Vía judicial, dos niñas tendrán un implante coclear gratis

“Yo no escucho, pero sí me gustaría que mi hija escuchara y pudiera hablar”,

dice una joven madre potosina en una entrevista dada al noticiero N+. 

Su hija Rumi de cuatro años con sordera profunda fue valorada antes de la pandemia por el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) y resultó candidata a recibir un implante coclear. 

Pero pasada la pandemia el gobierno federal pasó a cero el presupuesto para que los pacientes sin cobertura social accedieran a estas intervenciones y dispositivos de forma gratuita. Un amparo a favor de su derecho a la salud llevado adelante por Clara Luz Álvarez y el colectivo de abogadas y abogadas pro bono a favor de los derechos humanos logró torcer la medida (parte del plan de austeridad) y conseguir recuperar para ella un derecho tan básico como el de acceso a la salud.

Además de Rumi, otra niña también de San Luis Potosí con la misma edad y discapacidad auditiva se sumó a la demanda contra todas las instancias responsables de haber quitado un programa que llevaba varios sexenios existiendo, como la Secretaría de Salud, el Insabi y el INER. En cuatro meses, su caso escaló hasta que ahora les confirmaron a ambas su operación, implantes y terapias de manera gratuita.

En México, 3 de cada mil personas nacen con algún grado de discapacidad auditiva y en el caso de que esta condición sea profunda pueden ser candidatos a un implante coclear que les habilite la audición y con ello la capacidad de poder hablar. La intervención se debe hacer de preferencia antes de los 5 años, para precisamente aprovechar al máximo las conexiones neuronales que les permitan desarrollar el lenguaje. 

Oídos sordos

Desde hacía varios sexenios existía en nuestro país dentro del Seguro Popular un programa llamado Seguro Médico Siglo XXI que tenía entre otras responsabilidades la de brindar protocolos previos de diagnóstico, cirugía, implante coclear y terapia de habilitación posterior. 

Todas las operaciones se realizaban precisamente en el INER. Cerca de 4 millones de familias eran atendidas dentro de este programa según la propia página de la Secretaría de Salud.

En el caso de estas dos niñas potosinas (entre muchos otros niños y niñas) todo conspiró en su contra: poco después del diagnóstico hace casi tres años el gobierno desapareció al Seguro Popular e instauró el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y con la llegada de la pandemia el INER canceló todos sus tratamientos y fue convertido al 100 por ciento en Hospital Covid. 

A la lista de barreras de política de estado, se sumó otra más de ‘austeridad’. “En el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de 2022, se eliminó todo el presupuesto para este programa que se encargaba de cobertura gratuita en estas operaciones e implantes”, cuenta Clara Luz Álvarez.   

Al conocer estas dos tragedias, la abogada se puso en contacto con ambas familias para apoyarlas y lograr un amparo que les devolviera la posibilidad de ser operadas y acceder a un dispositivo que tiene un valor promedio de 800 mil pesos.

“En ambos casos no cuentan con cobertura social y estábamos en una situación apremiante en cuestión de tiempos”, 

agrega la abogada.

Elena y Rumi están a punto de cumplir 5 años y llevaban tres en pleno derrotero por cambios de políticas públicas, una pandemia y la austeridad del gobierno federal. 

El colectivo jurídico del que es parte Álvarez decidió presentar un amparo ante la Justicia para que se les devolviera a las niñas algo tan esencial como su derecho a la salud.

“La niñez mexicana tiene derecho a que se proteja su salud, y además, en cuestiones de violación de este tipo de derechos humanos, los países no pueden hacer ninguna ‘regresividad’, es decir que si existía un programa que les provenía un tratamiento del que ellas tenían el derecho a acceder no se puede quitar nada más, sin haberlo reemplazado con otro programa”, explica Álvarez. 

Con estos argumentos, en noviembre del año pasado pidieron a un juez un amparo contra la Secretaría de Salud, el Insabi y el INER, para que esta medida del gobierno federal no sea regresiva y se dé a las dos niñas el tratamiento que ellos mismos validaron que les darían dos años antes.Este mes de marzo, el Juzgado II en materia Administrativa anunció una suspensión de este amparo y un apercibimiento a las tres instancias que incluían imponer multas por incumplimiento de su obligación.  

“Hace pocos días fue operada Elena y en estas semanas esperamos que sea el turno de Rumi”, afirma Álvarez y agrega “no sólo las dos podrán escuchar y desarrollar el lenguaje sino que accederán a otro derecho, como es el de la educación ya que había muchas escuelas que le habían negado su acceso debido a que eran sordas”, agrega la abogada.

Una esperanza 

Si bien estos dos amparos no sientan jurisprudencia, si son un precedente que pueden aplicar otras familias de niños y niñas con sordera profunda y con protocolos que las declaren aptas para recibir un implante. Sobre todo a aquellas sin protección social ni cobertura médica. 

“Ante una situación de estas características, hay que apelar a lo más básico que es el derecho a la salud y pueden buscarnos para ayudarlos en un amparo de este tipo sin costo alguno”, explica Clara Luz Álvarez, una abogada y activista que ha sido nodal en muchos casos de apoyo a personas con discapacidad y en incidencia pública en cuestiones de inclusión y accesibilidad. 

Toma tu remo es un colectivo de abogados y abogadas que de forma gratuita impulsa litigios a nivel estatal (con presencia en todo el país) para lograr el pleno disfrute de los derechos humanos de los grupos en situación de vulnerabilidad.

Por Barbara Anderson

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