamente con las personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas con discapacidad, a través de las organizaciones que las representan”.

No por nada más de 10 leyes y partes de leyes han caído por esta falta de consulta. La Corte, como guardiana de la Constitución y los derechos humanos, sí lo sabe… y lo ejerce como parte de su trabajo. 

Entonces sí se entró algo al fondo. La reducción de acciones afirmativas de diversos grupos en situación de discriminación, como las personas con discapacidad, pero también de pueblos y comunidades indígenas, afromexicanos, migrantes, de la diversidad sexual son derechos humanos y de participación política, aunque es cierto que la obligación de consulta sólo la tienen personas con discapacidad e indígenas. 

El hecho de que el Legislativo se haya aventado la puntada de reducir estos lugares -y sin consulta de por medio- haría que los espacios ganados por estas comunidades se vieran reducidos y de esa manera su visibilización y derecho a la representación. 

Por eso desde marzo un colectivo de personas con discapacidad (y aliados), indígenas, de la comunidad LGBTQ+ y migrantes que nos llamamos #PorMásRepresentación leímos un texto en la escalinata de la Corte. También redactamos un amicus curiae (texto jurídico con argumentos que fue entregado a los y las ministras) y nos reunimos con dos de los que nos quisieron recibir: Luis María Aguilar y Norma Lucía Piña. Gracias por escuchar.

Un Congreso que es la representación del “pueblo” y que toma decisiones por él no puede, no debe, ser monolítico y debe ser diverso. 

La representación era un derecho que corría peligro con el Plan B. Por eso este jueves fue un día importante para estos grupos. Ganamos porque, independiente de quién gane las elecciones a todos los niveles, los partidos políticos deberán voltear a ver a estos grupos para proponer candidaturas con sus integrantes. Y esa es una gran noticia. 

Ya será otra historia si es que le hacen justicia a las diversas agendas. A eso también habrá que darle puntual seguimiento. 

Por Katia D’Artigues

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